Ť Con el rescate, México perdió 6.8 veces más que lo obtenido al privatizar

Banqueros y gobierno bloquearon a Mackey

Ť El costo fiscal podría ser mucho más elevado, advierte el auditor

Ť Prevé nuevas intervenciones y merma de los recursos públicos

César Martínez Aznárez Ť Autoridades financieras y banqueros retrasaron y obstaculizaron el trabajo de los auditores del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, según señala el responsable del trabajo, Michael Mackey, en su informe final en español entregado ayer al Congreso. ''Las restricciones de acceso a la información fueron mucho más graves de lo que inicialmente creímos'', denunció el especialista canadiense en el reporte.

La negativa o las restricciones a entregar información y cooperar con los auditores, tanto de los propios organismos de supervisión bancaria como de funcionarios interventores y de las instituciones bancarias hicieron que el mismo Mackey reconociera que sus conclusiones sobre la regulación de las autoridades pudieron haber sido aún más desfavorables para ellas, y que el costo fiscal, que estimó en 633 mil 300 millones de pesos a junio de 1998, en realidad sea aún mayor.

''Quizás hayamos subestimado el costo fiscal y probablemente llegamos a una conclusión demasiado generosa respecto a la efectividad del régimen regulatorio'' del sistema bancario durante el saneamiento financiero, admitió Mackey, luego de describir los innumerables obstáculos que debieron sortear para obtener parte de los registros financieros de los bancos y del Fobaproa.

El pasado miércoles, luego de conocer la versión en inglés de la auditoría, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría, aseguró que hubo ''plena cooperación de cada uno de los bancos y de las autoridades financieras'' con el equipo que investigó el Fobaproa.

En el informe de los auditores también se advierte que ''pronto'' puede haber más bancos intervenidos y que ello implicará costos fiscales ''significativos'', adicionales a los actuales, hasta que las instituciones de crédito privadas compartan el riesgo de las pérdidas con el sector público.

Actualmente la ley cubre a los ahorradores la totalidad de sus cuentas por eventuales quebrantos bancarios. A partir del año 2004 el seguro de depósitos tendrá un alcance limitado a 400 mil unidades de inversión (equivalentes a un millón de pesos), de acuerdo con la nueva Ley de Protección al Ahorro Bancario.

En el capítulo sobre la metodología empleada en los trabajos, se explica que al comienzo de las investigaciones no había nadie disponible para aclarar el contexto o la importancia de los documentos que recibían. ''Se esperaba que el equipo informante gozaría de la total cooperación de todas las partes involucradas; y en particular de las autoridades financieras y de los bancos. No fue el caso'', puntualiza el informe.

Luego de que pudieron aclarar esas dudas, continúa el reporte, se toparon con argumentaciones legales y de confidencialidad de parte de las autoridades. En enero las autoridades volvieron a anteponer la misma traba a los despachos de contadores y los bancos se negaron a permitir el acceso a los expedientes de sus clientes.

El documento agrega que hubo cierto cambio de actitud, pero no todos los bancos autorizaron el acceso a los expedientes; estas dificultades retrasaron mucho los trabajos y no hubo ''un libre flujo de información y diálogo''.

Por ejemplo, los auditores no pudieron saber si las instituciones llamadas ''vivas'' intentaban cobrar los créditos que estaban en el Fobaproa con el mismo empeño con que lo hacían con el resto de su portafolio --como lo estipulaban los contratos de compra de cartera--, pues los bancos negaron el acceso a operaciones que no integraban el Fobaproa. Este rechazo redujo la precisión de los cálculos del costo fiscal.

Un obstáculo particularmente grave fueron los interventores de los bancos. Los de instituciones declaradas en ''situación especial'' por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) --Inverlat y Bancrecer-- sostenían que no había intervención y por ello negaron la información que no estuviera relacionada con el Fobaproa. Mackey llama a estos bancos intervenidos de facto.

En las instituciones intervenidas directamente ocurrió al revés: los interventores negaron información sobre las operaciones que estaban en Fobaproa, con el argumento de que no eran parte del banco. En estos casos, subraya el informe, la responsabilidad de la negativa a dar información no es sólo de los interventores, sino también de la SHCP y de la CNBV.

Ť Aspe y Ortiz están implicados

Ť Fracasó el apoyo a deudores

Roberto González Amador y Ciro Pérez Silva Ť Por donde se mire, la venta de 18 bancos nacionales a empresarios privados, realizada entre 1991 y 1992, fue un mal negocio para los mexicanos.

Según se desprende del informe del auditor Michael Mackey, el costo actual del rescate bancario es 6.8 veces superior a los 12 mil 500 millones de dólares que el gobierno obtuvo por la privatización de las instituciones. Los responsables de este hecho están identificados.

''La SHCP (dirigida por Pedro Aspe Armella en el momento de la reprivatización bancaria) tomó medidas inadecuadas para asegurar una transición libre de irregularidades de la propiedad gubernamental de los bancos a un ambiente privatizado'', señala el reporte de Mackey, entregado ayer al Congreso en español.

El documento, producto de seis meses de investigación, destaca: ''Mientras se llevaba a cabo el proceso para asegurar que los antecedentes de los propietarios prospecto y de la alta gerencia de los bancos cumplieran con los requisitos de la nueva banca, fue evidente que los procedimientos no fueron los adecuados''. El Comité de Desincorporación Bancaria, encargado de la reprivatización entre 1991 y 1992, fue dirigido por el entonces subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, actual gobernador del Banco de México.

La auditoría afirma que los compradores de los bancos mexicanos estaban principalmente relacionados con grupos industriales: las casas de bolsa transfirieron sus operaciones a los grupos financieros y éstos compraron los bancos. ''En la mayoría de los casos, los accionistas controladores carecían de experiencia crediticia y del conocimiento técnico necesario de las prácticas bancarias prudentes, además de que no fueron capaces, o no quisieron contratar una administración competente''. De los 18 bancos reprivatizados, sólo tres (Inverlat, Bancomer y Bital) fueron adquiridos por empresarios que habían sido banqueros antes de la nacionalización de 1982.

Mackey señala en su informe que varios bancos quedaron en unas cuantas manos ''y esto resultó en un entorno en el que los inversionistas podían conducirse con menor supervisión que en aquellos bancos en que el capital accionario se había atomizado''.

El auditor llama la atención en un hecho: ''En algunos casos, la mayor parte del precio de compra (de los bancos) se financió con recursos prestados. Por ejemplo, en Inverlat (adquirido por Agustín F. Legorreta) y Banco Unión (de Carlos Cabal Peniche), la mayor parte del capital inicial para la compra se obtuvo a través de otras instituciones financieras. Más aún, cuando preguntamos a la administración actual de Banpaís (es decir, a Banorte, que compró este banco al gobierno) acerca de los fondos utilizados para comprar el Grupo Banpaís al gobierno en 1991 no se proporcionó información''.

''Como resultado de las prácticas y políticas de la Secretaría de Hacienda antes y después de la privatización, México no tenía los recursos financieros para liquidar sus obligaciones con los acreedores, incluyendo a los ahorradores, ni para restructurar el sistema bancario'', señala.

En opinión del auditor, si a la CNBV ''se le hubiera permitido actuar de manera más decisiva con la información relacionada a la precaria condición financiera de muchos de los bancos, los costos en los que se ha incurrido desde entonces para mantener operando a las instituciones insolventes se hubieran visto sustancialmente reducidos''.

El reporte de la auditoría señala que los programas de apoyo a deudores fueron limitados y las restructuraciones en unidades de inversión (Udi, aplicadas a préstamos hipotecarios) fueron un fracaso.