* Descarta que se pueda enjuiciar a funcionarios
"Desilusionarán" a la oposición las auditorías, dice Provencio
César Martínez Aznárez * El resultado de las auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) va a "desilusionar" a los partidos políticos de oposición, porque no se desprenderán de ellas pruebas para enjuiciar a funcionarios públicos, como pretenden en una actitud que sólo busca satisfacer sus propios intereses, declaró ayer el vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marco Provencio.
El funcionario señaló que espera que la auditoría entregada ayer por el especialista canadiense Michael Mackey al Congreso de la Unión sea finalmente un reporte "equilibrado".
Dijo que será muy difícil sacar una conclusión inmediata y breve del mismo, porque "son de esos textos a los que habrá que dedicarle algún tiempo para poder entrar en su complejidad".
A pesar de que el gobierno aseguró que el Fobaproa no absorbería créditos quirografarios ni en Udi o en suspensión de pagos, o que exigiría un aporte del banco de un peso por cada dos de cartera que el fideicomiso les comprara, Provencio reconoció que finalmente no se cumplió con esas premisas y se compraron esos créditos debido a la profundización de la crisis económica que sobrevino durante 1995.
Admitió que las conclusiones de las auditorías incluirán un "universo bastante grande" de esas operaciones que serán presentadas por Mackey como expedientes a ser analizados, a las que el auditor llama transacciones "sujetas a reporto".
Sin embargo, Provencio aseguró que, si bien al inicio no se quiso absorber esos créditos por razones "técnicas", la decisión posterior de tomarlos no constituye nada ilegal, ni siquiera irregular.
Durante una entrevista radiofónica en el programa Cúpula empresarial, el vocero de la SHCP comentó que, "al parecer", las auditorías no mostrarán evidencias para que se inicien demandas penales en contra de los funcionarios públicos que participaron en los procesos de rescate financiero aplicados por el gobierno.
De acuerdo con Provencio, ese era el objetivo principal de algunos partidos políticos de oposición para que se llevaran a cabo las auditorías.
Remarcó que, en cambio, dichas auditorías deben permitir una evaluación general del sistema financiero, y no sólo pensando en su pasado, sino en la situación actual y en las acciones que se deben tomar para el futuro, en especial en las reformas a su marco legal.
De todos modos, aseguró que el gobierno ha precisado desde antes que los funcionarios o ex funcionarios y los banqueros o ex banqueros que hayan cometido algún delito deben ser juzgados dentro del marco legal vigente.
En ese sentido, resaltó que el propio gobierno inició más de 130 demandas penales en contra de más de 200 ejecutivos o empleados bancarios, incluidos 11 presidentes de consejos de administración, así como los sonados casos de Angel Isidoro Rodríguez, de Banpaís; Carlos Cabal Peniche, de Banco Unión, y Jorge Lankenau Rocha, de Confía.
* Hacienda y la CNBV permitieron operaciones ilegales, insisten deudores
Plantean posible investigación especial a Banco Unión
César Martínez Aznárez * La organización de deudores El Barzón propuso ayer que si las auditorías practicadas al Fobaproa no contienen información fidedigna y completa sobre las operaciones de Banco Unión, la Cámara de Diputados debe abrir una investigación especial sobre esa institución financiera.
Además, las violaciones que se cometieron a la Ley de Instituciones de Crédito, en operaciones mediante las que se traspasaron grandes cantidades de financiamientos a empresas inexistentes, socios y accionistas de instituciones bancarias, grupos económicos que recibieron préstamos sin garantías, así como a fideicomisos que beneficiaron a partidos políticos y empresarios, no hubieran sido posibles sin la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), denunciaron los barzonistas.
Por esa razón, exigieron que los titulares de esas dependencias en el momento del rescate, Guillermo Ortiz (hoy gobernador del Banco de México) y Eduardo Fernández, por la SHCP y la CNBV, respectivamente, deben ser juzgados penalmente por permitir esas transacciones ilegales.
Según los deudores, las auditorías deben constituir el primer paso "para fincar responsabilidades y establecer los castigos tanto a la autoridad como a los dueños de los bancos, los funcionarios de los comités de crédito y los grandes empresarios que se beneficiaron de las ilegalidades".
Añadieron que las auditorías también deben dejar en claro que los procesos que actualmente se llevan a cabo contra banqueros, en especial en los casos de Banco Unión, Banpaís y Confía, no han prosperado debido a errores y omisiones de las propias autoridades en la presentación de las denuncias y la integración de las averiguaciones previas.
Según El Barzón, lo que las autoridades han hecho en contra de algunos banqueros ųCarlos Cabal Peniche, Angel Isidoro Rodríguez y Jorge Lankenau Rochaų es una "persecución simulada".
Aseguraron que las auditorías deberían permitir que se detecten operaciones fraudulentas por miles de millones de pesos que fueron a parar al Fobaproa, pero en beneficio de empresas que hoy tienen los recursos suficientes para pagarlas.
A su vez, los deudores exigieron que el Instituto Federal Electoral (IFE) realice un descuento inmediato a las prerrogativas económicas del PRI durante 1999, por un monto de 40 millones de dólares, debido a los fondos que recibió de los bancos para sus campañas electorales y que terminaron en el Fobaproa.
Eugenio Navarro, integrante del Consejo Directivo de El Barzón, destacó la diferencia de trato que se ha dado a los deudores por parte del gobierno, para quienes no ha habido más que juicios injustos en contra de sus patrimonios, mientras que unos pocos banqueros se han quedado "con dinero a manos llenas".