DF: CONVENIENTE SANEAMIENTO JUDICIAL

Según informes de la vocera del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Susana Manterola, de enero a junio de este año se ha dado trámite a 470 averiguaciones previas en contra de servidores públicos de los diversos órganos de impartición de justicia de la capital del país, circunstancia que revela la disposición de las autoridades para esclarecer y, en su caso, sancionar las posibles omisiones, irregularidades o delitos cometidos por quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley.

La realización de estas investigaciones en las instancias del Poder Judicial de la metrópoli, debe señalarse, no representa necesariamente un enfrentamiento entre el TSJDF y la Procuraduría capitalina. Por el contrario, es muestra de un sano compromiso de ambas partes por moralizar las instituciones judiciales de la ciudad y por atender los legítimos reclamos sociales en materia de seguridad y freno a la impunidad. En la medida en que se identifique y sancione a quienes, dentro de tribunales y juzgados, hayan cometido faltas o actos ilícitos, la administración de justicia se volverá más eficaz y expedita, será posible hacer frente en mejores condiciones a la delincuencia y se fortalecerán la credibilidad de los órganos judiciales y el estado de derecho en el DF.

En este contexto, cabe mencionar los resultados de la Encuesta sobre Seguridad en el Comercio de la Ciudad de México, realizada por la Canaco. En ese estudio se señala que aunque en el segundo trimestre de este año se ha reducido el número de asaltos a establecimientos comerciales y bancos en el DF, aún falta mucho por hacer para abatir de manera significativa la delincuencia y la impunidad. Además, entre los datos mencionados en ese informe figuran indicadores de las graves limitaciones e ineficacias que se registran en el aparato de justicia de la capital pues, afirma la Canaco, sólo un pequeño porcentaje de las denuncias llega a la etapa de consignación, y una parte todavía menor alcanza la fase de sentencia.

Mientras persistan prácticas como la dilación y la obstrucción de la justicia, la corrupción de poli- cías, ministerios públicos y jueces, y la colusión de éstos con el crimen organizado, los delincuentes gozarán de un ancho margen de maniobra, y los esfuerzos oficiales y ciudadanos por abatir la inseguridad y la criminalidad en el Distrito Federal resultarán insuficientes.

Por ello, el saneamiento de los órganos de seguridad y de procuración e impartición de justicia capitalinos, y de todo el país, es una medida pertinente e indispensable que debe ser llevada a cabo con determinación y prontitud.