El pasado 11 de junio se inició en los medios de comunicación una campaña que difunde la idea que el sector salud pretende desregular el manejo de la basura hospitalaria arriesgando a la población. Esta visión alarmista y unidireccional requiere de una explicación.

El proceso de revisión de la norma para el manejo de la basura hospitalaria (denominada "residuos biológicos infecciosos"): NOM 087, lleva más de un año de trabajo de un grupo multidisciplinario, donde se permitió de manera abierta y sin limitaciones, la presentación y discusión de información para adecuar la norma a los conocimientos científicos y a la situación nacional.

Un grupo de empresarios que maneja esta basura no estuvo de acuerdo con las modificaciones al sentir vulnerados sus intereses y, representado en una asociación de nombre Anamarbi, arrancó esta campaña, pocos días antes de que empezara un foro de discusión.

El punto que origina la discrepancia es que en la norma se denomina "residuos biológico infecciosos no-anatómicos" y comprende todos los objetos utilizados en la atención de un paciente: cubre-bocas, líneas de plástico para terapia intravenosa, guantes, gasas y torundas, y que de acuerdo a la norma actual modificada no requieren de un manejo especial.

Con la información disponible no es posible justificar el manejo especial de este tipo de basura ya que no difiere de la producida por la comunidad. Así tenemos las miles de toneladas de pañales que son tirados a la basura municipal junto a la sangre de mujeres en sus hogares, y que rebasa por mucho la que tiran los hospitales. Los pacientes con VIH o algún tipo de hepatitis en sus casas sobrepasan grandemente a los que se encuentran hospitalizados, y sus desechos, en mucho parecidos a los hospitalarios, son tirados como el resto de la basura, sin que representen ningún riesgo a la comunidad. Igualmente se desechan excretas de animales domésticos, alimentos descompuestos, etcétera.

Por otra parte la palabra caro en salud pública es improcedente. Las medidas preventivas no se miden sólo en dinero por sí mismas, sino en pesos por impacto o efecto. Si una medida tiene un beneficio preventivo medible, como por ejemplo, los casos de poliomielitis, de muertes, de incapacidades permanentes o de secuelas irreversibles que se evitan al vacunar, justifican una gran inversión monetaria que a simple vista parece extraordinariamente caro. El gasto que eroga Salud para el manejo de los residuos no-anatómicos (seis a nueve pesos el kilo) es carísimo por inútil; pero sustancioso para las compañías que manejan la basura hospitalaria.

Pretender dirigir las conductas preventivas con base en la percepción pública de riesgo, nunca hubiese permitido que nuestro país obtuviera los logros en salud pública que la población hoy disfruta. Como ejemplo, en 1986 la percepción de la gente del riesgo de la sangre como vía de transmisión del virus del sida era mínimo, el hacer obligatorio el tamizaje de toda la sangre utilizada en el país para el virus de sida, a simple vista podría haber parecido carísimo; sin embargo, la información científica disponible hasta ese momento señalaba la clara necesidad de hacerlo. Un año más tarde, también con fundamentos en información científica, se demostró la peligrosidad del comercio de la sangre, y por ello se prohibió esta actividad, aun vulnerando intereses de los dueños de las compañías que exportaban sus productos y de personas que vivían de vender su sangre, ya que ellos mismos no tenían la percepción que esto era altamente peligroso.

La información científica, como señaló inclusive un estadunidense invitado como forista por Anamarbi, no muestra evidencia epidemiológica de que la basura hospitalaria haya producido algún daño o enfermedad en la comunidad. Con estos datos no es posible justificar que los llamados residuos no-anatómicos merezcan un manejo diferente al de la basura municipal.

Es interesante destacar que este tipo de reglamentación surgió en Estados Unidos a finales de la década de los ochenta y que, al igual que en nuestro país, ha llevado un proceso de revisión donde de manera similar, como señaló el ponente invitado, se han ido excluyendo de la regulación muchos de los objetos del rubro de los no-anatómicos que, se ha demostrado, no son peligrosos.

Anamarbi plantea como un problema ecológico y de salud pública lo que en realidad es sólo su interés económico. Conforme el conocimiento avanza, ésta y otras normas deberán irse adecuando. El conocimiento científico debe ser el fundamento de las regulaciones sanitarias y ambientales, y no las percepciones públicas, o los intereses de unos pocos.

* Afiliada al Sistema Nacional de Investigadores