Alberto Aziz Nassif
Malos gobiernos y malos negocios

Con las auditorías y el informe de Michael Mackey quedaron claras al menos dos cosas: que el rescate bancario (Fobaproa) es el resultado de una serie de errores acumulados durante años; y que los platos rotos los vamos a pagar entre todos los mexicanos, durante muchos años. Una hipótesis que sirve de complemento a estos resultados es que los últimos gobiernos priístas han comprometido seriamente el futuro del país por hacer malos negocios con dinero público.

Durante décadas los gobiernos emanados de un sistema de partido hegemónico se dieron el lujo de hacer malos negocios, sin tener que rendir cuentas a nadie. El modelo se fue agotando poco a poco hasta que llegó el último desastre económico, 1994-1995, y la dimensión de la crisis puso en jaque al sistema mismo porque se rebasaron todos los límites tolerables. El informe Mackey, con todo y los huecos de información que padeció, señala los nudos más importantes del caso: primero, con la estatización llegaron banqueros sin experiencia y hubo un crecimiento explosivo de préstamos y una grave falta de supervisión; después, con la privatización, llegó una nueva generación de banqueros, peor que la anterior, con poca solvencia y muy inclinados al negocio fácil y al financiamiento político del PRI (Cabal, Lankenau, Rodríguez, etcétera); siguió la descapitalización, luego con la crisis y el rescate se inició la locura de endosar millones de pesos de créditos impagables, mal otorgados, para que el gobierno asumiera las quiebras y los pagara con recursos fiscales. Siempre faltó una adecuada supervisión. ``La responsabilidad de que el rescate bancario en México se haya convertido en una de las operaciones de salvamento financiero más caras del mundo es atribuible a instancias gubernamentales encargadas del proceso, quienes aplicaron una política equivocada al mantener en operación instituciones de crédito inviables'' (La Jornada, 20/VII/99). Todo este proceso fue como una serpiente que terminó mordiéndose la cola y tragándose a sí misma.

Los malos negocios de una estatización caprichosa en 1982 se agravaron con los resultados de una privatización plagada de irregularidades. Muy lejos quedaron los gobiernos encabezados por López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo, de la rendición de cuentas. Los contrapesos democráticos no generan de forma automática buenos gobiernos y buenos negocios, pero definitivamente son la ruta más adecuada para evitar los excesos del poder y sus altos costos. Una pequeña prueba de ello es que las negociaciones que dieron por resultado el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), una medicina para un paciente casi terminal, fueron más discutidas, públicas y transparentes, que todas operaciones y políticas de las etapas anteriores.

Después de ver la piñata del rescate financiero, queda una fuerte impresión de que el viejo sistema político mexicano ha llegado a su fin. La falta de un sistema democrático en México --libertades, ciudadanía, contrapesos entre los poderes, manejos gubernamentales transparentes, rendición de cuentas y un estado de derecho-- terminó por comprometer el futuro del país y el bienestar de la siguiente generación. Los errores, los malos negocios y las políticas equivocadas de varios gobiernos, unos nacionalistas revolucionarios y otros tecnócratas, pero todos priístas, tienen un trasfondo directo con el autoritarismo y sus compañeros de viaje, la corrupción y la discrecionalidad. El salinismo preparó con su política económica una bomba de tiempo y al actual gobierno, sin imaginación ni talento, le ha tocado medio ``administrar'' los costos de esa explosión, aplicando la misma política. Si México hubiera tenido un sistema democrático, probablemente los costos de esta crisis hubieran sido menores y se habrían repartido de otra forma. En cualquier país democrático un caso similar hubiera sido motivo para que se derrumbara el gobierno y que el partido en el poder perdiera las elecciones.

Cuando los costos de las políticas públicas tengan responsables directos y su evaluación sea sobre la base de pérdidas y ganancias electorales, quizá habremos llegado a la democracia. El partido gobernante, con esta bancarrota, ha perdido la legitimidad para seguir en el poder. Es hora de que el país tenga la oportunidad para tener un buen gobierno que rinda cuentas y que sea responsable ante la sociedad. Hay que ponerle un alto a los malos gobiernos y a los malos negocios, ese es el reto del año 2000.