* EXPEDIENTE FOBAPROA

Hasta un avión chocolate recibieron como pago

Carlos Fernández-Vega * Un día de clases, tan normal como cualquier otro, un ingenuo alumno preguntó a su profesor: Ƒpor qué, en México, sobreviven en la pobreza y la miseria cerca de 40 millones de habitantes, si se pregona que esta es una de las naciones más ricas del planeta?

El maestro respondió que el modelo económico imperante en el país desde hace diecisiete años ha condenado a esos connacionales (tal vez en número mucho mayor que el reportado en las cifras oficiales) a hacer el trabajo sucio, para que los megaempresarios de este país puedan concentrar -hasta ahora- el 53 por ciento de la riqueza nacional.

Ese no muy hipotético intercambio entre maestro y alumno pudo haberse dado en un escenario cada vez más notorio en este México ofendido: una escuela pública descascarada, con pupitres desvencijados, alumnos mal alimentados y carente de los mínimos recursos para atender a plenitud las necesidades y urgencias de esos interlocutores.

Por ello, Ƒvaldría la pena preguntarse a dónde ha ido a parar, en los últimos diecisiete años, el esfuerzo, el sacrificio y la riqueza que se genera cotidianamente en este país y, en ese mismo sentido, por qué la permanente pauperización de millones de mexicanos?

Grupo Lomelí: Propiedad de Arturo Lomelí Villalobos. El adeudo involucrado en esta operación, de acuerdo con el informe presentado al Subcomité por el banco agente Inverlat, superó los 100 millones de dólares.

En el seno del Subcomité, de acuerdo con las actas respectivas, se advirtió, se reiteró que el consorcio tenía una capacidad "muy cuestionable" para atender los adeudos acumulados. Los accionistas de esta empresa "continúan sus prácticas de extracción de fondos de las empresas, sólo que involucrando al Fobaproa".

A pesar de ello, el Subcomité le concedió un crédito adicional por un millón de pesos para el pago de su nómina, con la salvedad de que fue otorgado a una empresa en la que no aparecía como accionista Arturo Lomelí Villalobos, aunque los recursos se destinaron al pago salarial de los trabajadores al servicio del propio Arturo Lomelí Villalobos.

En la sesión número 8 (15 de julio de 1997), el acta apunta que "el viernes 4 de julio se dispusieron 969 mil 995.18 pesos para el pago de nóminas de los jornaleros de San Quintín, con objeto de evitar un conflicto social en ese lugar. Se tomó la decisión de no pagar la nómina de jornaleros en otros lugares dado que el número de trabajadores es reducido y por tanto no existía riesgo". San Quintín es una de las propiedades del Grupo Lomelí.

El acta de esa sesión advierte: "la noche del 7 de julio se presentó un incendio en Los Mochis. Según los Lomelí fue provocado por los trabajadores inconformes por la falta de pago de sus salarios. Reportan que se quemó estacón en una cifra cercana al millón de piezas, lo que implica un costo importante. Podría inferirse que el incendio fue provocado como medida de presión hacia el Fobaproa, debido a que no se les han dado los recursos que quieren".

En las actas, de manera reiterada, se comenta la "hostilidad" de los Lomelí hacia el personal del Fobaproa, así como que "los Lomelí no han mostrado capacidad empresarial ni administrativa". En la sesión número 8 se comentó que "se ha desarrollado un ambiente hostil de parte de los Lomelí hacia nuestro personal. La gente que trabaja para el Fobaproa, pero es pagada por Lomelí, ha dejado de recibir su sueldo desde el primero de junio. Se ha prohibido la entrada al empaque de Mochis a nuestro personal, debido a que son quienes detectaron que el estacón quemado fue viejo y seguramente provocado por los Lomelí".

En la sesión número 17 (6 de noviembre de 1997) se abordó nuevamente el caso del Grupo Lomelí. El acta señala: "se comentó también la situación del adeudo con Banca Confía por cheques devueltos que fueron utilizados para el pago de nóminas de los jornaleros. El licenciado Guillermo Güemez solicitó que se explicara cómo se había generado esta situación, por lo que se mencionó que derivó de que el licenciado Alfredo Corvera, quien fungía como responsable de la tesorería del Grupo Lomelí por parte de Fobaproa durante la intervención convencional y que actualmente colabora con el Fondo, firmaba de manera mancomunada en la chequera de los señores Lomelí y se requería de manera urgente de recursos para el pago de los jornaleros con el objeto de evitar posibles brotes sociales. Se recordó, asimismo, que este asunto fue hecho del conocimiento del Subcomité de Recuperación en la sesión número 7 del primero de julio de 1997. Por lo anterior, hubo consenso en que este adeudo se incorpore a la masa de créditos que absorberá el Fobaproa en la venta a Citibank".

El acta precisa: "finalmente, respecto del adeudo con Banca Confía por créditos otorgados a Lomelí en octubre de 1996, para la siembra del ciclo 1996/ 1997, por un monto de 3 millones de dólares y que con los intereses respectivos alcanza la cifra de 3 millones 159 mil 760 dólares, cuyo destino fue la compra de materia prima, pago de jornales y salarios, se consideró correcto que se incorpore este crédito a la masa de créditos que absorberá Fobaproa en la venta a Citibank. Ese movimiento evitaría una posible demanda de Banca Confía en contra del Fobaproa".

El Subcomité, siempre de acuerdo con las actas, exigió a los Lomelí que aportaran como garantía la franquicia de fútbol que se tiene con la Universidad de Guadalajara. También, la familia es propietaria de la empresa Santa Anita Produce, y el inventario del Fobaproa documentó más de 160 inmuebles propiedad de los Lomelí (24 de ellos en el extranjero), con un valor cercano a los 75 millones de dólares.

Independientemente del rescate del Grupo Lomelí como tal, en el acta del Subcomité de la sesión número 10 (7 de agosto de 1997), se lee: "Aerolíneas Ejecutivas. Banca Cremi. En junio de 1993, Banca Cremi autorizó crédito simple por 700 mil dólares con garantía prendaria del avión Lear Jet 25D número de serie 222 matrícula XAMHA, que sería utilizado de forma exclusiva por Grupo Lomelí.

"En enero de 1995, Cremi autoriza una reestructura a plazo de 5 años, obteniendo un pago en efectivo que se destina prácticamente a pago de intereses, por 245 mil dólares. La reestructura se autoriza, pero no se lleva a cabo la firma de los contratos.

"Problemática actual: la empresa resintió el incremento en insumos relativos a su actividad, así como el impacto por el desliz cambiario, sin que registrara incremento en sus ingresos, dado que el uso del avión fue exclusivo para el Grupo Lomelí Villalobos, quien no pudo pagar las rentas respectivas.

"Autorizaciones anteriores: en la sesión número 13 del anterior Comité Central, de fecha 10 de febrero de 1997, se autoriza a Banca Cremi a proceder a la venta del avión, a un precio no inferior al adeudo que tiene con Banca Cremi por 706 mil 600 dólares, aplicado el descuento del Fopyme. Cualquier remanente entregarlo al deudor. De no concretarse la venta, Banca Cremi se adjudique el bien a través de Valuación y Venta de Activos".

Sin embargo, el procedimiento se topó con que el avión de marras fue internado al país ilegalmente (una de avión chocolate). Al respecto, el Subcomité reconoce: "esta autorización tendría su complicación, tomando en cuenta la condición en que fue internada la aeronave al país, Cremi tendría que recibir mediante un fideicomiso que permita contratar un servicio de aerotaxi para poder volar o en su caso cubrir los impuestos para su internación legal al país. Con este motivo se revisó nuevamente el asunto, en la sesión número 21 del citado Comité Central de fecha 14 de abril, resultando el siguiente acuerdo: se queda pendiente el asunto. Preparar un informe respecto al compromiso adquirido por Banco Unión, según carta del 27 de abril de 1995".

El acta continúa: "propuesta actual: según comunicado que recibimos de parte de Jorge Fernández Margáin, director de Recuperaciones Especiales de Banca Cremi, la propuesta es la siguiente: (a pagar) 775 mil 769 dólares. La garantía para la reestructura (del crédito de Banca Cremi) será prendaria de la misma unidad" (el avión chocolate).

En opinión de Banca Cremi, señala el acta, "la propuesta es razonable de acuerdo a: el avión se encuentra depreciado y existe una evidente falta de ofertas para la adquisición de aeronaves en el mercado; con este pago se liquida por completo el crédito que la empresa recibió de Cremi; el porcentaje de la quita corresponde a parámetros autorizados por Fopyme (50 mil dólares en este caso) y al copete moratorio. Observación: difícilmente Banca Cremi podrá recuperar los 175 mil 769 dólares del pagaré de Lomelí. Sin embargo, no existirá quebranto en el monto principal".

Aunque parezca disco rayado, los hermanos Arturo, Héctor, Conrado y Andrés Lomelí Villalobos eran accionistas y miembros del consejo de administración de Banca Cremi, la institución financiera involucrada en el asunto del préstamo para el avión chocolate.

En la sesión número 13 (10 de septiembre de 1997), el Subcomité indicó: el asunto de Aerolíneas Ejecutivas "se presenta al Subcomité aun cuando el monto no lo requiere, debido a que el caso fue discutido con anterioridad en el Comité Central de Crédito". Por ello, "se aprueba la instrumentación de operación, por lo que los ejecutivos de Banca Cremi deberán proceder conforme a la autorización del Comité Central de Crédito, tomando en consideración las modificaciones expuestas en este Subcomité..."

Gobierno de Zacatecas: Logró el apoyo de la Secretaría de Hacienda y concretó un acuerdo con el Fobaproa para reestructurar sus adeudos, aunque la contratación de dicho débito nunca tuvo autorización del Congreso estatal.

En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997) se expuso: "el gobierno de Zacatecas llamó a la Dirección de Activos Corporativos comentando que les urgía finiquitar este asunto. Por tal razón se negoció y logró un pago parcial por un monto de 270 millones de pesos y 8 adicionales por 87.6 millones para un total de 357.7 millones, que equivalen a 91.5 por ciento del adeudo, capital e intereses normales. Los pagos parciales quedaron documentados de forma que los realizará de manera directa la Tesorería de la Federación".

Además, "Carlos García Moreno (director general de Crédito de la SHCP) señaló que él conocía la operación y explicó que la deuda estaba inscrita en crédito público, pero no tenía autorización del Congreso; sin embargo, como apoyo al gobernador (en ese entonces, el priísta Arturo Romo) la Secretaría de Hacienda estaría aportándole al gobierno de Zacatecas los 270 millones de pesos que requiere para hacer el primer pago".

De acuerdo con las actas, el 30 de junio de 1995 Banco del Centro (Bancen) otorgó cuatro créditos al gobierno de Zacatecas, por 227 millones 145 mil pesos, los cuales quedaron garantizados con las participaciones de ingresos federales.

"Hace cuatro meses aproximadamente nos llamó (al Fobaproa) la Secretaría de Hacienda con el propósito de que este adeudo se liquidara, pero en ese entonces se hablaba de un descuento inclusive a capital, planteamiento con el cual no estuvimos de acuerdo, en virtud de que el crédito contaba con la garantía de aportaciones federales".

El 29 de noviembre de 1995, las partes celebraron un convenio modificatorio mediante el cual el gobierno de Zacatecas reconoció deber 260 millones de pesos, quedando reestructurado en unidades de inversión (Udi). Este crédito tenía que ser amortizado en 72 pagos a capital, el último a efectuarse el 30 de noviembre de 2003. El convenio se celebró conforme al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios, convenio suscrito entre la SHCP, la Asociación de Banqueros de México y el gobierno federal.

El 19 de diciembre de 1997 se suscribió un nuevo convenio entre Bancen y el gobierno de Zacatecas sobre el crédito garantizado con participaciones federales. Así, el gobierno de Zacatecas "acepta pagar 357.7 millones de pesos, lo cual representa una recuperación de 91.5 por ciento del adeudo correspondiente a capital más intereses normales".

Quedó pendiente en esa fecha la negociación de un préstamo quirografario -adicional al garantizado con aportaciones federales- por un total de 73.75 millones de pesos.

Originalmente, al gobierno de Zacatecas le fueron concedidos cuatro créditos por 227.14 millones de pesos. Al 17 de septiembre de 1997, el adeudo ascendía a 475.31 millones (109.26 por ciento de aumento en dos años y tres meses).

La propuesta del Fobaproa para saldar el adeudo del gobierno de Zacatecas fue la siguiente:

Se acordó en dos partes: 1) un primer pago de 270 millones de pesos realizado el 19 de diciembre de 1997 y, 2) 8 pagos mensuales, los primeros siete por 10 millones 944 mil 431 pesos y el octavo por 10 millones 944 mil 435 pesos.

El acta respectiva señala: "para tal fin se suscribió un convenio entre el gobierno de Zacatecas y Banco del Centro, firmando por el gobierno de Zacatecas el gobernador (Arturo Romo), el secretario de Gobierno y el secretario de Planeación y Finanzas. En este convenio la cláusula más importante es que el gobierno de Zacatecas está conforme en que los importes que se precisan en la cláusula anterior se paguen a la institución a través de la Tesorería de la Federación, mediante participaciones que en ingresos federales corresponden al estado de Zacatecas, los días 30 de cada mes. Iniciando en enero de 1998 y concluyendo en el mes de agosto de 1998".

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