* Bastaron 23 sesiones para preparar el salvamento
El saqueo ya estaba en marcha cuando Zedillo envió la iniciativa
Carlos Fernández-Vega * Mientras el presidente Ernesto Zedillo enviaba (31 de marzo de 1998) una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados con el fin de transformar en deuda pública los créditos bancarios asumidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, las cabezas del Fobaproa no se daban abasto para rescatar, salvar y sanear a las principales instituciones privadas y a sus dueños.
De acuerdo con la documentación hecha pública ayer por el ex dirigente nacional perredista Andrés Manuel López Obrador, relativa a 23 sesiones de trabajo del Subcomité de Recuperación del Fobaproa, un número importante de empresas y empresarios (muchos de ellos ligados al PRI y al financiamiento de sus campañas políticas) fueron liberados de voluminosos endeudamientos por obra y gracia de esa instancia gubernamental. Todo ello, desde luego, con recursos de la nación.
Dicho subcomité, encabezado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, autorizó prácticamente todo lo que la banca comercial endosaba al Fobaproa: desde aviones chocolate en dación de pago (Grupo Lomelín), pasando por el rescate de empresas vendidas por el Estado pero que nunca fueron pagadas en su totalidad por los nuevos dueños (Grupo Arzac), hasta el desvío de recursos públicos para pagar impuestos federales no cubiertos por empresas privadas (Grupo Mexicano de Desarrollo), por citar sólo unos cuantos casos.
Grupo Infomin
A la cabeza aparece Alfredo Miguel Afif, también accionista de la Casa de Bolsa Interacciones, el Banco Interacciones y la Arrendadora Credimex, propiedad de la familia Hank González. Además, es consejero suplente de la serie B del Grupo Financiero Banamex-Accival y participa en la precampaña política de Francisco Labastida Ochoa, al poner a su servicio su línea aérea, SACSA.
En el acta de la sesión número 20 (9 de diciembre de 1997), el subcomité presentó el caso del Grupo Infomin. El presidente de la sesión, Eduardo Fernández, expresó: ''Esta empresa ya había sido beneficiaria de una restructura y no es explicable, por tanto, que no esté cumpliendo con sus compromisos y solicitando una nueva restructura''. Manuel Espinosa de los Monteros explicó que desde que se firmó la restructura se sabía que habría nuevos problemas. Fernández señaló que le parecía que no era así, por lo que sería preciso que Alberto Mulás revisara el caso, dado que éste se había visto en la Unidad Coordinadora del Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE, en ese entonces presidido por Eduardo Bours, actual asesor financiero de Francisco Labastida Ochoa), por lo que tendría que comentarlo con el ingeniero Bours y José Madariaga Lomelí, y en función de sus respectivas opiniones, volver a analizarlo.
Se destacó ''el riesgo de que se malinterprete la aceptación de la propuesta como una restructura acelerada, tomando una pérdida fuera de parámetros en beneficio de esta empresa, en la que su principal accionista, Alfredo Miguel Afif, tuvo a su cargo la recolección de fondos del sector privado en apoyo a las campañas del PRI. Sobre todo, aceptar la presente propuesta significa un segundo beneficio en un muy corto periodo''.
Espinosa de los Monteros ''indicó que debería esperarse una reacción fuerte del Grupo Infomin, debido a que lleva más de un año negociando y se suponía que estaba aprobada la operación. Al respecto, Fernández pidió que les explicaran que la intención es continuar apoyando al grupo, pero que no se consideraba correcto que pagaran sus adeudos con activos de bajas posibilidades de recuperación, por lo que se les debpia solicitar que el pago consistiera en acciones de Macimex y SACSA, sin que perdieran el control. Señaló también que era preciso demostrar su ''buena voluntad'' y hacer el esfuerzo señalado ''sacando a los bancos con rapidez''.
El acuerdo alcanzado fue: ''Se defina una deuda sostenible de Grupo Infomin y la diferencia sea cubierta con acciones de empresas generadoras de flujo, como son Macimex y SACSA. En este sentido, se defina un nuevo planteamiento de restructura en el que se involucre la Dirección de Activos Corporativos del Fobaproa; asimismo, se deberá hacer una nueva valuación de las empresas para conocer el valor contable correcto y fijar así el porcentaje de participación accionaria que le corresponda a los bancos acreedores. En este proceso, la Dirección de Activos Corporativos deberá apoyarse en la infraestructura de Banorte''.
Grupo Mexicano de Desarrollo,
Synkro y familia Ballesteros
Los dos corporativos y los accionistas mayoritarios, los Ballesteros, son de los más favorecidos por las operaciones del Fobaproa, incluyendo el rescate carretero, con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados a tal fin. Además, han obtenido beneficios de la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca. En total, el gobierno les salvó 10 mil 700 millones de pesos
Entre los miembros del consejo de administración aparecen Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco, Valentín Díez Morodo (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X. González Laporte (asesor presidencial para asuntos empresariales con Carlos Salinas de Gortari), Carlos Hank Rhon, Agustín F. Legorreta Chauvet y Fernando Senderos Mestre (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari). El presidente del consejo, Jorge Ballesteros Franco, también es vocal suplente en el consejo del Grupo Financiero Interacciones (Hank González). La familia tiene intereses y posiciones en el consejo de administración de Serfin.
Por lo que toca a los créditos personales de los Ballesteros Franco, en el acta de la sesión número 14 (26 de septiembre de 1997) se anota: ''Cuando se otorgaron dichos empréstitos se consideraban razonables en función de las garantías otorgadas, mismas que consistían en acciones del GMD con un razonable aforo. Cuando las empresas de los Ballesteros se colapsaron, los créditos personales perdieron su garantía; de acuerdo con la información proporcionada por Inverlat y Santander Mexicano, se trata en su mayoría de créditos simples, reconocimientos de adeudos y préstamos quirografarios, los cuales fueron otorgados a los deudores en calidad de personas físicas; acto seguido, Alejandro Creel explicó el cuadro en el que se muestra el total de adeudos generados por la familia Ballesteros en GMD (4 mil 600 millones de pesos), Synkro (3 mil 300 millones) y en lo personal (2 mil 800 millones), para un gran total de 10 mil 700 millones de pesos.
Agrega: ''Eduardo Fernández comentó que no tomar una acción drástica en este caso también podría contaminar a otras empresas en proceso de restructura. Asimismo, la Secretaría de Hacienda podría salir muy perjudicada, dado que por una parte el costo del llamado rescate carretero se ha considerado por la opinión pública como elevado y por otra parte estará rescatando, en lo individual, a una constructora con una quita de 80 por ciento sin que exista una causa plenamente justificada''. Los bancos involucrados en los esos préstamos personales son Unión, Inverlat, Bancen y Santander Mexicano. El Fobaproa asumió 81.03 por ciento de ese adeudo.
En éste como en muchos casos más, los bancos involucrados aceptaron garantías menores al monto de los financiamientos concedidos. Las garantías ofrecidas por los Ballesteros significaron sólo 24.87 por ciento (703 millones) del total de créditos liberados a su favor.
En la sesión número 2 del subcomité (20 de mayo de 1997) se trataron los adeudos de GMD. Eduardo Fernández comentó: ''Sería preferible que se pospusiera el desahogo de este tema, debido a que aún no hay definición del Programa de Rescate Carretero, por falta de su fundamento legal''.
Para el subcomité, el panorama de GMD ''provoca que la recuperación de los créditos corporativos otorgados por la banca mexicana esté sujeto al Programa de Rescate Carretero que está por anunciarse por parte del gobierno federal, en el cual se ha asignado a las carreteras un valor de adquisición de 0.40 centavos por cada peso que hayan invertido de capital y de sus cuentas por cobrar''.
Efectivamente, el gobierno anunció tal programa el 27 de agosto de 1997, y del total de recursos públicos a recibir por el rescate carretero, GMD destinó 960 millones de pesos al pago de impuestos, incluyendo los correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), se anotó que en el caso de GMD ''es preferible una quiebra a una liquidación ordenada, dado que esta última no asegura una mayor recuperación, y sí en cambio podrían perderse las acciones jurídicas y penales que se pudieran ejercer''.
El 30 de octubre de 1997 (sesión 16), Javier Arrigunaga comentó: ''Se ha recibido una oferta de pago por parte de GMD equivalente a 40 centavos por cada peso, incluyendo el inmueble conocido como Europlaza'', y en la número 21 (23 de diciembre de 1997) el acta anota: ''David Rangel, representante del GMD, comentó al Fobaproa que la Secretaría de Hacienda le ha señalado que en vez de que reciban 309 millones de dólares del Programa de Rescate Carretero recibirían 400 millones. Por otra parte, le indicó Rangel que la Secretaría de Hacienda les había prometido que en la restructura se les apoyaría en compensación por el quebranto que dicho grupo tendría derivado del Programa de Rescate Carretero''.
Otro caso ligado a GMD y a la familia Ballesteros corresponde al Grupo Promotor de Inversiones de México. Los accionistas principales son José Luis Ballesteros Franco, Hugo Villa Manzo, Javier Valadés y José Luis Cervantes, los últimos tres accionistas de Bancen, que fue la otorgante del crédito salvado por el Fobaproa.
De acuerdo con el acta de la sesión número 10 (7 de agosto de 1997), el origen del adeudo fue un crédito simple con garantía fiduciaria por 9.5 millones de pesos, autorizado en junio de 1995, con capitalización de intereses. El destino, un proyecto de edificio condominal de lujo en Cuajimalpa, que constituía la garantía. Al 24 de julio de 1997, los riesgos financieros para el Fobaproa sumaban 49.57 millones. Sobre el particular, el acta refiere: ''El edificio condominal de lujo no se construyó; la empresa no tienen capacidad financiera para terminar los proyectos inmobiliarios''.
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