Si creyéramos lo que dicen las autoridades ambientales: en México la contaminación por plomo no existe, es un invento de la gente que los medios magnifican...

A principios de este mes, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León sostuvo por segunda ocasión no haber detectado irregularidades con emisiones de dicho metal en la empresa Pigmentos y Oxidos (Pyosa). Ubicada en la colonia Balcones de Anáhuac, del municipio metropolitano de San Nicolás de la Garza, dicha fábrica fue señalada hace meses como responsable de los altos niveles de plomo encontrados en las niñas Nitzi Nicté y Miriam Elizabeth Zepeda, gracias a estudios realizados por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad de Nuevo León. Por su parte, la Secretaría de Salud del estado dijo que las dos menores lo que tenían eran "síntomas de una deficiencia congénita". Además, que los análisis realizados a 112 personas residentes cerca de la empresa citada, mostraban un estado ambiental satisfactorio para áreas urbanas y niveles de plomo por abajo de la norma. De todas formas, y para disipar dudas, anunciaron otro estudio.

Los resultados de la nueva investigación no dejaron ya duda alguna: sí hay contaminación por dicho metal y afecta a los habitantes de la zona donde se ubica Pyosa. De las muestras sanguíneas tomadas a 255 personas, 120 resultaron por encima de la norma. Por ello, las autoridades de salud estatal denunciaron el caso a la Profepa, a fin de que tome las acciones necesarias y se controlen las fuentes de contaminación.

De inmediato, los dueños de la empresa negaron ser los causantes del mal. La negociación es propiedad de una poderosa e influyente familia: los Fernández Garza, de la cual el padre y sus tres hijos son bien conocidos: el primero es uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Nuevo León; su hijo Mauricio, senador por dicho partido y polémico presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados; Alejandra, lideresa del blanquiazul en Nuevo León, y Alberto, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), muy citado en las últimas semanas por su propuesta de cerrar varios años la universidad y así terminar el conflicto que ahora vive nuestra máxima casa de estudios.

En un comunicado, la empresa sostuvo que siempre ha cumplido con las normas ambientales vigentes y tiene tecnología de Primer Mundo, moderna. Lo anterior no es cierto: hasta la Profepa reconoce haber clausurado Pyosa en cinco ocasiones, además de imponerle multas por más de 250 mil pesos en los últimos seis años por las irregularidades que detectó en su funcionamiento. En la larga cadena de violaciones a la legislación ambiental sobresalen haber dispuesto en sitio inadecuado cerca de 2 mil toneladas de escorias de plomo y desechos de la industria de colorantes, y tener el año anterior tres fugas de sustancias que causaron pánico entre la población y obligaron a evacuar a decenas de familias. Ahora, la empresa también deteriora con plomo, algo que las autoridades jamás detectaron ni reconocieron hasta que las evidencias fueron inocultables.

El asunto no solamente muestra la falta de control de varias dependencias estatales y federales sobre dicha empresa, sino que adquiere tintes políticos por los importantes cargos que desempeñan sus dueños y porque grupos ciudadanos denuncian que a la familia Fernández Garza la protege el gobernador Fernando Canales Clariond, dueño de negociaciones igualmente contaminantes, como la LTH. Agregan que hay muchas otras fábricas en la zona metropolitana de Monterrey que violan la legislación ecológica vigente y gozan de protección oficial.

En estos días, más de 500 personas que habitan cerca de Pyosa serán sometidas a análisis para ver el nivel del plomo en sus organismos. Ojalá en otras áreas industriales de Monterrey y su área conurbada, donde se sabe hay fuentes contaminantes, también se proceda a investigar el estado que guarda el ambiente y la salud de la población. Seguramente, las sorpresas serán mayúsculas. Y se sumarán a la sorpresa mayúscula que nos revela el caso Pyosa: el contubernio entre las autoridades federales, estatales y municipales y cuatro distinguidos e influyentes hombres de negocios, militantes de prosapia del partido que promete acabar con la impunidad y resolver los problemas más fuertes que hoy tiene el país.