CULMINACION DEL SAQUEO

El reporte entregado ayer por el auditor Michael Mackey al comité legislativo de seguimiento a las auditorías del Fobaproa presenta numerosos señalamientos que harían obligada una investigación contable, fiscal y judicial de gran escala en torno a las irregularidades, las ilegalidades, las impericias y las negligencias con que se emprendió la privatización de los bancos, en el sexenio anterior, y su rescate, en el actual.

Sin embargo, los integrantes panistas y priístas del comité mencionado están a punto de consumar la operación de cobertura legal al más cuantioso desfalco que haya sufrido la nación en toda su historia. Ante la inexistencia de argumentos mínimamente verosímiles para hacer caso omiso del cúmulo de acusaciones que pueden desprenderse del informe de Mackey, tales legisladores parecen dispuestos a eludir el tema en una reunión plenaria de la Cámara de Diputados y a enviar al IPAB el documento del auditor canadiense, en varios de cuyos pasajes se desmiente los alegatos de la Secretaría de Hacienda según los cuales el rescate financiero de los bancos privados iniciado en 1995 se caracterizó por "el estricto apego a derecho".

En términos de procedimiento, ese sería el carpetazo final a las gestiones para esclarecer el destino de los cientos de miles de millones de pesos perdidos, dilapidados, robados, defraudados o donados a las campañas electorales priístas de 1994. El país y sus habitantes se ven enfrentados, así, a la perspectiva de la impunidad legalizada ųpor la vía del "secreto bancario"ų y a la obligación de pagar 80 centavos de cada peso invertido en la puesta a flote de unos bancos incapaces de cumplir con sus tareas básicas para con la economía nacional.

La magnitud de los recursos públicos malbaratados o desviados en el rescate bancario ųequivalentes al presupuesto de educación de todo un sexenioų es tan indignante como asombroso resulta el descaro del grupo gobernante y de sus aliados legislativos, empeñados en tapar los datos del escándalo, en negar un multimillonario quebranto a las arcas públicas que hipoteca nuestro futuro y en escamotear a la vista de la sociedad una montaña de podredumbre por demás inocultable.

Si las privatizaciones bancarias y el turbio manejo del Fobaproa se traducen en cuantiosos daños económicos, la actitud política de priístas y panistas en la investigación de tales hechos implica un severísimo daño a la credibilidad institucional, a la conciencia cívica y a los fundamentos de la vida política nacional. Los extremos de cinismo que se perciben ųpor ejemplo, entre otros muchosų en el ocultamiento, por parte de la Secretaría de Hacienda, de la información sobre los donativos de Banco Unión al PRI, propician la cultura de la impunidad, refuerzan la inveterada percepción de que los recursos nacionales son el botín de los políticos y desalientan las expectativas sociales de justicia, transparencia, rendición de cuentas y construcción de un estado de derecho.