* Los encontraron panistas; prueba créditos irregulares de Banca Unión
Dan a Mackey informes negados por Hacienda
Ciro Pérez Silva * El PAN proporcionó ayer al auditor canadiense Michael Mackey documentación certificada por el gobierno federal que comprueba la entrega de 5 millones de dólares, producto de créditos quebrantados de Banca Unión, al fideicomiso PRI-Tabasco para las campañas de ese partido en 1994, cantidad que, aseguran los panistas, tendrá que ser devuelta por el tricolor de acuerdo con el artículo 7 transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
La bancada del blanquiazul en San Lázaro anunció también que iniciarán un juicio político contra José Angel Gurría y Martín Werner, quienes han negado esa información con el pretexto del secreto bancario, a pesar de que el propio Gurría, 16 días después de ser designado secretario de Hacienda, hizo entrega de esa misma documentación sin que entonces encontrara obstáculos legales que se lo impidieran.
"Resulta injustificable la actitud y cuestionable la congruencia del titular de Hacienda, toda vez que en 1998 entregó esa información certificada y un año después la niegan, lo cual comprueba el interés político de proteger al PRI y al Ejecutivo.
"Emplazamos al presidente Ernesto Zedillo para que defina si él también está por encubrir los ilícitos o transparentar su actuación, ordenando la entrega de la documentación faltante para no caer en el fatal, grave y ridículo error del secretario de Hacienda de negarnos la información para concluir las auditorías al Fobaproa", advirtió el coordinador panista Carlos Medina.
Ese "descubrimiento fortuito" de documentación que obraba en poder del PAN desde 1998 fue interpretado por otros legisladores como una venganza política luego del enfrentamiento que tuvieron con los priístas, ante la negativa de éstos para aprobar reformas electorales presuntamente ya acordadas con la cúpula del tricolor.
El petista Gustavo Pedro Cortés, integrante del Comité Técnico de Seguimiento de las Auditorías al Fobaproa, señaló que, con la actitud de la diputación panista "de mantener en secreto esa documentación por más de un año, se demuestra una vez más que pretendieron llevar esa situación al terreno de las concertacesiones o del chantaje, y confirma su doble conducta al esconder por más de 12 meses esa información, encubriendo al PRI, y usarla para negociar con el gobierno".
La información forma parte del paquete que entregó a la Procuraduría General de la República el entonces dirigente nacional del PRD Andrés Manuel López Obrador, y que han requerido insistentemente tanto el auditor como la Cámara de Diputados para conocer las aportaciones de Carlos Cabal Peniche a las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo Pintado.
Según declaraciones de este último, la mitad de las aportaciones ingresadas al fideicomiso fueron para su campaña en Tabasco y el resto para las presidenciales de su partido. Asimismo, esa aportación habría quedado respaldada por cuatro inmuebles de la institución bancaria.
Las más de 60 cuartillas proporcionadas ayer a Mackey, publicadas profusamente en enero de 1998, fueron "encontradas providencialmente" hace un par de días en los archivos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el panista Santiago Creel Miranda.
Tienen el valor de ser copias certificadas por las autoridades hacendarias, que comprueban la autenticidad de copias simples, sin valor jurídico, en poder del auditor Mackey y las oposiciones, en las que se da cuenta de operaciones realizadas por Banca Unión en favor de las campañas del PRI en 1994, aun cuando esa institución había sido intervenida dos meses y medio antes.
De acuerdo con las copias simples, cuestionadas por los priístas por su carencia de valor jurídico, las aportaciones superan los 25 millones de dólares, cantidad que tendría que ser devuelta por los priístas.
La documentación prohibida
En conferencia de prensa, a la que asistió Ray González, miembro del grupo de trabajo del canadiense Mackey, Creel Miranda explicó el origen de la documentación entregada al auditor.
Mencionó que el también panista Juan José Rodríguez Prats pidió al pleno de la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 1997 que se solicitara oficialmente esa información a la Secretaría de Hacienda, ante la presunción de evasión fiscal por parte de Madrazo Pintado en su campaña para gobernador de Tabasco.
El 16 de enero de 1998, meses antes de que se anunciara la iniciativa presidencial para reconocer como deuda pública el monto total del Fobaproa, el procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo, respondió entregando copia certificada y autentificada a la PGR y a la Cámara de Diputados de esa documentación, en la que se comprobaba la inexistencia del delito de evasión fiscal por parte de Madrazo Pintado.
En ella, sin embargo, consta una operación por 12 millones 400 mil pesos, realizada en 1993, en la que la empresa arrendadora Banca Unión hace un préstamo a la empresa Lomas Mil, SA de CV, y ésta deposita el mismo día la cantidad total al Fideicomiso PRI-Tabasco, operación que se realizó cuando ese banco se encontraba ya intervenido por la autoridad financiera.
"Lo que resulta injustificable, lo que no se entiende, es cómo en enero de 1998 se nos entregó esa documentación certificada, y un año y meses después se nos niegue aduciendo un secreto bancario. Aquí se ve con toda claridad el cerco político, el encubrimiento que está haciendo la Secretaría de Hacienda", acusó Creel Miranda.