* Las firman más de 2 mil trabajadores

Entregarán a Limón dos peticiones para destituir a Franco del INAH

* Realizarán un acto de protesta en la Plaza de Santo Domingo

Arturo Jiménez * Con las firmas de más de 2 mil trabajadores administrativos, técnicos y manuales y el aval de una decisión de asamblea general de los investigadores, mañana jueves a las 12 horas se entregarán al secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, dos peticiones de destitución en contra la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Teresa Franco, de quien afirman que en sus siete años de gestión ha demostrado ''incapacidad y negligencia".

Señalan que ''la gota que derramó el vaso" es el apoyo de Franco a la iniciativa de ley sobre patrimonio cultural que ingresó al Senado el pasado 28 de abril, la que ''debió rechazar sin titubeos por ser tan lesiva a los intereses del pueblo".

Los trabajadores realizarán un acto en la Plaza de Santo Domingo, a las 11 de la mañana, y a las 12 horas entregarán el documento a Limón, de quien esperan resuelva la solicitud de destitución de Teresa Franco.

En un documento informativo signado por las dos delegaciones sindicales del INAH (la D-III-24, de la sección XI del SNTE, y la D-II-IA-1, de la sección X), se plantea que la funcionaria ''no es una persona calificada para dirigir una institución académica y no entiende (o no quiere entender) la importancia del conocimiento en la dirección de una institución cultural".

Afirman que la directora general no ha demostrado interés en las ''labores sustantivas" del instituto, que ha desviado presupuestos para propósitos políticos y que ha sido negligente en la aplicación de las leyes vigentes ''de su responsabilidad", y mencionan como ejemplos los casos de Cuicuilco, Río Blanco, X'Caret, Xel-Ha y Teotihuacán, lo que ha derivado en la afectación de este patrimonio y su explotación comercial.

También acusan a Franco de indolencia ''en la discusión del reglamento de la Ley Orgánica del INAH, con el propósito deliberado de evitar la instalación de los consejos académicos y estatales que pondrían coto a sus inconsistentes disposiciones", y de hostigar y presionar a los trabajadores que se oponen a su política "absurda e ilegal".

Con la destitución de la titular del INAH piden, además, que los legisladores se desistan de la iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y la ''aplicación irrestricta" de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

ƑElitización de la cultura?

En otro documento, los administrativos, técnicos y manuales dicen que en esta década la plantilla de personal de base descendió en cerca de mil plazas, lo que ha sido ''a contrapelo del crecimiento constante del patrimonio cultural" y como parte del ''proyecto impulsado por el CNCA y seguido por las autoridades del INAH".

Sin embargo, agregan, no se ha reducido el ejercicio presupuestal y sí ha incrementado las erogaciones a causa de la contratación de empresas ųcuyo costo rebasa los recursos de la mayoría de los museos del institutoų y de personal de confianza que realiza funciones de base al que, además, se afecta en sus derechos laborales y se les reprime por organizarse, como ocurre con los casos de los dirigentes Roberto Muñoz Ramírez y Adriana Colín Juárez, quienes fueron despedidos.

Con lo anterior, señalan, el CNCA y el INAH justifican la participación del capital privado, y aducen que ''los presupuestos del sector cultura no se presentan desglosados ante el Legislativo, que los aprueba de manera global", por lo que su uso se ejerce ''como una exclusividad del minigabinete cultural, que prioriza los megaeventos y la elitización de la cultura''.

La no resolución de los problemas por parte de la Dirección General y la falta de consenso con los trabajadores, dicen, ha causado un ''clima de tensión institucional", agravado por ''disposiciones autoritarias" como impedir la libertad de expresión de los empleados, hostigar a los activistas del sindicato ųmediante la utilización de personal de seguridad como grupo de choqueų y permitir que la PGR ''siembre pruebas" contra compañeros (existen cuatro casos en Hidalgo).

Otros ejemplos, indican, son la no solución de demandas como el programa de profesionalización y el financiamiento de una organización sindical de arquitectos paralela.