Es incuestionable el fortalecimiento de las actividades de regulación de la industria eléctrica; exige garantizar organismos reguladores independientes tanto del gobierno como de las mismas empresas eléctricas ųestatales, mixtas y privadasų, y cuya finalidad deberá ser garantizar un servicio eléctrico confiable, de calidad y al menor costo posible. Los entes reguladores deben estar libres de toda sospecha; no estar sujetos a la manipulación política, ni bajo la influencia parcial de las empresas eléctricas. Deben ser altamente solventes, con personal de incuestionable honradez y fortaleza técnica; contar con estructuras, normas y reglamentos que permitan que se haga muy bien la regulación. En este marco, la regulación de precios es fundamental. Precisamente por ello, uno de los aspectos de la reforma que exige mucha más reflexión es la definición de los métodos para fijar costos, pues ésta es la base de la regulación de precios de electricidad. ƑCuál es el costo adecuado que debe ser reconocido para un nivel de demanda, en un momento dado, en una región determinada, para establecer la tarifa del suministro y, en consecuencia, el precio que debe pagar un usuario específico? Esta pregunta está sujeta a dos tipos de presiones: la de los productores, que permanentemente exigen altos niveles de rentabilidad, por lo demás vinculados a las tasas de depreciación y de descuento autorizadas; y la de los consumidores, que también exigen precios bajos, como en el caso residencial y agrícola, vinculados a subsidios.

Hoy, las empresas estatales de electricidad son propietarias de la mayoría de las plantas de generación, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), compradora única, es responsable de asegurar la transmisión a través de la red nacional (poco más de 70 mil kilómetros), para su ulterior distribución, tanto por sus propias redes como por las de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Todo esto supone su funcionamiento económico del sistema nacional de generación, que se logra cuando se ordenan las plantas con base en su costo. Así, atendiendo al nivel de la demanda y a las condiciones de la transmisión, las plantas operan bajo lo que se llama un orden de mérito, es decir, de costos menores a costos superiores. Es preciso notar que la central de mayor costo en una hora puede ser de costo medio en otra; sin embargo, las de costos inferiores siempre serán así y así serán despachadas. El precio debe permitir no sólo que opere la central de mayores costos, necesaria para el suministro eléctrico de esa hora, sino que se expanda la industria, de acuerdo con el ritmo de la demanda. Se trata de uno de los asuntos más delicados de la industria. Si ésta opera bien, lo hace según la lista ordenada por costos de las plantas capaces de atender el suministro. Como se podrá comprender, el establecimiento del orden de mérito de las plantas depende de nivel de costo reconocido a cada una de ellas; y en función de ello, el beneficio extra que las plantas de menores costos obtienen en cada hora de suministro. Este reconocimiento es una de las tareas más importantes de la regulación, que determinará que algunas plantas no tendrán ese beneficio extra en algunas horas del día. Se trata de la base esencial de la regulación de precios. Exige no sólo una habilidad técnica muy detallada, sino una honradez a toda prueba, para que se opere técnica y económicamente bien y con justicia. El proyecto de nacionalización y control estatal de la industria eléctrica siempre se ha orientado a buscar que el beneficio de la operación se transmita a los usuarios. Gracias a esa enorme red nacional de transmisión ųuno de los mayores activos nacionalesų se recoge, por decirlo así, la electricidad y se distribuyen los beneficios y los costos entre todos los usuarios en todo el país. De manera especial, siempre se ha pretendido que los beneficios de una central de costos muy bajos ųmuchas veces derivados de una riqueza natural, como en el caso de las grandes hidroeléctricas-, fueran distribuidos a todos los usuarios; y que las consecuencias de la necesidad de operar centrales de altos costos también fueran compartidas nacionalmente. Se trata de un principio de justicia y equidad que no debe ser abandonado y que, sin duda, deberá garantizarse junto con una regulación que lo respalde y que garantice la operación limpia y honesta de la industria. Este es uno de los puntos clave del debate actual.