JAHANGIR, SALAZAR Y ZEDILLO, EN CHIAPAS

Diversos factores colocan nuevamente a Chiapas en la mira del interés público: la reciente condena a 35 años de prisión emitida contra 35 de los autores materiales de la matanza de Acteal, la confluencia de cuatro partidos de oposición y del senador independiente Pablo Salazar Mendiguchía en un nuevo proyecto político para el estado, y la presencia de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir, quien hoy coincide en tierras chiapanecas con el presidente Ernesto Zedillo.

Como lo señaló ayer la funcionaria de Naciones Unidas, el primero de los hechos referidos difícilmente puede considerarse un acto de genuina justicia. Por el contrario, hay fundadas razones para suponer que las condenas referidas en realidad forman parte de una operación orientada a centrar la responsabilidad de la matanza de Acteal en sus ejecutores materiales, desviar la atención de los autores intelectuales y lograr, así, impunidad para los segundos, como lo observó ayer el senador Carlos Payán Velver.

Difícilmente cabría esperar justicia de un aparato institucional tan deteriorado como el chiapaneco --en palabras de la relatora Jahangir--, el cual es instrumento del poder de los grupos oligárquicos locales, y cuyos gobernantes son los principales sospechosos de permitir, si no es que propiciar, la organización de grupos paramilitares y acciones criminales como las de Acteal, El Bosque y muchas otras agresiones homicidas contra individuos y comunidades indígenas opositoras al gobierno estatal.

El palpable desinterés del gobierno federal en el conflicto chiapaneco y la evidente descomposición de la institucionalidad estatal percibidos por la relatora de la ONU han sido, sin duda, determinantes en la conformación de un proyecto político opositor y unitario que agrupa a PAN, PRD, PT, PVEM y al senador Salazar Mendiguchía, quien abandonó recientemente las filas priístas luego de sufrir reiteradas campañas de linchamiento político organizadas por sus ex compañeros de partido. La convergencia, denominada Movimiento de la Esperanza, abre una perspectiva de normalización, pacificación y reconstrucción del estado de derecho para Chiapas. Cabe esperar que prospere, habida cuenta de que las autoridades estatales se empeñan en ser parte del problema y no de la solución, las federales persisten en su incomprensión del drama chiapaneco y el partido oficial en la entidad opera más como una estructura de choque, represión y violencia que como un instituto político.

En estas condiciones, el viaje del presidente Zedillo a Chiapas coloca al Ejecutivo federal ante una nueva oportunidad de rectificar una actitud que ha oscilado entre la inacción, la represión policiaca y la administración del conflicto, de enmendar actitudes equívocas que condujeron al empantanamiento del diálogo con los indígenas rebeldes y de encarar, con generosidad y visión de Estado, la reactivación del proceso pacificador. En ausencia de señales como las referidas, habrá elementos para pensar que el actual gobierno se encamina a heredar a su sucesor la responsabilidad de resolver la grave situación de Chiapas.