* Persisten en el Ejército impunidad y corrupción, afirma el militar preso

El secretario de la Defensa es casi un Dios: Gallardo

Jesús Aranda * Las paredes grises del módulo de presos aislados y la deprimente sensación de encierro del lugar contrastan con la sonrisa y la seguridad del general José Francisco Gallardo, quien se mueve ''como pez en el agua'' en esta prisión civil Neza-Bordo, a la cual llegó en mayo pasado a solicitud expresa de la Sedena.

Vestido con el uniforme reglamentario del penal -pantalón caqui y camiseta blanca- el militar vive una nueva etapa en su encierro, que comenzó el 9 de noviembre de 1993 en la prisión del Campo Militar Número Uno, pero mantiene su convicción porque se reforme la legislación castrense ''para terminar con la impunidad, corrupción y violación a los derechos humanos, situación que es solapada por un sistema vertical en donde el secretario de la Defensa es casi un Dios''.

En entrevista con La Jornada, Gallardo advierte también sobre la creciente influencia del titular de la Defensa Nacional en diferentes aspectos de la vida nacional, uno más es la integración de casi cinco mil militares a la Policía Federal Preventiva (PFP), como en su momento ha sido la participación de miembros del Ejército en la Procuraduría General de la República, en las procuradurías y policías estatales y municipales, además de los escoltas y ayudantes que proporciona a los principales funcionarios de todo el país.

''El secretario de la Defensa tiene permeada a prácticamente toda la sociedad'', lo cual no puede tomarse de manera alguna como un avance en la vida democrática nacional, alerta el militar.

El general (Enrique Cervantes), añade, es quien ordena todos los movimientos y cambios importantes que afectan a los efectivos castrenses, y está también ''necesariamente'' al tanto de los negocios particulares con que lucran militares en activo en detrimento de la institución.

Víctima de la llamada ''justicia de mando'', ya que para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las sentencias dictadas en su contra el año pasado por la justicia castrense no hacen más que confirmar que se trata de un ''prisionero de conciencia'', el impulsor de la idea de crear un ombudsman militar indica que la corrupción que priva en el instituto armado se origina en la ''falta de democracia y excesivo poder'' en manos del titular de la Defensa.

Sentado en un banco metálico que tiene en su pequeña celda y rodeado de al menos ocho dibujos de su hija Jéssica, de nueve años de edad, Gallardo evita las comparaciones con el también preso teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, dirigente del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), y respetuoso señala que él no ha claudicado en sus ideales porque está convencido de que tiene la razón y por el apoyo que ha recibido a lo largo de estos últimos años de parte de su esposa y sus cuatro hijos.

Desea volver a la prisión castrense

Durante la conversación es difícil centrar la plática, porque las anécdotas y las vivencias de este militar fluyen constantemente. A pesar de que se encuentra ''cómodo'' en la prisión Neza-Bordo y que por el hecho de estar aislado -en su módulo la gran mayoría son policías, cuya integridad estaría en peligro si estuvieran con presos comunes- vive con una relativa privacidad, Gallardo mantiene su exigencia de que se le devuelva a una prisión castrense. ''Soy militar y nunca dejaré de serlo'', enfatiza quien en unos cuantos meses se ha sabido ganar la amistad y confianza de internos y custodios.

El general insiste en la necesidad de que las fuerzas armadas sean radicalmente transformadas, que termine el fuero de guerra, que se elija a un civil como secretario de la Defensa Nacional y comandantes en jefes de las tres fuerzas (Marina, Ejército y Fuerza Aérea); además, que el titular de la Defensa Nacional rinda cuentas ante el Congreso y que haya control efectivo sobre el gasto presupuestal de los militares.

Aun cuando subraya la necesidad de los cambios, y la urgencia de llevarlos a cabo, Gallardo advierte que el cambio debe darse, ''como lo dijo (Manuel) Camacho Solís, sin rupturas''.

Por otra parte, indica que las acusaciones en su contra, por las que fue sentenciado a 28 años de prisión -enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, etcétera-, tienen su origen no sólo en el descontento de los mandos superiores por su teoría del ombudsman militar, sino también por no hacerse cómplice de los diferentes jefes que tuvo en el Ejército.

En su celda, que refleja el orden del morador, Gallardo invita un café y recuerda el día que asumió la comandancia del criadero de caballos de Santa Gertrudis, en Chihuahua: ''Vi que sobre mi escritorio había varios sobres, por lo que le pregunté a mi secretario particular de qué se trataba. Este contestó que era la colaboración de personas que tenían diversos negocios, como vender comida y refrescos en el cuartel. Al día siguiente, los cité y les dije que recogieran su dinero y que tenían un mes para desmantelar sus negocios. Más tarde, en el primer encuentro que tuve con el entonces comandante de la Región Militar de Chihuahua, general Mariano Ortiz Salgado, me preguntó si no había olvidado nada. Finalmente, me dijo que le tenía que entregar la cuota del criadero, porque él tenía que repartirlo entre su gente. Esa es una pequeña muestra de los negocios solapados por la autoridad a cambio de dinero''.

El militar tiene dos repisas en su celda en las que sobresalen libros de ciencia política; también cuenta con una pequeña despensa que le basta para prepararse sus alimentos. A diferencia de la prisión militar, aquí posee una pequeña televisión blanco y negro y una radio que le permiten estar al tanto de lo más importante que pasa en el país.

Parece mentira, pero en el módulo los presos tienen un teléfono público a su disposición, mientras que en la prisión militar lo dejaban hablar una sola vez al día y eso con la plena certeza de que las llamadas eran intervenidas. No obstante, el militar extraña su ambiente e insiste en su derecho a permanecer en una prisión castrense en tanto la justicia federal reconoce plenamente su inocencia.

Para Gallardo, la corrupción de los mandos superiores del Ejército tiene también su origen en la promoción discrecional de los oficiales por capricho o mandatos del titular de la Defensa Nacional. Esta situación se refleja por ejemplo, dice, en que la actual legislación militar no prevé que los solicitantes de ascensos tengan que haber servido necesariamente en filas.

Hace tiempo, añade, los militares tenían que dejar los escritorios, las oficinas y sus comisiones en el Estado Mayor Presidencial para encuadrarse en las unidades de tropa, lo que permitía una ''retroalimentación'' entres los integrantes de las fuerzas armadas y no como ahora, que muchos oficiales son ascendidos sin mérito propio, dejando de lado a los que están en la sierra luchando contra el narcotráfico o en diferentes campañas. Esta situación ha generado no sólo descontento sino ''laxitud'' en la disciplina castrense, afirma.

El propio general Cervantes, indica, tuvo un ascenso ''meteórico'' gracias a que fue ayudante del general Marcelino García Barragán, ''el último secretario de la Defensa táctico'', y de ahí fue escalando posiciones sin tener méritos militares. ''Yo reto al general Cervantes a comparar nuestra trayectoria militar para dejar en claro quién fue favorecido y quién ascendió por méritos propios'', dice. A partir de Juan Arévalo Gardoqui y siguiendo con Antonio Riviello Bazán, añade, llegaron al poder castrense los diplomados de Estado Mayor y con ello la distorsión en ascensos y en la disciplina del Ejército.