EMERGENCIA EN EL CAMPO

La grave crisis en que se encuentra el campo mexicano, aunque tiene sus orígenes en una serie de factores de índole estructural e histórica, ha sido agudizada por la carencia de una política agraria efectiva y por los embates de un modelo económico, vigente desde hace al menos 15 años, que no considera entre sus prioridades la atención y el desarrollo del sector rural del país.

La reforma del artículo 27 constitucional ųque no ha contribuido a la modernización del campoų; el desmantelamiento de instituciones como Conasupo y Banrural que, pese a sus fallas y a las corruptelas que se registraron en ellas, realizaban importantes tareas de regulación de los mercados y financiaban actividades productivas; la apertura indiscriminada de las fronteras a los productos agrícolas extranjeros; y la abultada cartera vencida ųproducto de la mala conducción económica del país y de las irregularidades acontecidas en la bancaų que agobia a innumerables pequeños y medianos propietarios rurales, son sólo algunos de los factores que, en tiempos recientes, han conducido al agro nacional al abatimiento y han agudizado severamente el abandono y el desasosiego que sufren millones de campesinos, comuneros y ejidatarios.

En los países industrializados, las zonas y los sectores rurales son objeto de una gran protección gubernamental: en Estados Unidos, por citar un ejemplo, los productores de maíz o de carne porcina reciben fuertes subvenciones estatales. En nuestro país, en cambio, los pequeños propietarios, los comuneros y los ejidatarios se encuentran sumamente desprotegidos y las estrategias aplicadas para promover el desarrollo rural han sido ineficaces o contraproducentes. A fin de cuentas, las políticas neoliberales han resultado demoledoras para el campo mexicano, y programas como Solidaridad o Procampo no han sido sino un paliativo empañado por la conexión de esas iniciativas con la maquinaria electoral priísta.

Ahora se alzan voces oficiales que, sin reconocer la responsabilidad gubernamental en la crisis del campo, expresan preocupación por el sector rural. El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo, señaló en un foro iberoamericano, en Bogotá, que 51 por ciento de los hogares campesinos mexicanos viven en una situación de pobreza crítica, y que en las áreas rurales se concentra 60 por ciento de la pobreza nacional. Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Romárico Arroyo, consideró que el año próximo deberá incrementarse el presupuesto federal destinado al sector.

Ciertamente, resulta auspicioso escuchar de parte de los responsables de la política agraria del país planteamientos sobre la situación de emergencia que se experimenta en el campo, y a la necesidad de ampliar los recursos destinados al sector rural. Pero, como se ha comprobado reiteradamente, hace falta mucho más que discursos y ampliación de presupuestos para hacer frente a la debacle humana, económica, social y moral que se abate sobre el campo y sus pobladores.

Desafortunadamente, tal parece que el gobierno federal no le confiere al agro la importancia debida y ha optado, una vez más, por utilizar los recursos nacionales para salvar a unos cuantos, como en el caso de los ingenios azucareros privatizados, mientras la población rural se debate en la miseria y la desesperanza.

En tanto las autoridades no coloquen al campo y a sus habitantes entre las máximas prioridades nacionales, la política gubernamental en esta materia no pasará de ser un cosmético o un analgésico, y la miseria, la emigración campesina hacia las ciudades o hacia Estados Unidos, la destrucción del medio ambiente, la dependencia del exterior en términos alimentarios, los estallidos sociales y las actividades del narcotráfico no harán sino agravarse peligrosamente.