El proyecto de privatización que se ha estado imponiendo a México es de tal manera contrario a los intereses nacionales que las autoridades se niegan a dialogar en público sobre él, como lo muestra el caso de la UNAM.
1. El encuentro entre la representación del Consejo General de Huelga y la Comisión de la Rectoría en el Palacio de Minería (5, 6, 12 y 15 de julio) se ha visto obstaculizado por la intransigencia de las autoridades para establecer una agenda y un formato para dialogar en público sobre las seis demandas del pliego estudiantil, la que viene del simple hecho de que no quieren que se debata ante el país el proyecto de la Universidad Nacional. Y antes que dialogar han preferido recurrir a toda una serie de acciones ilegales.
2. El conflicto en la UNAM se generó precisamente por el hecho de que el rector Barnés, violentando el orden constitucional del país y la normatividad universitaria, hizo aprobar cuotas ilegales en la sesión del Consejo Universitario del 15 de marzo, que sesionó al margen de lo que dispone el Estatuto General. Y se agravó porque desde entonces las autoridades se han empeñado en transgredir la legalidad del país y el orden normativo de la Universidad Nacional, prevaliéndose de que cuentan con todo el apoyo del precandidato priísta Francisco Labastida y de Ernesto Zedillo para su política de fuerza; amparando amenazas físicas contra los dirigentes estudiantiles, derrochando los recursos de la UNAM en prebendas personales, arrendamiento de locales y una propaganda mentirosa, organizando cursos y exámenes extramuros ilegales que han llevado a la vida académica a un caos, violando el Contrato Colectivo con el sindicato, cerrando por la fuerza los institutos del área de Humanidades. Todo por negarse, luego de 87 días, a un diálogo con los estudiantes.
3. La denuncia por despojo presentada ante la PGR por los abogados Ignacio Burgoa y Raúl Carrancá y Rivas en contra de los estudiantes del CGH (15 de julio) no es por consiguiente, como se ha considerado en los medios, sólo una acción irreflexiva de dos profesores decrépitos en busca de publicidad personal, sino también una iniciativa más alentada por las autoridades con la pretensión de atemorizar a los estudiantes en huelga, ya no con la supuesta pérdida del semestre, sino ahora con la pérdida de la libertad, tratando de criminalizar a un movimiento social.
4. El único despojo que se ha estado perpetrando, habría que recordarlo, ha sido el de los últimos tres gobiernos federales que, utilizando a tecnócratas universitarios sin escrúpulos, han tratado de despojar a los mexicanos de un patrimonio fundamental: la Universidad Nacional.
5. Las amenazas son un signo de debilidad, y las autoridades universitarias no han tenido de su lado al enfrentar la huelga universitaria de 1999 ni la razón ni el derecho. No han tenido fuerza moral alguna y sólo han estado escudándose en la fuerza material del Estado: tratando de engañar a los mexicanos con una vergonzosa campaña de desinformación, buscando atemorizar con la amenaza permanente de una intervención policiaca, militar o paramilitar que no va a llegar porque el régimen no tiene consenso alguno para usar al Ejército federal en contra de un movimiento legítimo sólo con el fin de rescatar de su ineptitud a unos burócratas amigos de Labastida. No va a desprestigiar para ello a su flamante Policía Federal Preventiva, y el proyecto de utilizar como paramilitares a guaruras de las universidades privadas, que denunció La Crisis (Núm. 183), ya abortó.
6. La intentona de la Rectoría de dividir al Movimiento Estudiantil y al STUNAM y de coptar a algunos dirigentes ha estado también fracasando, pero ha mostrado el verdadero rostro de la burocracia que se ha apoderado como de un botín de la Universidad. Salvador Malo (secretario de Planeación), un oscuro ex burócrata de la SEP, señalado como el artífice de los programas neoliberales y a quien la revista Milenio (Núm. 89) acusó de designarse como investigador titular ``C'' sin tener ``una sola obra publicada'', cometió un nuevo error al amenazar a los jóvenes de la ``corriente moderada'' del CGH que se prestaron a una entrevista clandestina con él al advertirles que debían levantar la huelga, pues Zedillo había ya hablado ``tres veces'' (ahora ya van cinco) y que de no hacerlo se utilizaría la fuerza pública (La Jornada, 12 de julio). En el pasado, las autoridades defendían la autonomía universitaria. Hoy acontece todo lo contrario.
7. El principal error de las autoridades de la UNAM ha sido no entender la naturaleza del movimiento estudiantil y suponer que podrían doblegarlo. Creyeron en un principio que los estudiantes no se inconformarían; después pensaron que negociando con el PRD debilitarían al movimiento; más tarde imaginaron que los podrían coptar o amedrentar, y ahora, en su desesperación, suponen que los pueden aplastar con la fuerza material.
8. El movimiento de 1999 es el más legítimo en la historia universitaria reciente porque plantea la defensa de la propia casa de estudios frente a quienes, desde el poder, tienen una actitud de depredadores, y eso a muchos les cuesta aceptarlo.
9. Las autoridades del país en especial no quieren reconocerlo, pues eso implicaría asumir que ya no pueden seguir imponiendo a los mexicanos de manera impune sus programas y que, como en el caso de la UNAM, deben aprender a dialogar en público y en un plano de igualdad: que el país está cambiando y no en el sentido que lo dice su propaganda.
10. El estilo personal de dialogar del rector Barnés y de sus colaboradores con el CGH no ha correspondido a lo que debería ser el trato entre universitarios, sino a lo que son las peores prácticas políticas priístas, olvidándose de que la UNAM ya es otra y de que los universitarios exigen un diálogo público y abierto.