Masiosare, domingo 18 de julio de 1999


Elecciones
bajo sospecha


Alberto Aguirre M.


Al fin de exorcizar al fantasma del descrédito, Cuauhtémoc Cárdenas pidió el domingo 11 a los 71 presidentes municipales perredistas en Veracruz que el próximo 25 de julio estén ``muy pendientes'' del desarrollo de la elección interna de su partido. El jefe de Gobierno -que se reunió en Xalapa con alcaldes de su partido, del PT y de Convergencia por la Democracia- dijo que espera que no haya problemas después de la jornada electoral por la organización desplegadaÉ pero no escatimó ``contribuciones externas'' para darle certidumbre al proceso. Públicamente se desconoce si Cárdenas ha solicitado a los delegados del Distrito Federal lo mismo que a los alcaldes veracruzanos, pero sus palabras en Xalapa dieron cuenta de la preocupación que existe para evitar un tropiezo como el del 14 de marzo.

La reposición del procedimiento para elegir a la nueva directiva y al Consejo Nacional perredista se ha visto ensombrecida por nubarrones de división y corporativismo. La primera etapa del proceso corrió en medio de una espiral de acusaciones en contra de la planilla 9, que encabeza la senadora Amalia García, a la que los demás contendientes impugnaron, porque al registrarse habría violado disposiciones estatutarias.

En las semanas siguientes, partidarios de García pusieron en duda las promesas de su principal contrincante, el también senador Félix Salgado Macedonio, de respetar los resultados de la votación.

El temor es que Salgado -tozudo protagonista de las últimas contiendas electorales en Guerrero- arme un sainete. Asimismo, de acuerdo con información interna del PRD, cerca de 80% de los votantes que se espera participen en la jornada electoral ya tienen su voto comprometido con alguno de los candidatos, particularmente con García, Salgado e Ifigenia Martínez.

Ellos -según las fuentes consultadas- obtendrían 55, 35 y 10% de las preferencias, respectivamente. Más allá del protagonismo de los contendientes, existe el temor sobre la aparición de los mapaches amarillos que echarían a perder todo. Por eso, la preocupación de Cárdenas y del alto mando perredista. Si la semana siguiente al domingo 25 es de unidad y coherencia, el partido saldrá ganando.

Sea cual fuere el resultado de la elección, será el as bajo la manga del PRD en las negociaciones que corren por la construcción de una alianza opositora para el 2000, y -si ésta no se da- la tarjeta de presentación de su candidatura presidencial.

Como para Montiel las ratas, en el PRD los mapaches amarillos no tienen derechos, porque ``son alimañas (que no animales) que deben ser vetados y botados de todo proceso electoral''.

Tal premisa se enuncia en un folleto elaborado por la Secretaría de Comunicación del CEN del PRD para fomentar la incorporación de jóvenes a su sistema de observadores electorales y que sirve también para consignar la preocupación que existe por el desarrollo de los nuevos comicios.

``El ejercicio de la democracia, que tanto trabajo nos está costando aplicar, requiere de un cierto aprendizajeÉ Hay que evitar que alguien caiga en la tentación de querer alterar el resultado de las mismasÉ A los mapaches amarillos ``¡démosles montón y luego paredón! ¡No permitamos que la cultura priísta del fraude nos gane la batalla!''.

Obsesionado en el control de las plagas, el CEN del PRD habilitó un sistema de vigilancia para el domingo 15.

Construido a partir de una propuesta de Pablo Gómez, el sistema constará de 11 mil ``observadores'' que -por duplas- velarán las casillas.

Los ``observadores'' serán muchachos menores de 21 años que reportarán los resultados directamente a un centro de cómputo que se instalará en la sede nacional del partido y eventualmente estarían informado sobre anomalías o incidentes graves.

La paradoja: en la habilitación de ese sistema, el CEN del PRD erogará 9 millones de pesos -uno más que lo presupuestado para realización del proceso-, mientras que a cada planilla le dieron 30 mil pesos para sufragar los gastos de campaña.

La eliminación del ruido

Pareciera que nada cambió.

Como el 14 de marzo, son nueve las planillas inscritas en la competencia por la presidencia y la secretaría general; el Consejo General del Servicio Electoral (CGSE) y la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) prácticamente funcionan igual: el presupuesto para reponer el procedimiento -8 millones de pesos- fue idéntico.

Pero las cosas no serán iguales el domingo 25.

Para frenar a los mapaches amarillos, se establecieron cambios que van desde aspectos apenas perceptibles -como la ampliación (en una hora) del horario de votación, la impresión de boletas en tamaño media carta o la maquila de urnas electorales con el logotipo del partido- hasta cuestiones de fondo.

Las más importantes:

- Se habilitarán 5 mil 185 casillas, mil menos que en la elección del 14 de marzo. En cada casilla habrá un máximo de 600 boletas.

- El padrón de afiliados del PRD ya no fue considerado para la instalación de las casillas. Se estrena un criterio para su instalación: abrirá una casilla en lugares donde hubo más de 200 votos para el

PRD en la última elección constitucional. En la elección anterior, hubo una casilla en las secciones electorales donde había hasta 500 afiliados.

- Se crearon los Comités Regionales del Servicio Electoral, que supervisarán el trabajo en zonas con municipios y menos de 15% de los funcionarios electorales que estuvieron el 14 de marzo permanecen en sus cargos.

- Como en la elección pasada, funcionará un Programa de Resultados Preliminares (Prep) con datos que se originen en los comités electorales. El mismo domingo 25, habrá información de 60% de las casillas. Y tres días después, de más de 95%.

Todos esos cambios son resultado de la reforma al Reglamento General de Elecciones Internas, ejecutada en el último pleno del Consejo Nacional del PRD, ya en la presidencia interina de Pablo Gómez.

Precisamente fue Gómez quien propuso y redactó la mayoría de estas modificaciones, que más allá de la técnica se centran en dos aspectos esenciales:

- Al desvincularse la ubicación de casillas del padrón de afiliados, ya nadie tendría interés en engrosar la lista para sacar ventajas electorales.

- En la elección pasada, las planillas se esforzaron por controlar al aparato electoral en los estados. Esto era posible porque los comités del servicio electoral eran nombrados por los consejos estatales, también dominados por las corrientes. Esta vez, los funcionarios electorales debieron ser propuestos y luego seleccionados ``sobre la base de su imparcialidad y honestidad''.

La apuesta del CEN que encabeza Gómez es que el proceso se desarrolle con tranquilidad y alejado de sospechas.

``Mucho más que la tranquilidad nos interesa la transparencia'', ha dicho el presidente interino.

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Debido a los nuevos criterios, en Sonora, Hidalgo, Chiapas y Michoacán apenas se instalarán poco más de la mitad de las casillas que se habilitaron el 14 de marzo. El caso extremo ocurrió en Sinaloa, donde habrá 99 casillas, 276 menos que en la elección pasada.

El dato es relevante en las entidades de mayor concentración de votantes. En el estado de México y Tabasco la disminución fue de 15%, mientras que en Jalisco, Chiapas, Puebla y Oaxaca alcanzó 35%. Pero en el Distrito Federal y en Michoacán, el incremento es notorio (25 y 50%, respectivamente).

En las entidades mencionadas -10 en total- se dieron casi 65% de los votos de la elección de 14 de marzo.

¿Existe alguna relación entre la disminución de las casillas y el registro de anomalías?

Aparentemente sí, según consta en el informe que el Comité General del Servicio Electoral (CGSE) entregó al Consejo Nacional del PRD en abril pasado.

Ese documento enlista las entidades con más irregularidades, que se pueden dividir en dos grupos:

- Estados con más de 40% de casillas irregulares: Chihuahua (82), Durango (63), Tamaulipas (50), Campeche (48), Querétaro (45), Puebla (42) e Hidalgo (41.5).

- Estados que tienen entre 20 y 40% de casillas irregulares: estado de México (39.3), Tlaxcala (37.1), Nayarit (36.6), Sinaloa (34.3), Guerrero (32.6), Sonora (32.3), Michoacán (29.8) y Distrito Federal (26.6).

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El diagnóstico después del 14 de marzo era inequívoco: había que cambiar ``de tajo'' el reglamento de elecciones y armar una estructura ``imparcial'' de organización electoral para tener un proceso sin máculas.

De inmediato, Pablo Gómez instrumentó la primera parte. La segunda estuvo a punto de fracasar, luego de la intentona de los principales damnificados de la elección anulada -Ortega, Amalia y Saucedo- para destituir a los integrantes del CGSE.

Ellos sobrevivieron a los embates y a una parte del descrédito.

Al paso del tiempo ``hemos mantenido una actitud rigurosa de no aceptar presiones y logramos ser impermeables a las críticas injustificadas'', sostiene José Barberán, presidente del organismo.

Las presiones fueron una constante en estas semanas de preparación electoral, acepta.

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Si el PRD nuevamente falla en su elección interna, el PAN no irá a una elección primaria en la que eventualmente se elegiría a un candidato común de la oposición a la Presidencia de la República, ha dicho el líder nacional del blanquiazul, Luis Felipe Bravo Mena.

El resultado de la elección del 25 de julio -acepta Barberán- trasciende el ámbito interno.

``Vamos a probar si el método democrático funciona para nosotros, para los partidos en general, para los sindicatos... el ruido nacional que el PRD ha hecho con sus problemas electorales demuestra que aunque sea una ruta compleja es una ruta necesaria''.

Y confía en que este ``será un proceso ordinario, en el que la discusión real será sobre la política, sobre los resultados políticos de la elección: ganó X o Y, que implica esto. Las impugnaciones pasarán a un segundo plano''.

-¿Y los mapaches amarillos?

-Muchos de ellos están en las listas de la Comisión de Garantías, más ocupados en defenderse que en operar..



¿Un perfil tropical?

Opuesto a todo lo que huela a cardenismo, Porfirio Muñoz Ledo ya se declaró en contra de las ``importaciones tropicales'' y censuró a quienes promueven la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno del Distrito Federal.

El nombre del ex dirigente nacional del PRD ha comenzado a sonar con insistencia en la perspectiva de la competencia electoral del 2000.

El y la senadora Amalia García son los personajes perredistas que atraen más a los electores capitalinos (ambos están muy por encima de Rosario Robles, Pablo Gómez y Demetrio Sodi de la Tijera en los sondeos de opinión que se conocen).

Las primeras manifestaciones en favor del tabasqueño se dieron en el seno de la Asamblea Legislativa. Allá también se corrió la especie de que López Obrador no cumpliría con el requisito de cinco años de residencia que estipula el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para aquéllos que aspiren a un cargo de elección popular y no hayan nacido en la capital del país.

Colaboradores cercanos al ex dirigente perredista recuerdan que justo hace diez años, cuando era funcionario del Instituto Nacional Indigenista, adquirió un departamento de interés social en una unidad habitacional aledaña a Ciudad Universitaria, por lo que no hay ningún impedimeto.

Y de todo esto, ¿qué ha dicho el dirigente tabasqueño?

Ni sí ni no, respecto de las invitaciones que le han hecho.



El pacto que no fue

Habilitar un ``taller de discusión'' (que sesione tres veces por semana) para analizar los temas más relevantes del ámbito interno del partido y del ámbito nacional, como la intervención del IPAB en Serfin, la alianza opositora en el 2000, el problema de la UNAM, la militarización de los órganos de seguridad pública, el conflicto en Chiapas y la reforma electoral federal.

- El compromiso explícito de garantizar que la elección interna ``se realice con apego a la legalidad y transparencia, evitando cualquier práctica que pueda sembrar dudas''.

- La promesa de no ventilar en la prensa las impugnaciones que fueran producto de la jornada electoral.

- Un acuerdo para no adelantar públicamente ningún resultado electoral.

Esos eran los puntos centrales de la Propuesta de acuerdo entre las planillas para dar certidumbre al proceso electoral y limpiar la imagen del PRD, que la planilla de Amalia García remitió a los demás contendientes en el proceso.

Para ayudar en la construcción de este pacto, el Comité General del Servicio Electoral se ofreció como garante del acuerdo.

Ninguna de las planillas respondió de manera positiva.

En el caso de Félix Salgado, la respuesta fue contundente: ``No vamos a caer en engaños ni vamos a dejar que nos utilicen para legitimar su participación en la contienda''.

De cualquier modo, comentó José Barberán, estos acuerdo sirven de poco cuando se registran violaciones estatutarias.