* Pablo Gómez

La reducción de la pena, por posible presión política

Georgina Saldierna, Gustavo Castillo, Juan Manuel Venegas y Víctor Ballinas * La reducción de la sentencia a Raúl Salinas de Gortari mueve a pensar que hubo alguna presión de carácter político, consideró Pablo Gómez Alvarez, dirigente nacional del PRD, mientras que su homólogo del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que lo importante es que el hermano del ex presidente sigue en prisión.

El líder perredista señaló que la determinación del magistrado Tomás Hernández Franco pudiera ser una sanción benévola para un acto tan grave como mandar matar al ex secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Con la reducción, comentó, existe la posibilidad de que obtenga su libertad una vez que cumpla dos terceras partes de la sentencia.

Sobre si la decisión del magistrado pudiera ser consecuencia de la reciente visita de Carlos Salinas, aseveró que no necesita estar presente físicamente en el país para influir políticamente en el asunto.

Para Bravo Mena, el hecho de que el magistrado confirme la culpabilidad de Raúl Salinas, aunque le reduzca el tiempo, habla de que es culpable del delito que se le imputó y también de que la investigación que se hizo durante la gestión del ex procurador Antonio Lozano fue la adecuada.

Exigió a los partidos no politizar la impartición de justicia. Y agregó: "Da la impresión, por las truculencias en las que ha operado siempre el sistema político, que bajo consideraciones políticas se manipula la justicia; pero si nos queremos conducir con seriedad, no se debe sacar la conclusión inmediata de que por la visita de Carlos Salinas el Poder Judicial haya tomado la decisión de reducir el tiempo de cárcel".

El legislador panista Germán Martínez Cázares señaló que se están dando pasos para la liberación de Salinas a mediano plazo. "Ni la burla perdonan... y štodavía Zedillo quiere que confiemos en la imparcialidad de la justicia!"

Gonzalo Yáñez, miembro de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), dijo que la impartición de justicia en México "queda bajo sospecha, ya que todo parecer indicar que existe una presencia importante de la política salinista en el régimen". Consideró que la determinación judicial "es inadmisible, una burla a la nación y una vergüenza que suceda en la justicia mexicana".

* Pasará a tribunales cantonales; las cuentas bancarias seguirán congeladas

Relevan a procuradora suiza del caso Salinas

Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 16 de julio * El tribunal federal suizo relevó a la Procuraduría del proceso de confiscación de los bienes de Raúl Salinas de Gortari ųcalculados en 150 millones de francos, depositados en cuentas bancariasų y la eventual sentencia criminal contra éste, dando razón de manera inesperada a los reclamos del hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas.

Según la decisión de la Cámara de Acusaciones del tribunal federal, emitida hoy desde su sede en Lausana, la procuradora Carla del Ponte "se excedió en sus funciones" al confiscar las cuentas bancarias de Salinas, por lo que fue relevada y el caso remitido a los cantones (provincias) ųtres involucrados: Ginebra, Zurich y Bernaų para ser rexaminado por los tribunales locales.

Sin haber decidido la restitución de los bienes, que seguirán confiscados, la Corte de Justicia de Suiza concedió la razón a tres recursos de apelación interpuestos por Salinas y su esposa, quienes desde un principio afirmaron que los 114 millones de dólares eran producto de negocios lícitos, así como al de "una tercera persona" que alega haber entregado 50 millones en inversión provenientes de actividades legales del rubro empresarial.

"No es una desaprobación", dijo el vocero del Ministerio Público, Dominique Reymond, sino "la interpretación restrictiva de la ley sobre procesos penales en Suiza"; pero sí se someterá al dictamen y entregará el expediente al cantón que le corresponda, aparentemente Zurich, pues allí está el grueso de las cuentas bancarias.

"Por la manera como el tribunal federal decidió continuar con el caso, éste se alargará y saldrá más caro", y por lo tanto "pone en evidencia la necesidad, urgente, de que se acepte y entre en vigor la proyectada nueva legislación, en la que se especifica la distribución de competencias" entre los órganos federal y cantonal y las instituciones relativas, afirmó el vocero.

Observadores del sistema judicial suizo señalaron que la decisión del tribunal federal también revela la "lucha intestina" sobre la competencia de los poderes judiciales a nivel nacional y estatal, sobre todo respecto al combate al crimen organizado; "más que una lucha por ver quién se queda con el dinero es una lucha por el poder".

Según la decisión, Del Ponte no tiene mandato para ordenar la confiscación, pues la Procuraduría se encarga sólo de investigar lavado de dinero y tráfico de drogas.

El dinero de Salinas estuvo congelado desde diciembre de 1995 por mandato de Del Ponte, que argumentó el mandato de "alta vigilancia" que tiene la Confederación Helvética sobre el crimen organizado. Sin embargo, el punto de vista del tribunal federal es que, cuando se encuentra una infracción, el expediente debe ser inmediatamente turnado a la justicia cantonal.

A Del Ponte no le inquieta que la decisión penal vaya a poner en duda la integridad con la que durante tres años condujo una compleja investigación que concluyó en octubre de 1998, y por la que se evidenció el origen ilícito de los bienes de Salinas en Suiza y sus conexiones con el narcotráfico internacional, dijo el portavoz.

Según Reymond, la decisión de la Corte no pone en duda el proceso efectuado por Del Ponte ni confirma las críticas de los defensores, familiares y amigos de Salinas en el sentido de que la procuradora suiza utilizó falsa evidencia y otorgó validez a testimonios de criminales para forzar una sentencia del tribunal federal que, eventualmente, dictaminaría que el hermano incómodo es parte del crimen organizado.

Se trata de una decisión más de forma que de contenido, añadió el vocero, pues el tribunal optó porque la investigación sea tratada primero en los cantones involucrados antes que por ese cuerpo supremo, y además no altera la confiscación, pues los 150 millones no serán restituidos ni en lo tocante a la parte de los socios de Salinas.

La Procuraduría ofrecerá no sólo todo el expediente de 34 mil documentos analizados en el caso, sino el apoyo que le sea necesario a cada tribunal cantonal. En los próximos días se anunciará cuál será el primer cantón en tratar y reabrir el asunto.

Esta es la primera vez que el tribunal federal dictamina sobre casos de confiscación, y el Ministerio Público "toma nota de la forma tan restrictiva en que tradujo el de Salinas", en el cual el punto positivo, según Reymond, "es que el dinero sigue congelado y posiblemente los tribunales cantonales llegarán a las mismas conclusiones que las encontradas por Del Ponte en octubre del año pasado".

Es también la primera vez que Del Ponte recibe un revés en su carrera, durante la cual ha llevado varios y más complejos casos de presuntos criminales europeos, latinoamericanos, árabes y rusos, entre otros.