Universitarios de América Latina (Chile, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Paraguay, entre los más movidos) están en pie de lucha. La causa responde a un denominador común: la reducción de la oferta de educación pública y su paulatino abandono a la suerte propiciada por un modelo de globalización excluyente.

En Chile, país modelo de los politólogos tránsfugas, los estudiantes han impugnado el recorte del gobierno de los recursos destinados a la educación superior. En las 17 universidades estatales estudian 130 mil alumnos; sumados a los de 40 universidades e institutos privados totalizan unos 300 mil.

Cursar una carrera universitaria en establecimientos públicos o privados de Chile, tiene un valor mensual que va de los 208 a los 416 dólares. Las federaciones de estudiantes exigen que el Estado destine a la educación superior 1.2 por ciento del PIB, equivalente a unos mil millones de dólares.

En Argentina, donde el gobierno del presidente Carlos Menem usó 2 mil millones de dólares para socorrer aventuras bancarias privadas, quiso reducir en 280 millones el presupuesto para educación, en tanto dejaba intacto el de 300 millones de los organismos de inteligencia del Estado.

El veto oficial del presupuesto en educación, acordado por las dos cámaras del Congreso Nacional, violó la Constitución, pues al Congreso corresponde de modo exclusivo la fijación anual del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la administración nacional.

La Universidad de Buenos Aires (13 facultades, 20 mil 701 docentes y 226 mil alumnos) depende en 90 por ciento del presupuesto otorgado por el gobierno y sólo en 10 por ciento de ingresos propios. Dedica mil 300 dólares a cada uno de los futuros profesionales, contra los 20 mil de las universidades brasileñas para no mencionar a la Universidad de Harvard, que invierte 70 mil por estudiante al año.

Con todo, los números tampoco describen la realidad porque 85 por ciento del presupuesto se utiliza para pagar los sueldos de docentes y gran parte de lo que resta se va en infraestructura y mantenimiento.

Entonces, la gente salió a la calle y se puso a marchar. En las principales arterias y nudos de tránsito de Buenos Aires, profesores y estudiantes dejaron al desnudo la pobreza y el cinismo de la casta gobernante. La indignación pública los obligó a meter reversa. La ministra de Educación renunció y el recorte sugerido por el FMI fue suspendido.

Sin embargo, ningún candidato de la oposición anunció hasta ahora qué piensa darles a los maestros de enseñanza primaria y media, el día que asuma. Los maestros argentinos han levantado una carpa de ayuno frente al Congreso Nacional.

Desde 1995, han rotado por la carpa 52 grupos de ayuno. Pero los políticos de oposición, expertos todos en gobernabilidad, consenso, pragmatismo y amarres múltiples, no han tenido tiempo aún de pensar en una oferta concreta y para el gremio.

Argentina invierte 2 mil dólares promedio por año estudiante, Brasil 14 mil y Estados Unidos entre 35 y 40 mil dólares. Pero en Brasil, lejos de la convulsión generalizada, conviven tres tipos de universidades: privadas, estatales y federales. Las primeras reciben el apoyo del Ministerio de Educación; las estatales son gratuitas y sustentadas por el estado al que pertenecen. En Sao Paulo hay tres: Sao Paulo, Campinas y Estadual Paulista.

Entre las tres reciben poco más de 9 por ciento de lo recaudado con el ``Imposto de circulación de mercaderías y servicios''. Las federales son mantenidas por el gobierno nacional y también son gratuitas.