n Hacer eficiente la impartición de justicia, el objetivo: Góngora Pimentel

Convocará la Corte a discutir varios cambios legales, incluido el amparo

n En ese foro nacional se debatirían reformas a la "fórmula de Otero", entre otros

Jesús Aranda n La Suprema Corte convocará a una convención nacional en la que participen funcionarios judiciales, abogados y miembros del foro, con el propósito de discutir y proponer reformas constitucionales y legales para hacer eficiente la impartición de justicia, cuyos temas centrales serían los cambios a la Ley de Amparo, y el establecer que las sentencias de amparo tengan "efectos generales" para toda la población, cuando el máximo tribunal dictamine la inconstitucionalidad de una ley, y no como sucede actualmente, en que el único favorecido es el que interpuso el recurso.

En entrevista, el presidente de la Corte, Genaro David Góngora Pimentel, destaca, por otra parte, la importancia de las recientes reformas judiciales, que le permiten al máximo tribunal convertirse en un auténtico tribunal constitucional y, por ende, aplicar también la facultad de cerciorari para conocer exclusivamente de asuntos de importancia nacional. Situación que les permitirá, en un futuro inmediato, a los ministros del pleno tener tiempo para proponer foros como la referida convención.

Resoluciones de tribunales estatales

Otro tema a debatir, y que él, al igual que otros ministros de la Corte consideran debe modificarse, es el hecho de que el Poder Judicial de la Federación tenga que conocer en el amparo directo las apelaciones de sentencias de los tribunales superiores de los estados.

Explicó que si bien se pensaba en el siglo pasado que debido a los intereses locales y cacicazgos se hacía necesaria la intervención del Poder Judicial Federal, en la actualidad las condiciones han cambiado diametralmente, al grado que hay tribunales estatales que cuentan con magníficos magistrados, además que en muchos estados de la República los magistrados son "inamovibles", lo que garantiza su autonomía ante los cambios políticos.

Este sería uno de los temas que tendría que conocer una convención nacional para avanzar así hacia una impartición de justicia de excelencia.

Por otro lado, Góngora salió a la defensa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -que ha sido criticado duramente por la oposición, al no haber entrado al fondo del asunto en los controvertidos gastos de campaña del PRI en 1994-, al precisar que "las críticas se enmarcan en el hecho de que son tácticas de los partidos políticos cuando las sentencias no les favorecen.

"Las críticas son entendibles", afirmó, luego de aseverar que ni por esas manifestaciones en contra del TEPJF, ni por resoluciones de la Suprema Corte, se ha vulnerado la credibilidad del Poder Judicial de la Federación.

Prueba de ello, argumentó, es que el número de amparos crece día a día de una manera incontrolable.

-Pero, Ƒcómo aterrizar los temas de la convención nacional?

-En cuanto a las reformas a la Ley de Amparo, todos los abogados tenemos una idea de cuáles deben ser, pero para modificarla debe escucharse a todos los abogados del país. Hay muchos temas de reformas que serían importantes e implicarían un cambio constitucional.

Por ejemplo, Ƒqueremos acabar o no con la fórmula Otero? Es decir, el principio de relatividad en las sentencias del juicio de amparo, para que una sentencia dictada en última instancia tenga efectos generales.

Este es un tema que en muchos países de América Latina ya resolvieron y que nosotros no lo hemos tocado todavía, a pesar que juristas muy destacados han planteado el asunto.

-ƑA usted le gustaría que se llevara a cabo esta modificación?

-Sí me gustaría -afirma convencido el hombre que lleva siete meses ya en la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Otro punto importante sería el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que es tradición establecida en la jurisprudencia desde el siglo pasado, que éste solamente procede contra actos de autoridades, entendiendo por éstas al Estado mexicano.

Pero después aparecieron organismos descentralizados de servicios, como las universidades, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera.

Este es ya un clamor en el foro nacional, enfatiza, aunque la Suprema Corte estableció hace dos años que sí procede este recurso contra los organismos descentralizados de servicio, falta aún plasmarlo en la ley. Tal y como él mismo lo planteó siendo magistrado de Circuito.

Góngora Pimentel subraya que el estudio de estos y otros temas se daría en la convención nacional, que sería convocada por el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

Cuestionado sobre la posibilidad de que las reformas constitucionales recientes facultan al máximo tribunal para elegir los temas de su competencia en materia de amparo, y con ello que la Corte sirva exclusivamente a una elite, Góngora Pimentel responde:

"Por eso es importante acabar con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, o la fórmula Otero. Los amparos de inconstitucionalidad de leyes fiscales requieren, por lo técnico y especializado, de abogados de mucho nivel, que resultan inaccesibles para la gente de escasos recursos. Entonces, uno de los argumentos para acabar con el principio de relatividad de las sentencias de amparo es: Ƒcómo el que puede pagar abogados de ese nivel, puede ser amparado?, Ƒy cómo las personas que no pueden pagar abogados de ese nivel, no reciben el amparo? De esa manera, una sola sentencia tendría efectos generales para todos lo que estuvieran en ese supuesto".

Góngora reconoce por otra parte que la reforma constitucional de 1994 no ha permeado en los tribunales colegiados y juzgados de distrito, por lo que "el mayor reto" del Poder Judicial de la Federación es el de lograr precisamente este cambio.

"Ya hemos restructurado el sistema de conocimiento de asuntos de la Suprema Corte, y la relación entre ésta y el Consejo de la Judicatura Federal", y nos dedicaremos de ahora en adelante a que estos cambios positivos se reflejen en juzgados y tribunales, concluyó convencido de que la aplicación de las recientes reformas constitucionales se reflejarán pronto en la mejor impartición de justicia, por lo menos, en el ámbito federal.