Ť EXPEDIENTE FOBAPROA

El crecimiento de los pasivos pone en riesgo al país

Carlos Fernández-Vega Ť Casi al finalizar 1998 ųel 12 de diciembreų, el gobierno y la fuerza prianista representada en la Cámara de Diputados presumían que una vez legalizado el Fobaproa, los problemas derivados del rescate de los bancos privados con recursos públicos llegaban a su fin.

Era, en esencia, el viejo truco de la fábula: "muerto el perro, se acabó la rabia".

Pero una vez salvado el escollo (que no el costo) político-económico que implicó desaparecer al denostado Fobaproa, los banqueros y, con ellos, los megaempresarios y los tecnoburócratas financieros del gobierno zedillista, resultaron más "perros" y más "rabiosos" que antes.

Sin embargo, la danza de los millones sólo comenzaba y la realidad resultó más drástica. Ocho meses después, los 65 mil millones de dólares legalizados se convirtieron en 84 mil millones (más lo que se acumule esta semana).

La tajante realidad obliga a recordar que el costo del Fobaproa y su clon, el IPAB, ha sido, es y será cubierto (de aquí a la ignominia) por todos aquellos mexicanos que no fueron invitados al festín: los millones que sobreviven en la miseria y la pobreza, los desempleados, los de salario mínimo y demás conexos de la República Mexicana.

No hay que olvidar que al anunciar los programas de rescate de la banca ųy, por supuesto, de los banqueros y sus empresasų, las autoridades financieras aseguraron que el costo económico no sobrepasaría 5 por ciento del producto interno bruto. Hoy, supera 22 por ciento del PIB.

Urgidos por olvidar el espinoso asunto, autoridades, banqueros y jilgueros se han apresurado a enterrar el asunto Fobaproa.

Pero la memoria colectiva no puede darse el lujo de compartir esa urgencia.

Grupo Calzado Canadá: Lo presidía Sandra López Benavides, también beneficiada por otro rescate, el del Grupo Sidek, del cual era accionista, al igual que en la Casa de Bolsa Inverlat y Bancomer, del cual es vocal suplente en el consejo de administración.

En la sesión número 7 (primero de julio de 1997) del subcomité, "Alberto Mulás ųdirector de Activos Corporativos del Fobaproaų informó que se han presentado dos alternativas para llevar a cabo la última etapa en la reestructura de Grupo Canadá. Una es de un grupo de inversionistas encabezados por Joaquín Avila, quien representa a la familia Botín, accionistas mayoritarios del Banco Santander (Santander), y la otra es de Bancomer".

Una de las alternativas, bajo la óptica del subcomité, era aceptar la oferta de Joaquín Avila, representante de la familia Botín (dueña del Banco Santander Central Hispano, de España, y accionista mayoritario del Banco Santander Mexicano): "aportar 35 millones de dólares a cambio de 80 por ciento del capital de la empresa; pagar la deuda que por 85 millones de dólares mantiene Grupo Canadá con la banca, con un nuevo pagaré al 40 por ciento de su valor facial en términos de mercado, la cual implica una quita de 60 por ciento de los créditos. A cambio de la quita, se ofrece un kicker de 2 por ciento del capital, el cual se estima vale cerca de tres millones de dólares".

Con lo anterior, señala el acta, "la propuesta representa una posible recuperación de 43.5 centavos por cada peso de deuda: 40 centavos en deuda y 3.5 centavos del valor del 2 por ciento de capital de los bancos al quinto año".

También Bancomer se interesó por Calzado Canadá. La propuesta, presentada por Alberto Mulás, fue "aportar en una primera etapa 25 millones de dólares en efectivo, a cambio de 60 por ciento del capital de la empresa; permitir que todos los acreedores financieros inviertan recursos frescos en la operación en los mismos términos que Bancomer; cualquier faltante de recursos se aportaría por Bancomer; en caso de requerirse más recursos, Bancomer se compromete a aportar hasta 10 millones de dólares adicionales, incrementando su participación en 20 por ciento para llegar a un total de 80 por ciento, dando también la oportunidad para que todos los acreedores financieros participen; Bancomer aportaría cualquier faltante de recursos".

La propuesta adicionaba: "Bancomer solicita al mismo tiempo que los acreedores financieros acepten capitalizar 58 por ciento de la deuda actual y reestructurar el 42 por ciento restante a 7 años incluyendo dos de gracia para intereses, a condiciones de mercado; a cambio de capitalizar 58 por ciento de la deuda, los acreedores financieros que decidan canjearla tendrán derecho en la primera etapa a 10 por ciento del capital social de la empresa, quedando el 30 por ciento restante en manos de los accionistas actuales; de ser necesario invertir los 10 millones de dólares restantes, la familia López (Benavides) se diluiría a 15 por ciento y los acreedores a 5 por ciento; proponen que la dirección general sea ocupada por el señor Shankar Dadoo y que cada aportante tenga derecho a nombrar consejeros en función de su participación; la familia López (Benavides) tendría derecho de preferencia para adquirir cualquier porcentaje que las instituciones desearan vender; y esta propuesta representa la posibilidad de recuperar hasta 60 centavos de cada peso de deuda: 42 centavos en deuda y 18 centavos del valor estimado del 10 por ciento de capital de los bancos en 5 años (150 millones de dólares)".

Más adelante, "se mencionó que en términos de la propuesta de Bancomer, los bancos que participaran en la capitalización con recursos frescos tendrían derecho a la apreciación potencial del capital, lo que representaría una ventaja adicional para dichos intermediarios. Asimismo, se comentó que la operación debe manejarse con cautela, dando que (Banco) Santander presentó su propuesta a la prensa como aceptada por los accionistas, mencionando que la decisión está en manos de Bancomer y el Fobaproa, debido a que se les presentó una oferta de reestructura razonable".

De acuerdo con el documento y después de "amplias deliberaciones sobre el particular", los integrantes del subcomité llegaron al siguiente acuerdo: "se acepta la propuesta de Bancomer, ya que representa una mayor recuperación para el Fobaproa".

Factoring Corporativo: Empresa dedicada al factoraje con cartera de cadenas comerciales, así como del Grupo Chedraui.

Antonio Chedraui (enlistado en el número 35 entre los 100 principales empresarios del país, de acuerdo con Expansión) es el dueño del Grupo Comercial Chedraui, miembro del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex Accival, y con intereses accionarios en el Grupo Financiero Serfin.

De acuerdo con los reportes del subcomité, en el periodo 1995-1996 Factoring Corporativo "mostraba una gran concentración en el factoraje inmobiliario, lo que acentuó su problema económico".

Los bancos involucrados en esta operación: Bancrecer, Serfin, Inbursa, Bilbao Vizcaya, Industrial y Bancomer, por un total de 152.5 millones de pesos. Aunado a ello, una deuda bursátil por 174.3 millones, para un total de 326.9 millones de pesos.

El acta de la sesión número 6 (24 de junio de 1997) señala: "a través de un futuro accionista denominado Tiburones del Sureste se invirtieron el pasado 18 de diciembre (1996) en un fideicomiso de administración 20.6 millones de pesos, cantidad que servirá para adquirir a descuento 85.3 millones de los pagarés que emitió Factoring Corporativo en 1993 a doce tenedores que están dispuestos a vender en el precio de la cantidad ofrecida; el resto de los tenedores de los pagarés manifestaron su aceptación a la propuesta de reestructura y capitalización de su deuda".

Después de reestructurarse Factoring Corporativo, el dueño de la empresa Tiburones del Sureste resultó ser, de nueva cuenta, la familia Chedraui, en esta ocasión representada por la señora Stella Chedraui Obeso. Tiburones del Sureste se convirtió en el dueño de 67.09 por ciento de Factoring Corporativo, más 7.45 por ciento de las acciones a favor de la señora Ana Chedraui Obeso. El 14.65 por ciento de las acciones quedaron en manos de Serfin ųdel que era accionista Antonio Chedrauių, 4.97 por ciento en manos de Bancomer, 3.68 por ciento en Bilbao Vizcaya y 2.16 por ciento en los acreedores bursátiles.

La recuperación para el Fobaproa se estimó en 20 centavos de cada peso comprometido.

En el acta del subcomité se reconoce que Factoring Corporativo "no cuenta con el capital mínimo regulatorio" que establece la ley que regula a las instituciones auxiliares de crédito. Aun así, Fobaproa sacrificó recursos.

Consorcio Industrial Escorpión: Empresa refresquera y azucarera que preside Enrique C. Molina Sobrino (al igual que el Grupo Pepsi-Gemex), empresario yucateco que formó parte de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Beneficiario tanto de la reprivatización de la banca como del Fobaproa, al ser accionista de Banpaís y del Grupo Financiero Banamex Accival, Molina Sobrino también fue requerido por una operación bancaria destinada a uno de sus negocios en Cancún.

En la sesión número 22 (13 de enero de 1998), el subcomité estableció: "en relación con el adeudo del Jai Alai de Cancún, propiedad del señor Enrique Molina, crédito del que se cuenta con su aval personal, se recomendó que el contador público Mario Hernández hable con el interventor de Banco Obrero y con el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se les diga que el aval del señor Molina debe hacerse efectivo".

Accionista en Banpaís y Asemex con Angel I. Rodríguez, El Divino; poseedor de 10 ingenios azucareros adquiridos al Estado, que producen alrededor de 25 por ciento del azúcar nacional, Molina Sobrino es, nuevamente, beneficiario de un programa de rescate de los ingenios azucareros puesto en marcha por el gobierno federal, que en su primera etapa (marzo de 1999) implica una erogación de 2 mil millones de dólares (desde luego provenientes del erario público). Molina Sobrino recibió 700 millones de billetes verdes.

Cabe recordar que decenas de ingenios azucareros propiedad de la nación fueron vendidos a particulares en las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Entre los miembros del consejo de administración de Pepsi-Gemex se cuenta a Gastón Azcárraga Andrade, Jesús Barraza Ferrer, José Carral Escalante (también integrante de la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), Jesús Cevallos Gómez, Isaac Chertorivsky Shkoorman (miembro del consejo de administración del Banco Bilbao Vizcaya-México), Valentín Díez Morodo (presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), Claudia y Enrique Molina Basteris, Fernando Molina Sobrino y Abelardo Morales Purón.

Enrique Molina Sobrino adquirió las paraestatales refresqueras Embotelladora Garci-Crespo y Distribuidora San Lorenzo, Granja Buenagua, La Cantera, Manantiales San Lorenzo, Refrescos y Alimentos Garci-Crespo y Transportes Garci-Crespo.

Los ingenios que controla son: Atencingo (Puebla), Calipam (Puebla), Casasano (Morelos), El Modelo (Veracruz), El Potrero (Veracruz), Emiliano Zapata (Morelos), La Providencia (Veracruz), Plan de San Luis (SLP), San Cristóbal y San Miguelito (Veracruz).