Los precios petroleros siguen al alza. El ritmo de aumento de los mismos, de los que depende el ingreso directo de divisas al sector público, también creció en lo que llevamos de julio. En promedio semanal, el crudo de referencia árabe ligero se vendió al doble del precio que tuvo en la semana más baja del año. El promedio mensual de los crudos de referencia WTI y Brent, en lo que va del mes, se acerca a los 19 dólares por barril, después de haber estado cerca de los 10 en febrero. Si ubicamos este promedio mensual en el comportamiento de más largo plazo, vemos que apenas ahora cruza hacia arriba el precio en torno al cual vimos las principales oscilaciones posteriores a la guerra del golfo Pérsico.

Ante esto, por un lado, Hacienda, que tomó los precios bajos como pretexto para despojar de sus recursos presupuestarios a la nación y al Distrito Federal, al gasto social y al propio Pemex, prefiere cerrar ojos y oídos. En el mejor de los casos, busca pretextos para no devolver lo despojado. Con el precio promedio de los crudos mexicanos de exportación en el rango de los 16 dólares, al que ya llegó, el régimen fiscal implica que Pemex tenga que pagar poco más de 95 por ciento del valor del crudo extraído. Eso, sin contar la multitud de otros impuestos y derechos que debe pagar. Ese régimen fiscal parece diseñado para "matar a la gallina de los huevos de oro", para cocinarla y venderla, como todavía se pretende hacer con las empresas eléctricas públicas.

Esa sobregravación fiscal de Pemex se aprovecha para subsidiar al sector financiero, sin que ello implique sanearlo. Se ha gastado en subsidiar a Serfin siete veces su valor, y de todos modos está quebrado; el IPAB, sucesor del Fobaproa, lo compra para luego venderlo después de haber absorbido su gigantesca deuda que, convertida en deuda pública, estamos pagando los mexicanos contribuyentes.

El endeudamiento al que se ha llevado, y se sigue llevando, al sector público, alcanza niveles sin precedentes. El hecho de que en mucho se trate de deuda interna implica que ésta aumenta con las tasas de interés locales, mucho más altas que las de los países con los que México tiene sus principales relaciones económicas. Los pagos de deuda se convierten en un elemento que atenta contra la estabilidad de la economía nacional.

Al mismo tiempo, fluye hacia el país una gran cantidad de divisas de la inversión extranjera. La inversión que se destina a abrir nuevos centros productivos o a ampliar o modernizar los existentes, es útil y relativamente estable. Pero la llamada inversión en cartera, que tiene un peso enorme y que en buena medida se destina a comprar acciones porque se considera que van a subir de precio, y con la intención de venderlas cuando ya se espere que van a bajar o empezaron a bajar, tiene un riesgo importante. Ahora, el dólar baja y por lo tanto las importaciones abaratadas aumentan, mientras que, con el peso caro, las ventas mexicanas al exterior se ven frenadas. Sólo el petróleo ayuda a salvar un poco la situación. Pero a medida que avanza el proceso electoral, a medida que se da la inseguridad sobre lo que va a pasar, la cual existió incluso en sexenios en los que ya se sabía con seguridad quién iba a "ganar", se revierte la tendencia, y a la salida de divisas por la balanza comercial desfavorable se sumará la de los capitales golondrinos de la inversión en cartera. El dinero adicional de los barriles de petróleo no se aprovecha para el desarrollo nacional, sino que se está echando al barril sin fondo del Fobaproa-IPAB.

Buena parte de esto no es nuevo. Como ya había pasado esto, se acumularon grandes reservas en el Banco de México para cada fin de sexenio. En el mejor de los casos, éstas alcanzaron, como era el objetivo, hasta después de las elecciones, para devaluar el peso pasadas las mismas. La diferencia hoy, además de la palabrita "blindaje", es que, además, se pide prestado para pagar una parte de los vencimientos de la deuda, y que parte de esa deuda se pague después. Que las devaluaciones vengan "hasta después de las elecciones" y no afecten electoralmente al partido gobernante.