* Ebrard: los contribuyentes pagarán 80 centavos de cada peso

El quebranto, por "errores" del gobierno

Antonio Castellanos * El reporte de Michael Mackey sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) permite concluir que la crisis bancaria "se derivó de errores de política gubernamental y no de hechos fortuitos e impredecibles", afirmó el diputado independiente Marcelo Ebrard. Advirtió: "El impacto del rescate y los intereses asociados colocan a las finanzas públicas en una situación precaria y llevarán a presiones severas en los próximos años". Y agregó: "Al final del día, 80 centavos de cada peso del rescate será pagado por los contribuyentes".

El legislador consideró que en todo el proceso hubo "amplia discrecionalidad": capitalización diferencial, compra de cartera, inyección de efectivo y amplios márgenes de abuso y corrupción. Los casos concretos fueron los de Serfin, Unión y Bital. "Es claro que se engañó al Congreso y no se rindió cuentas ante la sociedad".

A juicio de Ebrard, quien formó parte del Comité de Seguimiento a las Auditorías del Fobaproa, el gobierno federal impuso, por sus errores de conducción económica, enormes costos de oportunidad a la actual generación de mexicanos. "Hemos perdido una década y se ha comprometido de manera sustancial el ahorro y el consumo de las siguientes generaciones".

Lo anterior debe conducir a la alternancia en el poder en el 2000, para implantar otro programa de gobierno y recuperar la potestad de exigir cuentas a quienes gobiernan, porque la respuesta a la crisis bancaria fue triplicar la deuda. Es decir, se transfirió el costo de deudores al conjunto de contribuyentes.

Planteó que en todo ese proceso "hubo manga ancha para los bancos contra el fisco: no se previó administración de activos, las operaciones de compra de cartera no se filtraron (cambio de clasificación), se aceptó pérdida fija a los bancos y se usó el modelo de intervención más caro. Al respecto, sostuvo que habría sido más barato cerrar bancos.

Manifestó que el proceso de privatización fue equivocado, porque careció de transparencia, favoreció indebidamente a grupos económicos de dudosa autoridad moral y se admitió de manera generalizada que los compradores de los bancos emplearan un porcentaje elevado de crédito interbancario en las operaciones.

Además, se pasó por alto la utilización de accionistas para la obtención de créditos colaterales y se subestimó consistentemente la inexperiencia de varios grupos de ganadores. "Por si todo ello fuese poco, se puede decir que el capital aportado en la privatización lo usó el gobierno federal en pago de deuda, cuando debió haberse considerado que una parte permaneciera en el sistema financiero".

Indicó que en el periodo 1991-1994 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ejerció su función de supervisión sobre el sistema financiero, y el Banco de México también "dejó pasar las cosas".

El crédito, agregó, se expandió a tasas sin precedente en un ambiente de no supervisión, con el resultado de que los niveles de riesgo de la banca se incrementaron también a niveles sin precedente. Eso queda demostrado en el reporte Mackey, en el que se establece que los bancos cometieron numerosas irregularidades permitidas por las autoridades competentes.

Destacó que durante la crisis que estalló en diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo resolvió elevar las tasas de interés a más de ciento por ciento, y condujo al país a la más severa caída del producto interno bruto en la historia moderna de México. Ello, subrayó, fue producto de decisiones gubernamentales equivocadas a lo largo de 1994 y la impericia característica de la actual gestión.

Añadió que el famoso efecto tequila fue producto de decisiones internas y no de un shock imprevisto del exterior. Una vez estallada la crisis era tan sólo cuestión de tiempo que una banca como la mexicana, con altos niveles de riesgo, "se colapsara". Esto es, se generó un grave problema para el repago de deudas y la contracción económica hizo el resto.

Entre 1995 y1997, 14 de 18 instituciones "se colapsaron", y las restantes tuvieron que recibir apoyos significativos paras salir a flote. Desde entonces, la economía mexicana ha funcionado sin crédito ni sistema financiero.

Marcelo Ebrard explicó que el rescate fue tardío. Eso implicó costos adicionales, y cuando al fin se resolvió entrar en un rescate bancario masivo, en el primer trimestre de 1996, se optó por la vía más onerosa para el erario público.

ƑQuién es Michael Mackey?

El canadiense Michael Mackey, quien auditó las operaciones del Fobaproa cobrando por ello 20 millones de dólares, es un especialista en la atención a instituciones financieras con problemas y ha intervenido en varios países, entre ellos Islas Caimán, Tailandia, Hong Kong, México, Inglaterra, Pakistán y Estados Unidos.

Es responsable de la mayor liquidación bancaria en la historia, además de haber participado en investigaciones sobre el crimen organizado y modalidades de lavado de dinero a través de instituciones financieras. Se desempeñó como oficial en cargo de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Real Policía Montada y fue líder del equipo que elaboró el acuerdo bilateral sobre crimen organizado entre Rusia y Canadá.

Los últimos siete años, Mackey ha supervisado procesos de liquidación e investigación, ha intervenido como negociador con Washington y dirige un equipo de 200 profesionales de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Hong Kong, Singapur y Tailandia.

Los costos del salvamento

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda entregada al Congreso, el costo fiscal del rescate bancario se ubicó en marzo de este año en 688 mil millones de pesos, mientras que en diciembre de 1998 era de 661 mil millones de pesos.

El incremento, derivado de la aplicación de los intereses a los pagarés entregados por el Fobaproa a los bancos, significa que cada trimestre el costo fiscal que deberá ser cubierto por los contribuyentes aumenta en un monto promedio de 27 mil millones de pesos.

Es decir, que la deuda del Fobaproa se eleva a un ritmo promedio de 300 millones de pesos diarios; 12.5 millones de pesos por hora o, si se prefiere, 208 mil 300 pesos (equivalentes a 6 mil 127 salarios mínimos) por segundo.

A fines de junio, la firma estadunidense Standard & Poor's, una de las principales calificadoras de valores en el mundo, calculó que el costo fiscal del rescate al cierre del primer semestre de este año era de 840 mil millones de pesos, 20 por ciento del PIB.

Los 840 mil millones de pesos equivalen al gasto total del gobierno federal en educación durante siete años. La suma es similar a 18.4 veces el gasto gubernamental para financiar todos los programas públicos de combate a la pobreza extrema, o al presupuesto de la UNAM durante 94 años, y representa 7.8 veces el valor del sistema bancario nacional.

Así, cada uno de los 5.5 millones de contribuyentes registrados en el país, cuyos impuestos serán empleados para financiar el rescate, tienen una deuda de 157 mil 727 pesos, que crece cada segundo por los intereses que generan los pagarés emitidos por el Fobaproa.