UN VEREDICTO POLEMICO
La reducción de la condena impuesta a Raúl Salinas de Gortari ha suscitado la indignación de una parte importante de la sociedad y reavivado la polémica en torno a las irregularidades, inconsistencias y vicios que caracterizaron las investigaciones del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y el proceso penal del mayor de los hermanos Salinas.
En buena medida, la decisión del juez Tomás Hernández Franco de reducir de 50 a 26 años y medio el tiempo que el hermano incómodo deberá permanecer en prisión fue motivada por la larga serie de irregularidades y truculencias cometidas por la PGR durante las indagaciones y procedimientos del caso -desde siembra de osamentas hasta compra de testigos-, y por la incapacidad mostrada por esa dependencia, tanto en la administración de Antonio Lozano Gracia como en la de Jorge Madrazo Cuéllar, para sustentar de manera inobjetable -y con todas las agravantes- las acusaciones que pesan sobre Raúl Salinas. Si el magistrado encontró razones para reducir la condena fue porque consideró, entre otras cuestiones, que las pruebas presentadas por la parte acusadora no eran suficientes para avalar una sentencia de 50 años de prisión. Por añadidura, circunstancias similares se han presentado en otros casos en los que la PGR ha quedado en entredicho, como los continuos amparos recibidos por Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, o los fracasados intentos por extraditar a México a Mario Ruiz Massieu.
Para colmo, un tribunal de Lausana acaba de determinar improcedente la confiscación de 115 millones de dólares depositados por Raúl Salinas en diversos bancos extranjeros, bajo el argumento de que la fiscal general suiza, Carla del Ponte, no tiene autoridad para decidir sobre el destino de esos recursos. Y aunque el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero emprendido contra Salinas en México y Suiza permanece vigente, aún no está claro cuál será su resultado ni cuál será el destino de los considerables fondos congelados en diversas instituciones financieras.
Con todo, el veredicto judicial de ayer no exculpa al sentenciado de su responsabilidad por el homicidio de Ruiz Massieu, aunque sí merma la credibilidad de la PGR y abre la posibilidad de que Salinas obtenga la libertad en muchos menos años de los originalmente previstos y que, incluso, formule una nueva apelación con el inquietante objetivo de anular por completo la sentencia.
Para la justicia mexicana, Raúl Salinas es el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y, por ello, debe aplicársele la ley de manera estricta y rigurosa. En este contexto, cabe exigir al magistrado Hernández Franco que explique, con toda claridad y de cara a la ciudadanía, los argumentos que determinaron su veredicto. Por su parte, la PGR tiene la obligación jurídica y moral de desempeñarse -en los procesos penales que continúan en trámite- de manera convincente y precisa, pues sería intolerable y sospechoso que por insuficiencias o irregularidades en la integración de expedientes o en la presentación de pruebas, el hermano incómodo consiguiera obtener un dictamen exculpatorio u otra sentencia benévola.
Finalmente, ha de señalarse que fallos como el de ayer dejan entre la sociedad un sentimiento de insatisfacción y, lo más grave, suscitan las sospechas en torno a la posibilidad de que, mediante argucias jurídicas, se pretenda poner en libertad, prontamente, a Raúl Salinas.