Los tribunales de arbitraje y la evaluación de académicos

Batallas legales

Miguel A. Izquierdo Sánchez

En este mismo espacio de Lunes en la Ciencia (31/07/98), Hugo Aboites presentó las posibilidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como alternativa para los académicos que no han encontrado respuesta convincente en las universidades a sus quejas sobre los procesos de evaluación a que están sometidos.

Esta vez presentamos una experiencia de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), al someter sus quejas relativas al otorgamiento del estímulo a la carrera docente ante un tribunal de arbitraje.

Los arreglos políticos predominan sobre los acuerdos académicos

Al recibir dictamen desfavorable en el concurso por el estímulo 1996-1998, no obstante tener pruebas de merecer niveles del I al III, ocho académicos de la Unidad Morelos de la UPN impugnaron internamente el proceso y sus dictámenes.

En su impugnación advertían una estrategia clientelar de juego político y económico de las autoridades estatales del Instituto de Educación Básica (IEBEM), consistente en el presunto ocultamiento de los fondos para el estímulo y de los resultados de su evaluación por más de seis meses (en lo que coincidían con el resto de los maestros solicitantes de estímulo), además de la irregularidad de pagar a los estimulados un mes antes de entregar a los no becarios su dictamen, "empleando criterios políticos y de amiguismo" al designar a los becarios.

La impugnación también señalaba que las autoridades estatales habían faltado a sus obligaciones reglamentarias al no vigilar el cumplimiento del requisito de que los becarios no trabajaran en otras instituciones por más de 10 horas semanales, y al becar continuamente a quienes se presumía transgredían tal requisito.

Los impugnantes ubicaban otras irregularidades del proceso de otorgamiento del estímulo en la expedición de las constancias, no amparadas con actividades académicas o infladas por parte del director de la unidad, y detectadas por la Comisión para el Otorgamiento del Estímulo a la Carrera Docente (la COECD), cuyo presidente advirtió sobre el asunto a la delegación estatal de la Secretaría de Educación Públic (SEP) (SAC, UPN 347/96), mientras otras irregularidades las ubicaban en el acaparamiento de sinodalías por parte de tres de los cuatro becarios.

Un camino tortuoso, pero abierto

Como la Universidad Pedagógica Nacional resolvió desfavorablemente las impugnaciones, ignorando los motivos de las mismas, los maestros impugnantes hicieron gestiones ante las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional de Evaluación (Conaeva), según los reglamentos vigentes, gestiones que no prosperaron.

No encontrando otro recurso reglamentario de resolución de conflictos, cinco académicos presentaron el 17 de julio de 1997 una demanda (expediente 01/174/97) ante el Tribunal de Conciliación de Morelos en contra de la COECD, de la autoridad estatal a cargo de la UPN, del director de la UPN- Morelos y de tres de los cuatro becarios.

Ese recurso, que jamás había sido empleado previamente por maestros de la UPN para efectos de reclamación del estímulo, desbordaba además los patrones tradicionales de gestión del Sindicato Nacional de Trabaja-dores de la Educación (SNTE), caracterizados por la defensa de prestaciones mediante presión interna a la SEP.

La respuesta de la SEP estatal, seis meses después, fue ofrecer 1.5 salarios mínimos diarios como estímulo sólo a seis maestros (tres de ellos demandantes, los otros no demandantes), al margen del dictamen académico obtenido, propuesta que fue aceptada por ellos sin renunciar a seguir demandando por el nivel y el pago con el que habían sido dictaminados.

Una segunda propuesta verbal de pago parcial del estímulo, por parte de la SEP estatal, fue comunicada a los maestros demandantes en mayo de 1998, dos años después de que debieron empezar a recibir el estímulo y casi un año después de presentada la demanda. Esta continuó al no ser aceptada la propuesta económica y al no revisarse los expedientes que contenían las presuntas irregularidades en la evaluación.

Estrategias de desgaste y cierre de una negociación

Para los académicos estaba claro que la estrategia de las autoridades nacionales y estatales de la UPN era el desgaste económico (pago de abogados) y moral de los impugnantes. Por su parte, la estrategia de los académicos consistió en defenderse en el plano jurídico y llevar el desgaste político de las autoridades ante la opinión pública, a través de los medios informativos. Quizás lo más duro para ellos fue tomar la decisión de demandar por primera vez a la autoridad educativa en su papel de patrón, que no de educador.

Finalmente, el pasado 17 de mayo de 1999, tres años después de que los académicos debieron empezar a recibir su estímulo, los impugnantes firmaron un convenio con el IEBEM de Morelos, elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, que dio por concluido el juicio laboral, recibiendo en conjunto los cinco demandantes la cantidad de 123 mil pesos, poco menos de lo amparado por sus dictámenes académicos favorables, y reconociendo el mencionado instituto que los demandantes tienen derecho a las prestaciones que reclaman.

Sin embargo, la caja negra del proceso de evaluación no se abrió, y sigue en el aire la presunta irregularidad en la elaboración de constancias e inflación en los expedientes. La negociación económica prevaleció sobre la transparencia académica, la gran ausente de los procesos de evaluación.

Por tortuoso y desgastante que pueda ser el curso de una queja presentada ante los tribunales de conciliación, los académicos demandantes consideran revalorada su dignidad y la vía empleada abierta a otros reclamos por procesos de evaluación como los incluidos en las becas de exclusividad y de posgrado.

En el curso de la demanda, y antes de ella, estos académicos tuvieron que batallar durante meses para encontrar la instancia competente para darle atención; aprendieron también que, contra lo esperado, el departamento jurídico de un organismo público como el Instituto de Educación Básica está fundamentalmente para defender las posturas de la autoridad, y no tanto para educar a trabajadores y autoridades en el respeto de la normatividad educativa.

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