ASTILLERO Ť Julio Hernández López
El sistema político mexicano podría estar en el banquillo de los acusados el próximo lunes, si triunfan los esfuerzos del gobierno para traer ante la justicia nacional al banquero Carlos Cabal Peniche.
El enunciado anterior podría parecer equivocado, pues difícilmente se puede pensar que el gobierno mexicano esté luchando para conseguir algo que pudiese dañar o censurar al mismo sistema del que surgió y al que se debe.
Sin embargo, la realidad parece (o aparece) así. Ciertamente, la administración del doctor Ernesto Zedillo ha hecho cuanto le ha sido posible para detener a Cabal Peniche y traerlo a México para que sea juzgado conforme a las leyes nacionales.
El lance zedillista parece (o aparece) confuso, debido a que desde siempre se ha sabido que el ex banquero tuvo un papel fundamental en el financiamiento de campañas electorales priístas, como las de Luis Donaldo Colosio y Roberto Madrazo Pintado y, además, por un monto todavía sin precisar con certeza, en la del propio Zedillo.
Sin embargo, y a pesar de tener plena conciencia del riesgo que se corría al acorralar a un personaje dispuesto a hacer graves declaraciones públicas (falsas o ciertas, es otra cosa, pero indudablemente graves desde el punto de vista político), el presidente Zedillo decidió perseguir a Cabal Peniche, al extremo de lograr su detención, primero, y actualmente estar a punto de traerlo de Australia a tierra mexicana.
Sin temor a que suelte la sopa
Según la versión de Los Pinos, la decisión de encarcelar y sujetar a proceso a Cabal Peniche, a sabiendas de los riesgos derivados de sus dichos (con los que buscaría enredar al propio Presidente de la República), sería una demostración palmaria de que Ernesto Zedillo Ponce de León no está involucrado en sus maniobras financieras.
Hace días, un personaje de Los Pinos aseguraba a esta columna que no hay absolutamente ningún acto ilegal o inmoral que se pudiese adjudicar al entonces candidato priísta y hoy jefe del Estado mexicano. Tan no lo hay, expresaba ese personaje, que no ha habido temblor de mano para hacer que la justicia se pose en el ex propietario de Banco Unión.
Un punto de preocupación en ese ámbito supremo del poder es que los mexicanos estén dispuestos a escuchar y hacer caso a las palabras de alguien que los saqueó. Muchos errores habría cometido este gobierno, decía esa voz, pero no había duda de que en el caso de Cabal Peniche se estaba actuando son sentido justiciero pleno y sin temores partidistas que paralizasen esa voluntad de castigo a los ladrones del dinero nacional.
En sentido contrario a ese dicho cupular, el citado Cabal Peniche ha ido soltando información con la que exhibe al presidente Zedillo como beneficiario de las culpas que ahora persigue. Gente cercana al citado banquero asegura que el otro Carlos de la trilogía madracista (serían Cabal, Hank y Salinas) está dispuesto a revelar, con documentos inatacables, la forma como fluyeron hacia el PRI los dineros de quien hoy espera en Australia la resolución que le extradite o le mantenga en aquellas tierras lejanas.
Un Madrazo anunciado
No es posible desligar los jaloneos judiciales y declarativos de este caso del proceso priísta de la sucesión presidencial. Roberto Madrazo Pintado se ha esmerado en convertirse en el principal crítico del zedillismo, con lo que se han delineado claramente los dos polos de la batalla política en curso: los zedillistas, alineados con Francisco Labastida Ochoa, y auxiliados de manera presuntamente encubierta por Manuel Bartlett y Humberto Roque, y los salinistas, con Roberto Madrazo a la cabeza y Cabal Peniche a la cola.
En el fondo, Cabal Peniche podría ser un instrumento más para los ajustes de cuentas en la familia revolucionaria mexicana, que de feliz ha pasado a ser enconada. En Los Pinos quieren usarlo para golpear la campaña madracista y para conjurar los aceleres salinistas. En Dublín lo quieren utilizar para golpear la campaña labastidista y para ablandar más al zedillismo.
El próximo lunes 19 conoceremos el nuevo episodio de la tragicomedia.
Política de Ministerio Público (militarizado)
De pronto, parece que la vida política mexicana se mueve preferentemente en el terreno de la nota roja. Viejos maestros universitarios anuncian que presentarán denuncias ante las instancias ministeriales correspondientes para que se actúe contra quienes han despojado a los universitarios de las instalaciones de la UNAM. Diputados miembros de la comisión de asuntos de seguridad pública aseguran que la negada, pero evidente, militarización de la Policía Preventiva Federal viola preceptos constitucionales. Los mandos militares aseguran que su presencia en los órganos civiles de policía no tiene mayores implicaciones. Mientras tanto, se emite una sentencia en la que se condena a un empresario de telas que junto con un militar internaba cocaína a México.
Por otro lado, Humberto Roque Villanueva pide juicio político contra el senador panista sinaloense Emilio Goicoechea, por decir que tres de cuatro precandidatos presidenciales del tricolor estarían relacionados con el narcotráfico (sin embargo, don Humberto, que se ha vuelto el charro negro de esta columna, advierte que no debe evitarse el análisis de los expedientes personales de los precandidatos, pues el asunto del negocio de las drogas seguirá presente).
Y la directiva nacional panista, a su vez, habla de que podría emprender acciones contra José Angel Gurría, titular de Hacienda, y el subsecretario, Martín Werner, por escamotear información sobre las relaciones de Cabal Peniche con las campañas priístas, a la luz del Fobaproa-IPAB.
El negocio de los futbolistas extranjeros
Entre tantas cosas que afean el rostro de nuestro país, poca atención se pone al incidente de días pasados en Paraguay, cuando dos miembros de la Selección Mexicana de futbol fueron dados de baja de la Copa América por haber dado resultado positivo en exámenes para detectar el uso de sustancias químicas prohibidas.
Teniendo el balompié mexicano pocos casos del llamado dopaje, y habiendo en general buenas referencias de conducta y de salud de los dos involucrados: Rodrigo Lara y El Tilón Chávez, hay la sensación de que el golpe estratégico y de imagen sufrido por los connacionales estaría en una línea que puede parecer de película, pero que no es improbable.
Con este sospechoso incidente se podría estar tratando de evitar que el futbol nacional mantenga el buen nivel actual que, entre otras cosas, afectaría el supermillonario mercado sudamericano de piernas, con el que unos cuantos promotores se enriquecen trayéndolos a precio de oro a México, y con el cual, además, se mantiene al deporte profesional más popular de nuestro país en niveles de coloniaje respecto al del Cono Sur.
Hay muchos asuntos importantes en la agenda nacional que no son bien atendidos ni sus demandas solucionadas, pero no por ser un tema ajeno a la política partidista debería dejarse sin suficiente investigación la mancha que en Paraguay se acomodó al ropaje deportivo tricolor. Menos si se recuerda que en ese negocio del futbol profesional se juegan millones de dólares y que los intereses afectados son capaces de cualquier cosa para impedirlo.
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