* Hacienda y la CNBV permitieron operaciones ilegales, insisten deudores

Plantean posible investigación especial a Banco Unión

César Martínez Aznárez * La organización de deudores El Barzón propuso ayer que si las auditorías practicadas al Fobaproa no contienen información fidedigna y completa sobre las operaciones de Banco Unión, la Cámara de Diputados debe abrir una investigación especial sobre esa institución financiera.

Además, las violaciones que se cometieron a la Ley de Instituciones de Crédito, en operaciones mediante las que se traspasaron grandes cantidades de financiamientos a empresas inexistentes, socios y accionistas de instituciones bancarias, grupos económicos que recibieron préstamos sin garantías, así como a fideicomisos que beneficiaron a partidos políticos y empresarios, no hubieran sido posibles sin la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), denunciaron los barzonistas.

Por esa razón, exigieron que los titulares de esas dependencias en el momento del rescate, Guillermo Ortiz (hoy gobernador del Banco de México) y Eduardo Fernández, por la SHCP y la CNBV, respectivamente, deben ser juzgados penalmente por permitir esas transacciones ilegales.

Según los deudores, las auditorías deben constituir el primer paso "para fincar responsabilidades y establecer los castigos tanto a la autoridad como a los dueños de los bancos, los funcionarios de los comités de crédito y los grandes empresarios que se beneficiaron de las ilegalidades".

Añadieron que las auditorías también deben dejar en claro que los procesos que actualmente se llevan a cabo contra banqueros, en especial en los casos de Banco Unión, Banpaís y Confía, no han prosperado debido a errores y omisiones de las propias autoridades en la presentación de las denuncias y la integración de las averiguaciones previas.

Según El Barzón, lo que las autoridades han hecho en contra de algunos banqueros ųCarlos Cabal Peniche, Angel Isidoro Rodríguez y Jorge Lankenau Rochaų es una "persecución simulada".

Aseguraron que las auditorías deberían permitir que se detecten operaciones fraudulentas por miles de millones de pesos que fueron a parar al Fobaproa, pero en beneficio de empresas que hoy tienen los recursos suficientes para pagarlas.

A su vez, los deudores exigieron que el Instituto Federal Electoral (IFE) realice un descuento inmediato a las prerrogativas económicas del PRI durante 1999, por un monto de 40 millones de dólares, debido a los fondos que recibió de los bancos para sus campañas electorales y que terminaron en el Fobaproa.

Eugenio Navarro, integrante del Consejo Directivo de El Barzón, destacó la diferencia de trato que se ha dado a los deudores por parte del gobierno, para quienes no ha habido más que juicios injustos en contra de sus patrimonios, mientras que unos pocos banqueros se han quedado "con dinero a manos llenas".