n Le entrega datos de muertes, torturas y desapariciones
Las matanzas, mal endémico en Guerrero, dice ONG a Jahangir
La Jornada/El Sur, Chilpancingo, Gro., 17 de julio n La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asma Jahangir, una relación de 20 casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones, ''cometidas por miembros del Ejército Mexicano y corporaciones policiacas federales y estatales'', y ocurridas después de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.
Se trata de 20 casos ''perfectamente documentados'', dijeron en conferencia de prensa Abel Barrera Hernández, Aurora Muñoz y Javier Mojica, miembros de la red que participaron en una reunión con la funcionaria de Naciones Unidas, quien escuchó atentamente los testimonios.
Desde las 9 de la mañana, Jahangir comenzó a escuchar relatos de víctimas, familiares, viudas y representantes de organismos no gubernamentales, quienes le narraron casos ocurridos en las regiones de la Montaña, Costa Grande, Costa Chica y la sierra de Tierra Caliente.
En el documento que entregó a la relatora especial de la ONU, la red precisa que la fase crítica de la violación de los derechos humanos en Guerrero, se remarca con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en junio de 1996, y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), dos años después.
El secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Michael Chamberlain, manifestó que como en Chiapas y Oaxaca, la aparición de la guerrilla en Guerrero ha sido usada por el gobierno como un pretexto para militarizar estas entidades, lo que se traduce en ''todo tipo de atropellos contra la ciudadanía''.
Con Jahangir estuvieron las viudas de campesinos de Aguas Blancas y las de indígenas de El Charco, quienes le pidieron su intervención para que se obligue al gobierno mexicano a castigar a los responsables de las matanzas.
Piden castigo para responsables de la matanza de Aguas Blancas
En el caso de Aguas Blancas, se solicitó que al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; a su secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; a su procurador, Antonio Alcocer Salazar, y al jefe de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy, se les castigue por ser responsables intelectuales de la masacre.
''ƑCómo es posible que a 15 ex policías y al ex subprocurador Rodolfo Sotomayor Espino se les haya dejado en libertad y a dirigentes sociales que han exigido justicia de estos hechos se les mantenga presos?'', preguntó el presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Javier Mojica Martínez.
''ƑQué acaso fueron nada más los tres policías que permanecen en la cárcel los que mataron a los campesinos? Eso es inaudito, cuánta impunidad hay en Guerrero'', afirmó.
''Lo de Aguas Blancas es un caso más de impunidad, y prueba de ello es que a Figueroa no se le ha investigado, al igual que a Robles Catalán, quien quiere ser candidato a la alcaldía de Acapulco'', refirió por su parte Chamberlain.
En el documento presentado a la relatora se menciona el caso de la comunidad El Charco, en donde el 7 de junio de 1998 murieron 11 presuntos guerrilleros, la mayoría indígenas mixtecos, tras ser rodeados y atacados por el Ejército Mexicano.
También se refiere a los hechos del 21 de abril de este año en las comunidades de Barrio Nuevo San José y el Cerro de La Letra, del municipio de Tlacoachistlahuaca, ''donde tres indígenas fueron asesinados por los soldados''. De igual manera, la red presentó los casos de los campesinos Bartolo Sánchez y Alejandro Chávez Rubí, este último de 14 años de edad, ''quienes fueron asesinados por los militares''.
Se resalta el caso del niño Alejandro Chávez Rubí, ''quien murió a manos de soldados en el poblado El Cirián, municipio de Ajuchitlán del Progreso'', hecho al que calificaron de ''una historia dolorosa que muestra con nombres y apellidos los casos de ejecuciones extrajudiciales que se han consumado en Guerrero a causa de la impunidad que prevalece en el sistema de procuración y administración de justicia estatal y federal''.
La violencia, enfermedad degenerativa en el estado
El texto entregado a la relatora especial de la ONU señala que, en Guerrero, la violencia es la enfermedad degenerativa que amenaza con exterminar a los pueblos indios, y las matanzas se han transformado en ''un mal endémico causado por el ejercicio autoritario y represivo del poder público''. Señala que las ejecuciones extrajudiciales en el estado están catalogadas como una de las principales causas de violaciones del derecho a la vida, junto con los casos de tortura y desapariciones forzadas.
Los integrantes de la red pidieron a Asma Jahangir su intervención para que recomiende al gobierno mexicano una reforma de la legislación penal, con el fin de que se consideren dentro de ella los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
También, que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, con el objetivo de que se sancione a las autoridades responsables.
Desmilitarizar regiones indígenas, otra petición al gobierno
De igual manera, que se aprueben leyes que garanticen que los casos de tortura, ejecución extrajudicial y desapariciones forzadas imputadas a miembros del Ejército Mexicano, sean competencia de la jurisdicción civil.
La red pidió asimismo a la relatora especial de Naciones Unidas que recomiende al gobierno mexicano ordenar la desmilitarización en las regiones indígenas y campesinas del estado de Guerrero.
Además, que el gobierno promueva iniciativas de paz y cambios constitucionales que reconozcan los derechos de los pueblos indios; que dé prioridad a mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses en lugar de privilegiar la inversión militar; que lleve a cabo acciones eficaces para restituir el equilibrio y el orden constitucional cuando se consuma alguna violación a los derechos humanos, y que los conflictos de la democracia se resuelvan con más democracia y no con represión y hostigamientos en contra de los actores que la demandan.