El World Trade Center, uno de los inmuebles que eran propiedad del Grupo Gutsa, y que fue tomado por el gobierno ante la imposibilidad del consorcio de cubrir sus deudas * Foto: Alfredo Estrella
Mientras los bancos exprimían a deudores, el gobierno diluía macrodeudas
Carlos Fernández-Vega * En plena crisis de cartera vencida, la Secretaría de Hacienda se regocijaba por los ''extraordinarios resultados'' de los programas de apoyo a deudores, y los bancos, sus departamentos jurídicos y los cientos de tinterillos contratados por las instituciones financieras, amenazaban, perseguían y exprimían a millones de microdeudores.
Mientras eso sucedía públicamente, el Subcomité de Recuperación del Fobaproa, silencioso, fortalecía su operación limpieza y, veloz, atendía los macroadeudos de prominentes empresas y sus respectivos hombres de negocios, de acuerdo con las actas del propio Subcomité.
Paralelamente, el erario público, anémico y agotado, recibía la noticia de que, por instrucciones presidenciales, las huestes prianistas legalizarían, a toda costa, la cartera del Fobaproa para transformarla en deuda pública. Y la legalizaron.
En marzo de 1998, el saldo del fideicomiso superaba los 520 mil millones de pesos. Dieciséis meses después (julio de 1999), el IPAB, clon del Fobaproa, administra alrededor de 840 mil millones.
Gutsa: Constructora de Juan Diego Gutiérrez Cortina, copropietaria del World Trade Center (Hotel de México) y accionista del Grupo Financiero Banamex Accival.
En la sesión número 2 (20 de mayo de 1997), el subcomité atendió el caso de Gutsa-Escala Internacional. En la reunión se subrayó: ''existe un compromiso contractual de liberar los recursos que se requieren para concluir la etapa de la obra de estacionamientos del WTC, por lo que en caso de no otorgar tales recursos (7.2 millones de dólares), Gutsa podría demandar a Banco Santander Mexicano y a Fobaproa''.
En primera instancia se autorizó a Gutsa-Escala Internacional el crédito, para después ''fijar una fecha para que se presente a este Subcomité o, en su caso, al Comité Asesor, el proyecto del WTC de forma integral hasta su conclusión, de manera que se tenga una idea muy precisa de qué es lo que habrá que enfrentar y evaluar las acciones a seguir''.
Más allá de Gutsa, Juan Diego fue rescatado por Fobaproa en otra de sus empresas: Desarrollo Inmobiliario Vía (Divisa), debido a un adeudo con Bancen por 78.7 millones de pesos; con intereses moratorios, el monto ascendió a 114.37 millones.
Los accionistas de Divisa, de acuerdo con el Subcomité, son Gutsa Inmobiliaria (99.6 por ciento), Juan Diego Gutiérrez Cortina (0.1), Antonio Gutiérrez Prieto (0.1), Antonio Gutiérrez Cortina (0.1) y Lucio Pablo Gutiérrez Cortina (0.1).
Un tercer rescate llegó para los Gutiérrez Cortina: el autorizado por el Subcomité para el Grupo Acción, que encabeza Antonio Gutiérrez Cortina, hermano de Juan Diego. En su consejo de administración participan, entre otros, Pablo Escandón Cusi, Antonio Madero Bracho (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), Alejandro Martí García, Dionisio González García y José Antonio Patrón Castro.
Las asociadas y subsidiarias del Grupo Acción son: Opción Santa Fe III, Corporativo Opción Santa Fe II, Plaza Opción San Pedro, Operadora de Centros Comerciales Opción, Centro Comercial Ensenada, Opción Jamantab, Inmobiliaria Prunes, Inmobiliaria Firpo, Fiesta Coapa, Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, Inmobiliaria Berrendo, Inmobiliaria Opción Los Nogales, Montes Urales III, Inmobiliaria Rinoceronte, y Recinto Grupo Inmobiliario.
El problema de Grupo Acción fue agendado por el Subcomité a partir de las sesiones 11 y 12 (12 y 26 de agosto de 1997). La propuesta de rescate se planteó así: ''pagar el crédito que se tiene con Banco Santander Mexicano por 75 millones de pesos, con un descuento de 38 por ciento''.
En caso de no prosperar la primera alternativa, acota el acta del Subcomité, ''se somete a consideración la aplicación de una restructura financiera con los siguientes tranches (sic): definir un nivel de deuda sostenible por aproximadamente 35 millones de pesos a 12 años, con dos de gracia y tasa de mercado; la diferencia consistiría en un bono convertible a una tasa de Udis, más dos puntos, que podría ser pagado en el transcurso de este plazo con ciertos descuentos o, en su caso, al final del quinto año. En caso de no pagar, se convertiría por el control accionario de la inmobiliaria Plaza Opción Altavista (en caso de que esta alternativa sea la elegida, el porcentaje de conversión, así como los descuentos, estarían pendientes de negociar)''.
Agrega: ''consideramos más conveniente recibir un pago en efectivo, otorgando un descuento en vez de restructurar a un plazo de 12 años, corriendo el riesgo de que el crédito tenga problemas a futuro. Por lo anterior, se recomienda el pago en efectivo, siempre que sea de la siguiente manera:
''1.- Partiendo del valor nominal del crédito, negociar con un descuento de 30 por ciento el pago de la totalidad del mismo, siendo los valores los siguientes: 75 millones de valor nominal, con un descuento de 30 por ciento, para llegar a 52.5 millones.
''2.- Considerando que la cartera de Banco Santander Mexicano se compró con descuento de 16 por ciento, el índice de recuperación de este crédito es de 0.83 centavos (por peso), siendo los números los siguientes: 75 millones de valor nominal, con 16 por ciento de descuento del paquete de Banco Santander Mexicano, 63 pesos valor de la cartera Fobaproa, 52.5 millones el monto del pago, y 83.3 por ciento el índice de recuperación''.
En la sesión número 12 se anotó: ''se anexa correspondencia en la que Grupo Acción manifiesta su conformidad con el porcentaje de descuento que autorice este Subcomité, haciendo mención a la solicitud por 38 por ciento''.
Sin embargo, ''los miembros del Subcomité manifestaron su preferencia por la alternativa del pago en efectivo, así como que el 38 por ciento resulta muy elevado dadas las características de la empresa. Se comentó que se deberá negociar un mejor porcentaje para el Fobaproa. Por otra parte, se discutió el posible incentivo de no pago que se generaría al no aceptarse algún descuento por pago anticipado''. La opción: ''el pago anticipado de Grupo Acción siempre y cuando el descuento tenga un límite máximo de 20 por ciento, sobre el valor facial del crédito''.
Grupo Fernández: Lo encabezan Justo Félix Fernández López (miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Manuel Fernández Avila y Alejandro Fernández Avila. El consorcio realiza actividades en las siguientes áreas: construcción, gasolineras (concesiones de Pemex), comercialización de café, inmobiliarias, espectáculos y central de abasto.
Entre las empresas del grupo se cuentan Industria y Abasto El Ingenio, Espectáculos y Desarrollo Hípicos (concesionaria del Hipódromo de las Américas), Inmobiliaria Lomas de las Minas, Inmobiliaria Jardines de las Animas, Almacenes Frigoríficos Mexicanos, Cafés de Xalapa, Servicio Xalapa y Constructora Amsa.
Los bancos involucrados en la operación: Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfin y Banpaís, por un monto de 612.4 millones de pesos, entre los que se registran créditos personales (70.52 millones de pesos) para Justo Félix y sus hijos, otorgados por Serfin, Bancomer y Banamex.
En el caso de Bancomer, los créditos fueron quirografarios por casi 47 millones de pesos autorizados en 1994 y 1995, año en el que se restructuraron (créditos simples con garantía hipotecaria) 76.2 millones, al capitalizarse intereses no pagados.
También rescató al Grupo Las Américas, concesionada por la Segob para cruzar apuestas en el Hipódromo de las Américas. La familia de Justo Félix posee 91.1 por ciento de las acciones; el otro 8.9 por ciento pertenece a empresarios no especificados por el Subcomité. Dicha concesión fue cancelada el 29 de agosto de 1996.
El 17 de mayo de 1997, la Dirección General de Gobierno de la Segob firmó un convenio con las empresas de Justo Félix Fernández, comprometiéndose a mediar con los bancos acreditantes, a efecto de liquidar los pasivos a su cargo, o para lograr que el nuevo permisionario se reconociera como deudor de los bancos.
El nuevo permiso de la Segob para cruzar apuestas en el Hipódromo de las Américas lo obtuvo la empresa Grupo ECE, cuya cabeza es Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X. González Laporte (asesor del presidente Salinas de Gortari) y accionista de Serfin. El Grupo ECE opera, entre otras cosas, los restaurantes Hard Rock Café y Rain Forest en México. En este corporativo participan accionariamente Emilio Azcárraga Jean y Miguel Alemán Magnani.
El 24 de mayo de 1997, una semana después del convenio Segob-Justo Félix Fernández López, González Guajardo declinó al enterarse que se convertiría en patrón sustituto de los empleados del Hipódromo, que debería hacerse cargo de los pasivos fiscales y quedaría como el nuevo deudor de los créditos vencidos de las empresas de Justo Félix Fernández.
En virtud de ello, se otorgó el permiso al segundo lugar de la licitación: la empresa Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), encabezada por Alejandro Soberón Kuri (Ticketmaster, Foro Sol, Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Teatro Metropolitan, Estadio Azul, entre otros), la cual logró que la Segob variara su posición en torno a los adeudos de Justo Félix Fernández, proponiendo a cambio una dación en pago.
Las actas del Subcomité señalan que ''a la Segob le es de suma importancia la resolución del problema político y laboral generado por la revocación del permiso otorgado a la familia de Justo Félix Fernández, pasando a segundo plano la posición que guardan los adeudos con los bancos, que podrían tener que tomar castigos muy altos en relación con los adeudos que les tienen otorgados a las empresas'' del empresario veracruzano.
El acta de la sesión número 16 (30 de octubre de 1997) señala que Javier Arrigunaga, director del fideicomiso, presentó al Subcomité el asunto del Hipódromo de las Américas. En la reunión se comentó que ''las propuestas presentadas por la Segob no son aceptables para el Fobaproa, debido a que implicarían un porcentaje de recuperación de nueve por ciento''.
En la sesión número 19 (5 de diciembre de 1997), el Subcomité recomendó que ''se explore con la Secretaría de Hacienda y con la Segob la posibilidad de que se le ceda a esta última el activo por ser materia de su competencia, y de esa forma que sea dicha Secretaría la que lleve a cabo la restructura. De encontrarse posibilidades para que se proceda de esa forma, habría que someter dicha propuesta a la consideración de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento''.
Dos sesiones después, en la número 21 (23 de diciembre de 1997), se expuso el caso de los créditos personales de Justo Félix Fernández. El mismo Arrigunaga señaló: se le informó a Bancomer que el empresario ofrecía en pago el Rancho La Asunción. En opinión de los representantes del banco esta dación, lejos de dar flujo económico, implicaba un costo de mantenimiento.
Para Bancomer, el quid del problema con este personaje se reseña en las palabras de su representante Guillermo Chávez, expuestas ante el Subcomité: ''promover una demanda en contra del señor Justo Fernández en el estado de Veracruz sería una causa perdida desde el inicio''. Por ello, el banco ''estaría recibiendo todas las garantías que tiene, como la gasera y la gasolinera, empresas que sí generan flujo''.
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El World Trade Center, uno de los inmuebles que eran propiedad del Grupo Gutsa, y que fue tomado por el gobierno ante la imposibilidad del consorcio de cubrir sus deudas * Foto: Alfredo Estrella