* Irregularidades por más de $72 mil millones, calcula Mackey en su informe
Intervención ''inadecuada y tardía'' del gobierno incrementó el Fobaproa
* El rescate bancario se habría reducido si se hubiera permitido la quiebra de instituciones inviables
Ciro Pérez Silva y Roberto González Amador * La responsabilidad de que el rescate bancario en México se haya convertido en una de las operaciones de salvamento financiero más caras del mundo es atribuible a errores de las instancias gubernamentales encargadas del proceso, quienes aplicaron una política equivocada al mantener en operación instituciones de crédito inviables, concluye un reporte entregado ayer al Congreso.
El especialista canadiense Michael Mackey estableció en la auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que la intervención "inadecuada y tardía" de las autoridades responsables del sistema financiero provocó que el costo final del rescate bancario fuera innecesariamente mayor al que hubiera resultado de una actuación oportuna.
Destaca que el costo final del rescate bancario se habría reducido si las autoridades financieras hubieran optado por permitir la quiebra de las instituciones inviables, además de que cuestionó la efectividad de los programas oficiales de apoyo a deudores, al señalar que en lugar de intentar beneficiar a los deudores a través del Fobaproa, lo que representó un costo significativo, debió entregar los beneficios de manera directa y en efectivo a los acreditados.
En el informe ųproducto de seis meses de trabajo, con un costo de 20 millones de dólaresų, el auditor Mackey reportó irregularidades en las deudas asumidas por el Fobaproa por un monto de 72 mil 700 millones de pesos, de las cuales sólo 6 mil millones de pesos fueron calificadas como "ilegales". Todos los bancos del sistema traspasaron créditos irregulares, señala el documento.
El reporte de 240 hojas (en inglés) entregado ayer a los cinco miembros del comité de seguimiento a las auditorías del Fobaproa destacó que la política gubernamental de no cerrar los bancos inviables tuvo un significativo impacto en el sistema financiero y en su proceso de recuperación, y precisó que el costo asociado al cierre de esas instituciones hubiera sido menor que el de mantenerlas funcionando.
Explica que antes de la crisis de 1994 dos instituciones bancarias (Cremi y Unión) fueron intervenidas al detectarse operaciones fraudulentas. De acuerdo con el auditor, esos bancos debieron ser eliminados del sistema financiero en ese momento por las siguientes razones:
El costo asociado al cierre de los bancos hubiera sido menor que su rescate; los depositantes hubieran podido ser protegidos a pesar de las fallas de los bancos; se hubiera establecido una disciplina de mercado que disminuyera los incentivos para que otras instituciones cometieran las mismas irregularidades; debido a que el sistema bancario no se encontraba en un estado de crisis sistémica en ese momento, haber reconocido las fallas en esas dos firmas no hubiera provocado una corrida de capitales; si se hubieran protegido plenamente los intereses de los depositantes en 1994, se hubiera mitigado el temor de una pérdida de ahorros en el futuro y, por lo tanto, reducido la probabilidad de un retiro masivo de ahorros.
"Dados todos esos factores, hubiera sido más fácil cerrar o permitir la quiebra de esos bancos durante la crisis sin que ello causara una salida sistémica de capitales", señaló el reporte. Mackey insiste en que la política gubernamental de evitar el cierre de bancos inviables dio paso a un sistema en el que había más crédito disponible en comparación con el número de acreditados solventes, lo que aumentó las severas deficiencias en la asignación de préstamos que terminaron por incrementar los costos del Fobaproa.
Por no forzar el cierre de bancos inviables, la Secretaría de Hacienda contribuyó a que varios bancos que recibieron apoyos del gobierno siguieran operando con un pobre desempeño y dieran paso a una futura intervención de los mismos. De haber permitido que los bancos insolventes cerraran, se hubiera garantizado que las fuerzas del mercado actuaran para que se pudiera recuperar el mayor monto de cartera, disminuyendo así el costo asumido por Fobaproa.
El reporte entregado ayer señala que el costo fiscal del rescate bancario alcanzó, según estimación de Mackey, 633 mil 300 millones de pesos a junio de 1998, una cantidad superior en 87 mil 500 millones a la reportada en febrero de ese año. De acuerdo con el Fobaproa, al cierre del segundo trimestre de 1998, el costo para los contribuyentes del rescate bancario era de 576 mil 600 millones, 56 mil 700 millones menos que la cifra calculada por el auditor canadiense.
Una estimación realizada por la agencia calificadora estadunidense Standard & Poor's hace dos semanas ubicó el costo fiscal del rescate bancario en 840 mil millones de pesos, con cifras actualizadas hasta junio de este año.
El especialista menciona en el reporte que las causas de la crisis bancaria se remontan a la privatización de las instituciones, realizada entre 1991 y 1992 ųen el sexenio de Carlos Salinasų, un proceso en el que el objetivo del gobierno fue obtener el precio más alto por las ventas en lugar de asegurar que se estableciera en el largo plazo un sistema financiero sólido.
"La Secretaría de Hacienda pareció no reconocer las necesidades de regulación y supervisión requeridas en un sistema de bancos privatizados. Aún más, Hacienda estuvo al tanto de la falta de capital del sistema bancario al momento de su privatización, conocimiento que se volvió más evidente después de la devaluación de 1994, pero el problema de falta de capital tampoco fue resuelto en ese momento".
Mackey consideró que el Banco de México, de quien depende legalmente el Fobaproa, debió estar más al tanto y actuar oportunamente ante la falta de recursos del Fobaproa. Señala que se tomaron ciertas acciones durante 1995 y 1996, pero fueron insuficientes ante la magnitud del problema.
El reporte entregado a los diputados señala que la insolvencia e inviabilidad de muchas de las instituciones que obtuvieron apoyo a través de estos programas eran un serio problema. "La debilidad general en la supervisión (que es responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) que era inherente a la privatización, la reticencia del gobierno para permitir la quiebra de bancos insolventes y el retraso en identificar problemas significativos se combinaron para incrementar sustancialmente el costo de los programas bancarios administrados a través del Fobaproa".
Una de las razones de la pobre recuperación de préstamos en bancos intervenidos puede atribuirse, según Mackey, a la falta de directrices establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los interventores y al hecho de que el Fobaproa no haya tenido acceso directo a las instituciones intervenidas.
Explica que, por ejemplo, los bancos Cremi, Oriente, Obrero y Unión compartieron al mismo interventor. Los interventores fueron cambiados en cuatro ocasiones, lo que resultó en que cada banco tuvo su propio interventor, y en este sentido "el constante cambio de interventores afectó los esfuerzos de recuperación y las políticas de administración seguidas por los directivos de las instituciones y su equipo".
En los casos de los bancos Obrero, Oriente y Promex, la recuperación de préstamos se incrementó sustancialmente una vez que fueron transferidos a una entidad diferente, con lo que se demuestra que la ineficiencia y el costo de retrasar la solución de los activos se debió en parte al escaso perfil profesional de los liquidadores.
"Interventores profesionales hubieran reducido sustancialmente los costos de intervención. Los interventores no eran liquidadores profesionales, algunos recibieron un pago inadecuado por su desempeño y responsabilidades y no se provee de una protección legal por acciones del interventor, lo que coloca a los interventores en un riesgo financiero personal".
Operaciones reportables
El informe de Michael Mackey establece que 72 mil 700 millones de pesos, que equivalen a 12.6 por ciento del costo fiscal estimado por el gobierno a junio de 1998 ųfecha en que se realizó el corte de información para elaborar la auditoríaų, fueron transferidos de manera irregular al Fobaproa.
De esa cantidad, 24 mil 700 millones de pesos corresponden a préstamos que no cumplían el criterio establecido originalmente para ser adquiridos por ese fideicomiso gubernamental; otros 42 mil millones fueron transacciones en las que los bancos otorgaron préstamos a personas o entidades relacionadas con sus propios socios; y 6 mil millones de pesos son créditos que están siendo revisados por la CNBV y que podrían ser tomados como ilegales o ubicados como violatorios de las leyes y regulaciones del gobierno mexicano para las instituciones financieras.