* Imposible, validar clases extramuros: Magna Asamblea por la Dignidad

Impugnan académicos la denuncia contra paristas

Karina Avilés * La Magna Asamblea Académica por la Dignidad Universitaria advirtió que la denuncia presentada por los juristas Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas es "jurídicamente improcedente" y, además, "es producto de una histeria de la clase en el poder para amedrentar al movimiento estudiantil". A su vez, denunció que la Defensoría de los Derechos Universitarios no tiene atribuciones para dar validez a las clases extramuros, que ni siquiera han cubierto el 85 por ciento mínimo que establece la legislación universitaria para el cumplimiento de los programas académicos.

Emplazó a Burgoa y Carrancá a presentar las denuncias correspondientes sobre los "métodos violentos" que en forma sistemática ejercen las autoridades universitarias, como la creación de corporaciones policiacas dentro de la institución, el espionaje político y las atribuciones que elementos de Auxilio UNAM se toman "para ejercer funciones de policía preventiva y ministerio público", acciones que rompen con la normatividad de la máxima casa de estudios y del país.

Consideró como "un ultimátum" contra los paristas la decisión de la Comisión de Encuentro de no acudir a un quinto acercamiento hasta que el CGH responda favorablemente a su propuesta de agenda y formato de diálogo. Y añadió que si las autoridades de la UNAM tuvieran voluntad política, el rector, como "presidente del Consejo Universitario (CU), tiene la atribución de citarlo" para dar una respuesta a las demandas de los huelguistas.

En ese sentido, afirmó que las autoridades universitarias prácticamente niegan la posibilidad de debatir sobre temas fundamentales, "como las reformas del 97", al argumentar que rebasan el marco institucional.

Acusó que Francisco Barnés de Castro "no ha estado interesado en comunicarse con miles de profesores, pues no ha recibido a muchas comisiones, más que a la de Carrancá y Burgoa".

En conferencia de prensa, los profesores Arturo Lomas y Sergio Díaz Ramírez, de la FES Zaragoza; Rosa María Villavice ncio y María Gabriela Camacho, del CCH Sur; Javier Aguilar, del Instituto de Investigaciones Sociales, y Delia Selene de Dios y Leonardo Figueiras, de la Facultad de Ciencias Políticas, señalaron que la estructura normativa, la ley orgánica, así como los estatutos y reglamentos de la universidad "son parte de la herencia del autoritarismo presidencialista y no es cierto que respondan a una estructura académica; son resabios del corporativismo que creó privilegios para la casta burocrática que hoy día es un obstáculo para el desarrollo de nuestra universidad".

En cuanto "a la alocución del secretario general de la UNAM, Xavier Cortés Rocha, sobre la Defensoría de los Derechos Universitarios, afirmamos que ésta no tiene atribuciones para dar validez a las clases extramuros", señalaron.

Y explicaron que, de acuerdo con el estatuto y reglamento de la defensoría, ese órgano tiene "por finalidad recibir las reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros del personal académico de la UNAM", por lo que se excluyen de su competencia "las afectaciones de los derechos de carácter colectivo y los de naturaleza laboral".

Por otra parte, dijeron, las actas de las calificaciones carecen de sustento académico: "Administrativamente pueden ser papeles oficiales, pero no certifican el cumplimiento de los programas académicos, ni siquiera el 85 por ciento mínimo que se establece en la legislación universitaria para el cumplimiento escolar. Razón que objetamos para atribuirles real validez".

Sobre la denuncia presentada ante la PGR por los abogados antes mencionados junto con otros profesores, dijeron que "jurídicamente es improcedente", ya que no se puede acusar a los paristas de "despojo", porque ellos también forman parte de la universidad y, además, se les pretende sancionar por una aspiración legítima.

Por su parte, Delia Selene de Dios planteó, a manera de hipótesis, que el modelo aplicado desde tiempo atrás en la universidad tenga como objetivo probar tanto una serie de fenómenos en la sociedad como la capacidad de resistencia, inteligencia y organización de la misma para resolver los conflictos.