agos a informantes, operaciones encubiertas y demás, que llevaron incluso al inicio de un proceso penal en contra del propio Chapa Bezanilla por la "siembra'' de pruebas.
* Suprimió el juez Hernández Franco calificativas de premeditación y alevosía
Reducen la sentencia a Raúl Salinas; purgará 27 años y 6 meses de cárcel
* El magistrado del tribunal unitario desestimó elementos como la ''peligrosidad'' del inculpado
Juan Manuel Venegas y Socorro Castañeda, corresponsal, Toluca, Méx., 16 de julio * El magistrado Tomás Hernández Franco, responsable del primer tribunal unitario del segundo circuito judicial del estado de México, suprimió de la sentencia a Raúl Salinas de Gortari las calificativas de premeditación y alevosía, con lo que decidió reducir de 50 a 27 años y 6 meses de prisión la condena que se le impuso por la autoría intelectual del homicidio contra José Francisco Ruiz Massieu.
Otros elementos que el magistrado consideró para enmendar la sentencia que el 21 de enero pasado dictó el juez tercero de distrito, Ricardo Ojeda Bohórquez, son el relativo a la ''peligrosidad'' del inculpado y las ''confusiones'' para discernir entre los elementos de culpabilidad y el ''problema de la causalidad''.
Sobre la ''peligrosidad'' atribuida al hermano del ex presidente de México, subrayó que Ojeda ''no estuvo en lo correcto al invocar la peligrosidad del acusado como factor para individualizar la pena, habida cuenta de que la temibilidad ya no es la causa jurídica de la sanción ni circunstancia para su determinación''; de la mezcla entre elementos de culpabilidad y causalidad del delito, apuntó que el juez de primera instancia ''confunde la cuestión de la culpabilidad con el problema de la causalidad'', pues tanto el autor material del crimen (Daniel Aguilar Treviño) como los ''partícipes'' (en este caso Salinas) deben aportar ''su cuota de causalidad para la consumación del delito''.
La detención
Raúl Salinas de Gortari fue detenido el 28 de febrero de 1995, cuando el entonces procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y su fiscal, Pablo Chapa Bezanilla, lo acusaron de ser el autor intelectual del homicidio contra el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.
Ese mismo día fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Durante la investigación del homicidio, las autoridades fueron encontrando elementos para acusarlo también de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. Con pruebas documentales, se informó que el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari había incurrido en tráfico de influencias y en la concentración de una millonaria fortuna, a través de operaciones financieras en México y en el extranjero que el propio ex mandatario ha fustigado.
A lo largo de estos años, Salinas y sus abogados pudieron librar las imputaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero; tiene pendiente la sentencia por enriquecimiento ilícito, y la PGR tiene una averiguación previa en la que se le acusa como probable responsable del delito de fomento al narcotráfico.
Por el asesinato de quien fuera su cuñado (Ruiz Massieu estuvo casado con Adriana Salinas), Raúl Salinas fue sentenciado el 21 de enero de 1999, con la pena máxima de 50 años de prisión. Tras este fallo, sus abogados acudieron inmediatamente a la apelación en segunda instancia, a la par que iniciaron gestiones ante la Secretaría de Gobernación para poner fin a su reclusión en una cárcel de máxima seguridad.
Lograron este último objetivo a finales del pasado mes de abril, cuando en medio de un impresionante dispositivo de seguridad Salinas fue trasladado al penal estatal de Almoloya, conocido popularmente como la cárcel de Almoloyita.
Sus abogados, que a lo largo de todo este tiempo han estado frecuentemente en los medios, esta vez guardaron silencio en espera de la respuesta a la apelación solicitada ante el primer tribunal unitario del segundo circuito judicial. Para su defensa pública, en cambio, reapareció su hermano Carlos.
Así fue. El 12 de junio, sorpresiva e inesperadamente el ex presidente de México visitó fugazmente la capital del país y en declaraciones a los medios de comunicación insistió en la defensa de su hermano Raúl. ''Mi hermano, estoy absolutamente convencido, no participó en el homicidio de José Francisco'', dijo una y otra vez... y se regresó a Dublín. Treinta y cuatro días transcurrieron entre aquella visita y la resolución del magistrado, que ayer decidió reducir la pena de Raúl Salinas.
El fallo
''(...) En tales condiciones, al suprimirse tanto las calificativas de premeditación y alevosía... este órgano jurisdiccional advierte una gravedad del hecho (el homicidio de Ruiz Massieu) y de la culpabilidad en el inculpado (Raúl Salinas) equidistante de la mínima y la media, por lo que estima justo imponerle la pena de veintisiete años seis meses de prisión...'', leyó, alzando el tono de su voz, el secretario del tribunal unitario con sede en Toluca, Carlos Alvarez.
Es decir, 22 años y 4 meses de condena menos que los impuestos por Ojeda Bohórquez en su sentencia del 21 de enero.
Para llegar a esta decisión, el titular del tribunal, Tomás Hernández Franco, debió leer y analizar más de 7 mil fojas de los 19 tomos que integran el expediente de Salinas. Todo su análisis lo sintetizó en 42 hojas oficio escritas por ambos lados y divididas en nueve apartados que fueron entregados a la prensa.
A lo largo de toda su exposición, Hernández Franco ratifica y confirma la validez de las pruebas que el Ministerio Público federal presentó para acreditar la culpabilidad de Salinas en el delito de homicidio cometido contra Ruiz Massieu.
En el documento dos, que resume su fallo, el magistrado avala a la fiscalía en la presentación de su investigación e integración de la pesquisa y resalta el criterio del juez Ojeda para analizar la inducción o instigación ''como forma de participación de Raúl Salinas'' en el delito de homicidio.
Documento tres. En este apartado, el magistrado desecha el alegato de la defensa en el sentido de que su cliente quedó en estado de indefensión, cuando el Ministerio Público clasificó su participación en el complot para asesinar a Ruiz Massieu en forma distinta al contenido de la sentencia. El juez subrayó al respecto que todos los hechos ''expuestos en el ejercicio de la acción penal y precisados en el auto de formal prisión, son los mismos que motivaron la acusación de la fiscalía y el análisis de la sentencia impugnada'', por lo que no hay ''ni reclasificación'' ni Raúl quedó en ''estado de indefensión'', pues siempre estuvo al tanto del delito y las agravantes que se le imputaban.
Contenida en el documento cuatro está la impugnación que la defensa de Salinas hizo al testimonio de Fernando Rodríguez González y al video grabado en el Hospital Español el día del asesinato, en el que aparecen Manuel Muñoz Rocha (diputado priísta desaparecido y probable brazo operativo de Salinas en el crimen) y Raúl.
Sobre el video, Hernández Franco reconoce que ''teniéndolo a la vista'', no se puede determinar que Raúl y Muñoz Rocha hayan estado en comunicación o que se ''hayan buscado las miradas'' y enviado señales de presunta complicidad. Tampoco se observa que hayan tenido algún tipo de contacto físico, como declaró en su momento Rodríguez González.
Sin embargo, el juez advierte que si bien la cinta grabada no demuestra ese contacto ni esas señales, tampoco descalifica completamente lo dicho por el testigo, toda vez que los dos personajes (Muñoz y Salinas) sí estuvieron en el hospital. A ello se agrega el testimonio del teniente Antonio Chávez Ramírez (integrante de la escolta de Raúl), quien declaró que cuando la familia Salinas caminaba para ingresar al nosocomio, ''se les acercó Muñoz Rocha y caminó junto a ellos... El (Muñoz Rocha) se encontraba en la entrada (del hospital) y se va acercando hacia donde se encontraba Raúl Salinas de Gortari''.
Por lo que hace al pago de 500 mil dólares que Rodríguez González recibió del fiscal Chapa Bezanilla (documento cinco), el magistrado indicó que ello no invalida su testimonio. ''Se trata de un testigo no confiable, pero esa circunstancia no impide que se haga el examen y valoración del testimonio de referencia''.
En los documentos seis y siete, Hernández Franco da por válidas las pruebas que el juez Ojeda consideró para concluir que ''la conducta desplegada por Raúl Salinas de Gortari se encuadró en la hipótesis normativa del autor intelectual del delito previsto en el artículo 13, fracción V, del Código Penal Federal, que consiste en determinar dolosamente a otro a cometer un delito...''. Subraya asimismo que, en todo momento, se le respetó al inculpado el principio de que todo acusado tiene derecho a que se presuma su inocencia.
En el documento ocho fue donde Hernández Franco enmarcó las correcciones a la sentencia de Ojeda, ya que las ''agravantes (alevosía y premeditación) solamente entran en juego respecto del hecho principal y del autor (Aguilar Treviño), por lo que la defensa está en lo justo al inconformarse, pues las calificativas se refieren al hecho principal y al autor, no a los partícipes''.
Agrega: ''En atención a los partícipes, a quienes están referidas las agravantes, surge únicamente la cuestión de la comunicabilidad de tales calificativas: solamente se comunican las circunstancias objetivas, siempre y cuando las conozcan, y en cuanto a las relaciones personales o a las circunstancias subjetivas (de la premeditación y la alevosía) del autor, no son comunicables a los partícipes...'', apunta finalmente el texto del magistrado, quien resuelve así modificar el tercer punto de la sentencia de Ojeda Bohórquez y disminuir la pena de Raúl Salinas de Gortari...
* Prevén que obtendrá otros beneficios judiciales
Salinas purgaría, cuando mucho, 5 años más en prisión: penalistas
Rosa Elvira Vargas * De un solo golpe, Raúl Salinas de Gortari logró ayer una importante victoria en la causa que se le abrió en 1995 por el homicidio calificado de José Francisco Ruiz Massieu, misma que, desde sus inicios, ha estado plagada de errores procesales, garrafales fallas en la investigación, compra de testigos, desaparición del principal sospechoso del crimen y siembra de pruebas, sin faltar el aderezo de videntes y amantes del inculpado. En todo ello, mezclada además, la actuación de tres fiscales especiales, así como la primera designación de un procurador general de la República militante de un partido opositor al que irónicamente, este mismo caso, le acarreó su despido.
Cálculos elaborados a partir de consultas con penalistas permiten estimar que la permanencia en prisión de Raúl Salinas, con la reducción obtenida, podría no rebasar cinco años más --en el caso más extremo-- si se le conceden los beneficios que otorga la Ley Federal de Readaptación Social.
Por si fuera poco, al mayor de los hermanos Salinas la justicia federal suiza le abrió la posibilidad de recuperar los 120 millones de dólares que le había confiscado la fiscal de aquel país Carla del Ponte bajo la presunción de que provenían del narcotráfico.
Esos fondos permanecerán todavía "congelados'' hasta que se emita el dictamen correspondiente de los tribunales cantonales del país helvético.
De este modo, si bien el juez Tomás Hernández, del Primer Tribunal Unitario con sede en Toluca, confirmó la culpabilidad de Raúl Salinas en el homicidio de Ruiz Massieu, se considera que al reducir la sentencia enmendó la plana a la condena dictada por el hoy magistrado de circuito Ricardo Ojeda Bojórquez.
La argumentación jurídica detrás de esa pena fue considerada como "prendida por alfileres'', y llevó al jurista a publicar en diversos diarios los fundamentos de su resolución en una actitud totalmente inusual para un integrante del Poder Judicial de la Federación.
Fue Fernando Rodríguez González, empleado del desaparecido Manuel Muñoz Rocha (principal sospechoso del homicidio) y también sentenciado a 37 años de prisión por este crimen, quien dijo tajante que las órdenes de eliminar a Ruiz Massieu fueron dadas a su jefe por el hermano del ex presidente. La defensa, sin embargo, ha buscado desacreditar dicho testimonio señalando que el declarante recibió para ello, medio millón de dólares.
La aceptación de que tal cantidad había sido entregada al convicto, con conocimiento superior, dio pie a una agria discusión entre el ex procurador Antonio Lozano Gracia y el presidente Ernesto Zedillo, luego de la destitución de aquél.
El proceso en contra de Raúl Salinas de Gortari ha navegado por aguas turbias y pestilentes de las que por supuesto ni el acusado ni las propias autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) han salido limpios.
Tres abogados de la nación han tenido en sus manos el escabroso caso del asesinato --el 28 de septiembre de 1994-- de José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado de los Salinas de Gortari y, al momento de su muerte, secretario general del PRI.
Así, a Humberto Benítez Treviño, último procurador en la administración de Carlos Salinas, le correspondió iniciar las averiguaciones y no se inmutó cuando el ex presidente contravino las disposiciones expresas del Código Penal y de la Ley Orgánica de la PGR, al permitir que el hermano del occiso, Mario Ruiz Massieu, se hiciera cargo de las pesquisas.
Fue precisamente Mario Ruiz Massieu el primero en citar a declarar a Raúl Salinas, de quien en varios medios se apuntaron sospechas apenas ocurrido el homicidio, pues había tenido fuertes diferencias con su ex cuñado.
Cuando más tarde Mario Ruiz Massieu dejó el caso y fue detenido en Estado Unidos --donde aún permanece-- bajo cargos de fomento al narcotráfico, en sus múltiples comunicados a la opinión pública ha alegado a favor de la inocencia de Raúl Salinas.
Con el cambio de gobierno en diciembre de 1994 y la llegada de Ernesto Zedillo a la Presidencia, se produjo una decisión inédita en la política mexicana al designarse a Antonio Lozano Gracia, alto dirigente del PAN, como procurador general de la República y se abrieron expectativas para el total esclarecimiento del homicidio.
En efecto, las acciones espectaculares con las que inició su gestión el nuevo fiscal especial del caso, Pablo Chapa Bezanilla --entre ellas la detención, el 28 de febrero de 1995, de Raúl Salinas acusándolo de ser autor intelectual del crimen--, hicieron creer a muchos que por fin lograría llegarse al fondo del asunto.
Como efecto de esa aprehensión, el ex presidente Carlos Salinas, tras realizar un ayuno en Monterrey para "limpiar su imagen'', salió del país para iniciar una especie de "autoexilio'' y fue hasta el mes pasado cuando públicamente regresó a México para una estancia de 50 horas, durante la cual visitó a su hermano Raúl en el penal de "Almoloyita''.
Si bien los primeros golpes de la gestión Lozano-Chapa les acarrearon gran fama, ésta les duró bien poco y ante una opinión pública urgida de grandes hallazgos que exigía más y más, los fracasos se sumaron uno tras otro.
Las cosas seguirían complicándose, pero ya en septiembre de 1995, La Jornada publicó que la versión oficial sobre el asesinato resultaba alterada "a causa de la posible participación de personas involucradas en el narcotráfico; declaraciones compradas u obtenidas a partir de torturas; alteración de testimonios; ex funcionarios prófugos y un ex diputado desaparecido (Manuel Muñoz Rocha); políticos inmiscuidos y luego exonerados; averiguaciones mal integradas, y un juicio de extradición (el de Mario Ruiz Massieu) en Estados Unidos donde se cuestiona y critica al sistema político y judicial mexicano''.
Los evidentes yerros de Chapa Bezanilla en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio provocaron su relevo de ese asunto, mas no así en el de Ruiz Massieu.
El 9 de octubre de 1996, en un jardín de la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas, el subprocurador desenterró un esqueleto humano del que, se dijo en ese momento, pertenecía a Manuel Muñoz Rocha, el supuesto cómplice del acusado en el crimen de Ruiz Massieu y cuyo paradero se desconoce desde el día siguiente del homicidio.
Con el hallazgo de la osamenta se destapaba también una historia de videntes, amantes, escritos anónimos, testigos que desmentían sus declaraciones iniciales, p
agos a informantes, operaciones encubiertas y demás, que llevaron incluso al inicio de un proceso penal en contra del propio Chapa Bezanilla por la "siembra'' de pruebas.
El ex fiscal especial huyó a España de donde meses más tarde fue extraditado y hoy se encuentra libre.
En medio de todo ello, a Raúl Salinas de Gortari se le han formulado otras acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y uso de documentos falsos, además de la integración de una averiguación previa sobre narcotráfico.
Los nombres de poderosos empresarios, políticos y hasta periodistas empezaron a salir a la luz pública por sus relaciones de negocios con el hermano del ex presidente a raíz de su encarcelamiento, y no pocos han tenido que admitir sus nexos con el "hermano incómodo'', entre ellos, Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, los inversionistas José Madariaga Lomelí y Carlos Peralta, así como el periodista Abraham Zabludovsky.
Asimismo, el 15 de noviembre de 1995, Paulina Castañón, esposa de Raúl, fue detenida en Ginebra, Suiza, cuando pretendía disponer de casi 84 millones de dólares con una carta-poder firmada por Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, nombre falso que el hermano del ex presidente de México utilizó para realizar operaciones financieras en bancos europeos.
Sin embargo, hasta hoy han sido sólo las acusaciones de homicidio calificado y uso de documentos falsos, las que han dado lugar a sentencias contra Raúl Salinas.
Las autoridades de la PGR, ahora con Jorge Madrazo como titular y José Luis Ramos Rivera como fiscal del caso, sostuvieron las acusaciones contra Raúl por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, bajo las mismas líneas que sus predecesores, aunque ante las evidencias han tenido que reconocer que la investigación de aquéllos tuvo "increíbles errores'', sobre todo cuando apareció la osamenta y para lo cual se echó mano y hasta se pagó a la "vidente'' Francisca Zetina, La Paca.
De hecho, los actuales responsables del proceso se han dedicado a ahondar en las hipótesis e indagaciones de los fiscales anteriores y han recurrido a los mismos testigos de aquéllos, principalmente Fernando Rodríguez González, único acusador directo de Raúl, y quien afirma que aquél "dio la orden'' de eliminar a Ruiz Massieu.
Hoy, cuatro años y medio después de su detención, en su pertinaz batalla por convencer de su inocencia, el "hermano incómodo'' ha logrado éxitos parciales, como su traslado, en el pasado mes de abril, del penal de máxima seguridad a otro de carácter estatal --y que la agencia DPA define como "común y corriente''-- conocido como "Almoloyita'' y, el de ayer, de no poca relevancia, al reducirse su condena casi a la mitad.
* Ningún triunfo de Raúl Salinas en Suiza: PGR
Se confirmó su responsabilidad en el homicidio de Ruiz Massieu
Juan Manuel Venegas * Lo destacable es que se "confirmó" la responsabilidad de Raúl Salinas de Gortari como el autor intelectual del homicidio contra José Francisco Ruiz Massieu, subrayó la Procuraduría General de la República (PGR), al conocer la resolución del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito Judicial del estado de México, que redujo de 50 a 27 años y 6 meses la condena al hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Por otra parte, la dependencia negó
que el ex director de Diconsa haya obtenido triunfo alguno en los tribunales suizos, en los cuales está acusado de lavado de dinero y fomento al narcotráfico. "No ha obtenido ninguna resolución favorable que le permita disponer del dinero asegurado (120 millones de dólares en el sistema bancario de Suiza), por lo que el Ministerio Público de la Confederación Helvética no ha sido derrotado judicialmente" por los abogados de Salinas de Gortari, afirmó.
En un comunicado emitido por la tarde de este viernes, el Ministerio Público Federal se negó a hacer comentarios en relación con el fallo del tribunal de segunda instancia, pues se "desconocen las razones jurídicas que den sustento a dicha modificación (de la sentencia)", toda vez que la notificación del magistrado Tomás Hernández Franco fue recibida apenas al mediodía.
Sin embargo, advirtió que lo que "debe resaltarse" es que, independientemente de la disminución de la pena, "una segunda revisión judicial del expediente encontró pruebas suficientes para sostener la responsabilidad de Raúl Salinas, desechando sus argumentos de defensa, por carecer de sustento técnico y probatorio".
Esto es, para la PGR, lo importante es que el juez haya "confirmado" la culpabilidad de Salinas en la comisión del delito de homicidio calificado contra Ruiz Massieu, informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial y uso de documentos falsos, los tres ilícitos considerados en la sentencia que el 21 de enero pasado dictó en su contra el juez tercero de distrito del estado de México, Ricardo Ojeda Bohórquez, actualmente ya promovido a magistrado de circuito.
Respeta el fallo y continúa investigando a Raúl por narco
La PGR apuntó, por otro lado, que ahora sólo le resta permanecer "muy atenta" para desahogar la intervención que le corresponda cuando sea presentada la demanda de juicio de amparo al que acudirán los abogados de Salinas, en su último intento por revertir la sentencia a su cliente. "El Ministerio Público de la Federación está obligado a respetar los términos de la sentencia del tribunal unitario, en virtud de que no existe recurso alguno que pueda interponer en su contra", explicó.
Asimismo, recordó que el hermano del ex presidente no sólo está acusado del homicidio de Ruiz Massieu, sino que tiene pendiente el proceso por enriquecimiento ilícito que se sigue en el juzgado 11 de distrito del Reclusorio Sur.
Paralelamente, informó que continuará las averiguaciones previas que por narcotráfico y lavado de dinero están abiertas contra el mayor de los integrantes del clan Salinas.
El dinero de Suiza seguirá asegurado
Finalmente, la PGR señaló que es falso que se haya levantado el aseguramiento de las cuentas de Salinas en bancos suizos. "No ha tenido ninguna resolución favorable que le permita disponer del dinero asegurado. El Ministerio Público de la Confederación Helvética no ha sido derrotado judicialmente por la representación legal de Raúl Salinas; la resolución dictada recientemente en dicho proceso en modo alguno revoca el aseguramiento de las cuentas y se limita a resolver un problema de tipo competencial entre las instancias judiciales locales y las instancias judiciales federales de aquel país, resolviendo que la investigación y eventual decomiso definitivo deberán ser resueltos por un juez de instrucción cantonal, es decir, por un juez local".