La Jornada sábado 10 de julio de 1999

Eduardo Montes
Desatinos presidenciales

O el Presidente de la República carece de la más absoluta sensibilidad política, o su discurso en una reunión con el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, el martes pasado, fue hecho con el deliberado propósito de torpedear las negociaciones entre las autoridades universitarias y el CGH, así como obstaculizar la solución del conflicto en la UNAM. En ese discurso, el doctor Zedillo demandó a los estudiantes universitarios ponerle fin a su movimiento de casi 80 días y entregar sin más las instalaciones universitarias. De esa manera, por segunda ocasión en unos cuantos días, se echó todo el peso de la autoridad presidencial, no en favor de la búsqueda de la solución del conflicto, sino de las posiciones más intransigentes de las autoridades universitarias, las que primero, con su conducta autoritaria, provocaron irresponsablemente el conflicto, después han sido incompetentes para encontrar una solución negociada y hoy a toda costa quieren imponer a los estudiantes huelguistas una humillante derrota.

Casi ochenta días después de iniciada la justa huelga de los estudiantes el Presidente, las autoridades encabezadas por el rector Barnés y sus publicistas insisten en presentar el movimiento como carente de bases reales, fruto sólo del capricho de unos cuantos activistas más o menos radicalizados, empeñados en obstaculizar el funcionamiento normal de la universidad, dañar a la institución y hacer perder el semestre a decenas de miles de estudiantes. Es una falacia. Sin bases sociales y políticas reales la huelga no hubiera podido sostenerse no digamos 70 días, pero ni siquiera diez o quince días. No hay líderes que puedan crear una situación como la existente sin base social, sin consenso así sea pasivo y silencioso, aunque los líderes sí pueden equivocarse al elaborar su táctica y confundir sus deseos con la realidad e imaginar que en una sola batalla pueden obtener satisfacción completa a su plataforma.

La ceguera del rector para entender lo que es elemental, lo metió en un callejón peligroso del cual sólo puede salir si alcanza a entender que debe negociar con el CGH una salida digna y abandonar definitivamente su pretensión de imponer a toda costa sus concepciones e infringir a los estudiantes una derrota. Ni las amenazas ni el apoyo presidencial cambian la realidad y esta es la de un conflicto con bases reales que debe ser resuelto por la vía de la negociación y el compromiso. Romper la huelga mediante la violencia militar o policiaca sería echar leña a la hoguera, convertiría el conflicto en una confrontación política nacional de imprevisibles consecuencias.

Otro desatino presidencial en la semana fue su rechazo dogmático a discutir la estrategia, el modelo económico imperante en el país cuyos resultados, tras casi tres sexenios de implantación, no pueden ser más desastrosos para el pueblo mexicano. La oligarquía, los empresarios más poderosos, los hombres en el poder, los mexicanos de la lista de Forbes tienen razones para estar satisfechos, no así la mayoría absoluta de los hombres y mujeres del pueblo trabajador, para no hablar de los millones de desempleados o de empleo precario que viven en la miseria inhumana.

Para el doctor Zedillo el modelo no se discute, es algo ya dado, invariable, es la economía del libre mercado en la cual éste lo decide todo en materia económica, sin intromisión de la política, del Estado, de los deseos y las aspiraciones de la gente, aunque esto en verdad sea falso. El tema da para mucho, pero sólo puedo mencionar un par de ejemplos de la fragilidad del dogma del doctor Zedillo. En la llamada economía de mercado, en México, el Estado interviene para garantizar los máximos beneficios del capital mediante, entre otras, sus políticas en materia de salarios y fiscales. Y cuando la empresa privada es golpeada por el mercado, o por su voracidad inherente, o por su corrupción, los instrumentos del Estado intervienen para salvarlas. Ejemplo reciente, el de los bancos. Hoy, a través del Fobaproa o IPAB los contribuyentes, o sea todos los mexicanos, deben destinar 80 mil millones de dólares de sus impuestos para el salvamento de los bancos. Nada más.

El modelo, la estrategia, el rumbo económico es el tema a discusión de la actualidad, lo será y debe serlo en la confrontación política del próximo año.

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