n Se atribuye el gobierno colombiano 202 bajas rebeldes y admite 53 militares muertos
Triunfo del Ejército sobre la más "demencial" ofensiva de las FARC
n La insurgencia reconoce que sólo perdió a 32 elementos y advierte que aún puede atacar la capital
Reuters, Ap, Afp y Dpa, Santafé de Bogotá, 11 de julio n El Ejército de Colombia proclamó este domingo la mayor victoria en 40 años de lucha contra la guerrilla al contrarrestar la "más grande y demencial ofensiva" comenzada el jueves pasado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que aseguró haber causado 202 bajas, y sostuvo que sólo perdió 53 elementos. Pero los combates continuaban esta noche, al tiempo que la insurgencia sostuvo que dio muerte a 68 efectivos, reconoció que perdió a 32 de sus combatientes en las últimas 48 horas y advirtió que aún puede planear dos grandes ataques en el corazón de esta capital.
Previamente, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, descartó que las FARC tengan capacidad para ocupar Santafé de Bogotá o tomar el poder político del país por la vía de las armas, en tanto que los rebeldes dijeron a través de su jefe militar, Jorge Briceño, que pese al inicio de las negociaciones el próximo día 20, continuarán atacando a la fuerza pública y secuestrando civiles para financiar su lucha contra el Estado.
No obstante las expresiones de victoria del ejército, el general en retiro Alfonso Velásquez, señaló que éste ha recibido duros golpes por parte de la guerrilla, y atribuyó la desmoralización de la institución a la falta de claridad sobre su papel en el proceso de paz y a la falta de dirección política sobre el accionar de las tropas.
Esta falta de coordinación del Ejército, dijo al periódico El Colombiano, es notoria frente al proceso de pacificación con la guerrilla, pues las tropas no saben cuál será su papel en esta historia para llegar a la paz", y por lo mismo no saben cómo actuar.
Para Velásquez, el presidente Andrés Pastrana tampoco tiene una estrategia frente al esquema de pacificación que permita aplicar los medios militares, con los que no ha mantenido ninguna reunión para cumplir los fines trazados.
La guerrilla parece aprovechar esta situación al interior de las fuerzas militares para continuar con su escalada de violencia con 28 ataques desatados en 13 de los 32 departamentos del país, que dejaron la muerte de 202 insurgentes, así como de 36 soldados y 17 policías, indicó Ap, que citó un comunicado de la agencia de noticias del ejército; a su vez, Afp dio cuenta de 48 efectivos de las fuerzas de seguridad abatidos, al tomar como fuente al comando del ejército.
El parte bélico detalló que el ejército y la Fuerza Aérea también destruyeron 13 ve hículos de la guerrilla, a la que obligó a replegarse con sus muertos y heridos hacia la zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados en el sur del país.
La ofensiva "con la que las FARC intentan aprovechar el aplazamiento del inicio de las negociaciones -previsto inicialmente para el 7 de julio- para hacer una demostración de fuerza", comenzó el jueves pasado en el municipio de Gutiérrez, donde murieron 38 guerrilleros y 36 militares, añadió el comunicado del ejército.
Indicó que muchos otros guerrilleros fueron abatidos entre el viernes y el domingo cuando atacaban pequeñas poblaciones de los departamentos de Casanare, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquía, Meta, Cauca y Huila.
El ejército denunció que menores de edad también han muerto en los cruentos combates. El comandante de la tercera brigada, general Arcensio Barrera, dijo que en los choques ocurridos entre el jueves y el viernes en Gutiérrez, departamento de Cundinamarca, fueron abatidos varios niños, aunque no precisó cuántos, que pertenecían a las FARC y cuyas fosas fueron localizadas este día.
Asimismo, la policía agregó que otros cuatro menores murieron en la selvática localidad de Valparaíso, próxima a la zona de distensión, al estallar una granada en medio de un hostigamiento contra el pequeño cuartel de esa población, y otros cuatro resultaron heridos.
Parte de las FARC
El Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC informó que dio muerte a 68 miembros de las fuerzas militares y perdió a 32 de sus combatientes en la ofensiva a escala nacional que provocó anoche la instalación del toque de queda en 10 de los 32 departamentos del país, lo que representa 30 por ciento del territorio nacional.
Fue el primer comunicado de los rebeldes desde que lanzaron ataques en al menos 24 poblados de todo el país. "Las cifras que tenemos hasta ahora es que perdimos 32 combatientes y dimos de baja a 68 miembros de las fuerzas del gobierno en total, las últimas 48 horas", dijo a Reuters un guerrillero, quien dio la información autorizada por los comandantes de las FARC.
La fuente subrayó que la cifra no incluye a los 78 combatientes, entre rebeldes y soldados, muertos en un intenso enfrentamiento librado el jueves en Gutiérrez, en las montañas cercanas a esta capital.
La fuente advirtió que las FARC todavía podrían estar planeando dos grandes ataques en el corazón de Bogotá.
Además, las FARC -aunque algunos medios señalan que fue el Ejército de Liberación Nacional- dinamitaron un tramo del oleoducto trasandino que transporta el crudo que produce Colombia y parte del que extrae Ecuador, hacia el puerto de exportación de Tumaco, sobre el océano Pacífico.
El ejército ha admitido la posibilidad de que las FARC lancen nuevos ataques en los alrededores de Santafé de Bogotá y otras regiones del país para demostrar su capacidad bélica, pero advirtió que ha tomado todas las medidas de prevención para neutralizarlos.
En tanto, el comandante rebelde Jorge Briceño, conocido también como Mono Jojoy, afirmó que los miembros de las FARC prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y que sólo aceptarán que los estadunidenses intervengan económicamente en Colombia para resolver la crisis de este país.
Sus comentarios fueron en relación a la demanda que ha hecho Washington a Bogotá de extraditar a algunos narcotraficantes colombianos, así como a un hermano de Briceño, que según los militares colombianos estuvo involucrado en el asesinato, en febrero pasado, de tres activistas estadunidenses que defendían a los indígenas de Colombia.
El jefe militar de las FARC indicó al semanario Cambio que su movimiento coincide en este sentido con los cárteles del narcotráfico, porque está de por medio la dignidad de los colombianos.
Baja popularidad de la guerrilla
El ministro de Defensa, Luis Ramírez, en declaraciones al periódico El Tiempo, descartó que la insurgencia pueda tomar el poder en Colombia porque, expuso, no cuentan con el respaldo político y tiene muy poca popularidad entre la población. "Una cosa es tomarse el poder y otra muy distinta hacer terrorismo", puntualizó.
A todo esto, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por el diario El Espectador reveló que 70 por ciento de la población califica a la guerrilla de terrorista, mientras 66 considera que ésta busca más objetivos económicos que políticos, y otro 89 por ciento de los entrevistados opinó que los rebeldes sólo buscan beneficios particulares.
Ramírez también agregó que las FARC -el grupo más antiguo y numeroso, con unos 12 mil combatientes- creen equivocadamente que podrán llegar fortalecidas a la mesa de negociación de paz. Insistió que las FARC utilizan la zona neutral -donde se llevan a cabo las conversaciones- para entrenar a sus hombres e instalar laboratorios de coca.
Sobre la situación colombiana, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, aseguró que mientras en este país persista el terrorismo, seguirá siendo una amenaza para el continente, aunque descartó la posibilidad de la intervención de una fuerza militar multinacional.
"No creo que se llegue a tal extremo, declaró a El Espectador, e hizo votos para que Pastrana logre poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina.
El presidente Fujimori describió su política para enfrentar a los rebeldes como una manera más eficaz de "no ceder al terrorismo" lo que, dijo, quedó sintetizado en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1997, y aseveró que en ningún caso permitiría que los "narcoterroristas, después de una negociación, puedan quedar como ciudadanos e ingresar a la vida política nacional".