Orlando Delgado
La auditoría: ¿hay culpables?

Finalmente, tras poco más de seis meses de trabajo el auditor canadiense Michael Mackey entregó su informe. Dada la naturaleza del objeto a auditar, el rescate bancario que ha venido ocurriendo desde 1995 y aún no concluye, analizó la historia bancaria desde la etapa de la expropiación bancaria de 1982, el proceso de privatización, la crisis de 1993-94, el rescate y la situación actual.

Con base en este análisis se presentaron los resultados específicos de la auditoría a cada una de las operaciones de compra de cartera a los diferentes bancos. Sin embargo, en el examen realizado se ofrece una explicación sobre las razones de la crisis que, como ya se había señalado en algunos análisis previos al estallido del escándalo del Fobaproa*, la ubican antes de la crisis económica de 1995 y derivada de tres factores fundamentales.

El primero es que la privatización se basó en un único criterio: la mejor oferta económica. No se tomaron en cuenta otros criterios de indudable importancia: la experiencia bancaria, la solvencia y honorabilidad de los compradores, la fuente de los recursos con los que se pagaron las instituciones, la presentación de un proyecto de desarrollo de cada banco comprado. Así, se entregaron las instituciones de crédito a dueños de Casas de Bolsa, a transportistas, a productores de harina de maíz. Para quien realizó la venta, una comisión intersecretarial encabezada por la Secretaría de Hacienda, para administrar un banco sólo se requería tener dinero; por eso se los entregaron a quienes dijeron tenerlo y consideraron que no era necesario comprobarlo.

El segundo factor es la supervisión. En un entorno en el que la regulación bancaria había sido totalmente transformada, para permitir que los propios bancos establecieran el pago a los ahorradores, el costo del crédito y su destino y, sobre todo, al retirar las restricciones a la liquidez, los bancos podían expandir el crédito según sus propios criterios; en este entorno la supervisión es decisiva. Lo que Mackey señala es que los bancos no fueron regulados; ``lo que creó un ambiente de fraude''; las autoridades financieras del país, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitieron que los banqueros se alejaran de las ``sanas prácticas bancarias'', en un momento en el que sabían que la economía estaba enfrentando complicaciones.

El tercer factor es el boom crediticio que se dio en 1992 y 1993. En estos años, la cartera de créditos de la banca en su conjunto creció 31.5 por ciento y 16.1 por ciento en términos reales, respectivamente. Se dice que en los años de la banca estatizada el crédito también creció mucho; sin embargo, el crecimiento promedio anual fue de 9.9 por ciento real, alto pero por debajo del boom privatista. Tres datos macroeconómicos ayudan a dimensionar la desproporción de este crecimiento: el PIB, la inversión fija bruta y el consumo privado que mostraron incrementos del 2.8 por ciento y 0.4 por ciento, 13.9 por ciento y -0.4 por ciento, 3.9 por ciento y 0.2 por ciento, respectivamente para esos dos años. Una parte de estos crecimientos se asocia a lo que hoy Mackey llama operaciones reportables, créditos relacionados y operaciones cruzadas para pagar los bancos con los recursos de los ahorradores y no de los nuevos dueños.

Las autoridades financieras se han defendido aduciendo que esto no era el objeto de la auditoría, sino solamente el rescate; para ellos, se trata de las opiniones personales del auditor, por lo que no implican responsabilidad alguna. Olvidan, como les sucede con frecuencia, que la responsabilidad ante la sociedad no se constituye sólo en los casos en que se incurra en ilícitos, sino también en aquellos casos en los que se provoque daños a la población.

El auditor ha documentado que la crisis bancaria pudo haber sido mucho menor, que el rescate instrumentado fue tardío e inoportuno, y que mantener con vida a los bancos quebrados ha resultado más costoso que haberlos cerrado; estas decisiones fueron tomadas a partir no sólo de la propia urgencia bancaria, sino derivadas de lo que se requería para evitar cuestionamientos a la privatización, a la supervisión y, en consecuencia, al gobierno federal. Hoy se ha ratificado la percepción que la sociedad ya tenía: los culpables existen, están en la Secretaría de Hacienda.

* Destacan los siguientes: Manley, Guadalupe, ``Liberalización financiera con oligopolio bancario; penalización al ahorro y la inversión productiva'', en: Problemas del desarrollo, núm. 107, oct-dic, 1996, IIEC-UNAM; Rojas, Mariano, ``Competencia por clientes en la industria bancaria mexicana'' en: El trimestre económico, núm. 253, ene-mar, 1997, FCE, México.