La Jornada Delcampo, 28 de julio de 1999
La pluriculturalidad
y la gestión pública en la Ciudad de
México*
Magdalena Gómez
Abordaré la cuestión
de la pluriculturalidad en el escenario nacional, con rasgos muy
genéricos, para valorar desde esa óptica las
políticas y programas que el actual Gobierno del Distrito
Federal ha definido. Y paso a las advertencias: en materia de
pluriculturalidad el punto de partida es su dimensión
indígena sin desconocer que en nuestro país existen
minorías migrantes de diversos países. También
anoto que este esfuerzo local es resultado indirecto de la emergencia
política de los pueblos indígenas a raíz del
levantamiento zapatista y el proceso de diálogo de su
dirigencia con el Gobierno Federal.
Sin embargo, si bien ubicamos
esta coyuntura propicia, importa centrar el origen del problema y su
naturaleza. Durante los últimos cinco años hemos
discutido en México sobre pluriculturalidad con la intensidad y
beligerancia que lo hicieran en el siglo XIX respecto al proyecto de
Nación. Que tal debate esté hoy presente no significa
que estuviera ausente en aquellos tiempos. Cuando se desató la
ofensiva liberal contra las tierras comunales se estaba perfilando la
oferta de la "modernización" por la vía del libre acceso
al mercado de trabajo. De la misma manera se hizo cuando se
consolidó la visión de que nuestro punto de unión
como Nación se consolidaba en el mestizaje. Ni que hablar de
las sucesivas revoluciones donde los indígenas pusieron los
muertos pero no tuvieron liderazgo político ni
programático.
Nuestra historia guarda
también grandes muestras de racismo. Poco se conoce que cuando
perdimos la guerra frente a Estados Unidos, en 1848, uno de los
argumentos de los políticos norteamericanos en contra de la
anexión fue precisamente la masiva presencia indígena;
así, se afirmó que no podría mezclarse a los
europeos americanizados con un país que de seis millones y
medio de habitantes contaba con cuatro millones de
"infrapoblación": El congresista John Milton Niles expuso "La
idea de reunir los destinos de esta libre y gran república a
los de un país como México, es sorprendente y debe
llenar de alarma el espíritu de cualquier persona
reflexiva. ƑEn qué otro país de la tierra podemos
encontrar combinados todos los males de raza, gobierno,
religión y moral? Y si es que existen otros males seguramente
se encontrarán ahí".1 Ahí está nuestra
historia y ahí sus paradojas. Como parte de ellas anotamos que
la rebelión zapatista dio inicio el día que entraba en
vigencia el TLC.
Estos ejemplos ilustran el
contexto en que se produjo la exaltación de una identidad
nacional mestiza que declaró oficialmente la muerte de la
presencia indígena para ubicarla dentro de nuestro "pasado
glorioso". Esta llamada "cruzada civilizatoria" perfiló una
ideología dominante respaldada por una Constitución que
organizó un Estado y sus instituciones para fortalecer el ideal
de la mexicanidad y dotar a los integrantes de la nación de un
amplio capítulo de garantías fundamentales. Así
se consumó la exclusión de unos pueblos y unas
culturas.
Mientras este proceso se
consolidaba, los pueblos indígenas mantenían con mayor o
menor vigor sus culturas, formas de organización social y
política, su cosmovisión; siempre amenazados por el
modelo de desarrollo económico y sus avales jurídicos,
les fueron despojando de sus tierras y territorios y con ello
vulnerando el sustento material como pueblos.
Como reacción, las dos
últimas décadas cobró fuerza un movimiento social
de los pueblos indígenas para demandar el reconocimiento
jurídico a sus derechos históricos. Entre otras
implicaciones de este planteamiento podemos señalar que
significó un ajuste de cuentas con el indigenismo oficial que,
infructuosamente, durante los últimos 50 años ha
pretendido ubicar a estos pueblos como objeto de asistencia antes que
sujetos de derecho.
Son múltiples las
implicaciones del planteamiento pluricultural. Entre ellas destaco que
el hecho de que nuestras ciudades estén abordando esta
problemática desde su gestión local como parte de la
agenda de las políticas públicas, indica que algo han
logrado los pueblos indígenas con su persistencia y su
resistencia a pesar del anonimato cultural impuesto desde nuestros
orígenes como Estado y como Nación.
Propuesta pluricultural en la Ciudad
de México
La ciudad de
México es la concentración urbana con mayor presencia
indígena en todo el continente americano. En ella se hablan
todas las lenguas indígenas del país y vive uno de cada
veinte indígenas de la nación.2 Una
ciudad, sin embargo, cuyo rostro indígena ha permanecido oculto
Por ello, los pueblos
indígenas originarios y la población indígena
migrante constituyen para la política social del gobierno de la
ciudad un sector de atención prioritario en función de
reconocer sus derechos y promover la superación de sus
condiciones de exclusión y discriminación.3
Nos hemos propuesto crear
condiciones para que los pueblos indígenas en la ciudad no
perciban más al Distrito Federal como un espacio ajeno y
hostil; para que sea, en cambio, también su espacio propio, una
ciudad que se enriquece y necesita de la presencia indígena,
una ciudad para todas las culturas.
En tanto se fortalece el marco
constitucional, tanto para el derecho indígena como para el
Distrito Federal, en el actual gobierno democrático estamos
avanzando en la definición de políticas públicas,
como una derivación del reconocimiento de derechos a los
pueblos indígenas y a sus integrantes, concretamente en el
convenio 169, lo que nos permite referir el contenido de dichas
políticas al ejercicio de tales derechos. Planteado así
se reducen los márgenes de discrecionalidad que hasta ahora han
caracterizado las acciones tanto del Estado mexicano como del resto de
países en América Latina, incluso en aquéllos
donde su población es mayoritariamente indígena.
Recordemos que, en América
Latina, la mayor parte de los países tiene muy poco tiempo en
que inició el debate y la definición de políticas
públicas hacia el sector indígena. En este lance, no
parece aún encontrar un punto de encuentro la nueva
dinámica de derechos de los pueblos indígenas con las
instituciones y proyectos indigenistas, y se tiende a valorar como
peligroso el compromiso por el pleno ejercicio de estos derechos ante
la evidencia de que su ejercicio conlleva a la confrontación
con las dinámicas imperantes en el conjunto de sus aparatos
gubernamentales.
No obstante, podemos anotar que
hay indicios de cambio: Bolivia y Colombia parecen estar dispuestos a
definir una política y una línea institucional de nuevo
tipo y acorde al marco constitucional de derechos, siempre con la
tensión de la insuficiente participación directa de
representaciones de los pueblos indígenas; en cambio en
Ecuador, que cuenta ahora con una nueva Constitución con
enfoque pluricultural, creó desde el año pasado un
consejo para la definición y aplicación de
políticas públicas, cuya dirección está
ligada orgánicamente al movimiento indígena.
Constituye un reto definir y
aplicar una política que promueva la equidad en el sentido de
acceso a oportunidades, pero también lo es que dichas
oportunidades reflejen crecientemente la pluriculturalidad. Para
señalar algunos ejemplos: no basta con garantizar el acceso a
la educación cuando dicho servicio no está dotado de
condiciones que les permita a los indígenas fortalecer o
reconstruir su identidad, empezando por el uso de la lengua
indígena; tampoco basta con reafirmar su derecho a una
administración de justicia que les respete el derecho al
traductor si no se generan espacios de
formación y profesionalización de los mismos; no es
suficiente con que se hable de respeto a la diversidad si la
política cultural y educativa y de medios de
comunicación no incluye espacios y actividades donde todos y
todas indígenas y no indígenas conozcamos y valoremos la
multiplicidad de expresiones artísticas de los pueblos
indígenas, nos reeduquemos y aprendamos a eliminar la
discriminación.
En el caso de los pueblos
indígenas originarios es necesario reconocer la
contribución que realizan mediante la producción de
bienes y servicios ambientales estratégicos para el conjunto de
la urbe y, en particular, como fuente de abasto de agua, saneamiento
del aire, preservación de la biodiversidad.
Una política pública
urbana de cara a la cuestión indígena
Para este año logramos la
coordinación entre 48 dependencias del gobierno de la ciudad,
tanto del sector central como de las delegaciones a fin de
diseñar un programa de trabajo. Este esfuerzo expresa nuestro
interés por definir y operar una política de gobierno en
materia indígena que involucre al conjunto de la
administración pública.
Es la primera vez en la historia
del Distrito Federal que se formula una política de
reconocimiento a la naturaleza pluricultural de la ciudad y se valora
la presencia indígena, y es también la primera
ocasión que en nuestro país se asume que la
política en esta materia debe ser tarea del conjunto del
gobierno y no de una instancia en particular. Una experiencia
así impactará sin duda al resto del país, donde
prevalecen los programas fragmentarios que en ocasiones denigran a los
pueblos indígenas al ubicarlos dentro de los llamados grupos
vulnerables. El programa referido incluye las siguientes
acciones:
Una campaña permanente
contra la discriminación, por el diálogo y la diversidad
cultural, seminarios y conferencias sobre presencia indígena;
políticas públicas y análisis legislativo;
festivales delegacionales. y de acercamiento de servicios destinados a
población indígena dispersa y que carece hasta ahora de
espacios de relación comunitaria y de interlocución con
las instituciones; actividades de capacitación y
sensibilización en las diferentes instancias del gobierno (se
están impartiendo talleres y cursos destinados a servidores
públicos en materia de derechos indígenas). Particular
importancia tiene la capacitación de personal relacionado con
las tareas de procuración de justicia. Para ello se han
realizado talleres de capacitación a defensores de oficio y
jueces cívicos, ministerios públicos y con el personal
adscrito a la Dirección General de Reclusorios y Centros de
Readaptación Social.
Por otra parte, estamos
promoviendo actividades de capacitación destinadas a grupos
organizados de población indígena sobre derechos
humanos, derechos indígenas, formación de peritos
traductores, intérpretes y gestores indígenas,
tradición oral y rescate histórico, cooperativismo,
capacitación para el trabajo y capacitación en la
formulación y ejecución de proyectos
productivos.
Se está revisando a la vez
la normatividad operativa de los servicios del gobierno para
adecuarlos a la diversidad cultural y a la especificidad
indígena; ya opera, en ese sentido, con el registro civil. Se
brinda asesoría jurídica a la población
indígena y ya dio inicio al programa de abogados itinerantes
para acercar los servicios jurídicos a esta
población.
Además se desarrollan, en
el rubro de servicios directos, actividades de diagnóstico
optométrico y nutricional con pueblos originarios y poblaciones
migrantes para dotación de lentes y atención en casos de
desnutrición; canalización y seguimiento en problemas de
emergencia como detenciones, personas extraviadas; organización
de los tianguis artesanales itinerantes; programas de desarrollo
comunitario para la protección, preservación y
promoción de recursos naturales, y el programa de
alfabetización, dirigido a comerciantes ambulantes
indígenas del Centro Histórico.
Por su parte la Delegación
Xochimilco conjuntamente con la Dirección General de Equidad y
Desarrollo Social promovieron la Casa de los Pueblos Originarios del
Distrito Federal que viene a sumarse al Centro de Atención a la
Población Indígena Migrante creado el año
pasado. Este es un espacio de encuentro y atención para los
pueblos indígenas originarios del Distrito Federal en donde se
brinda atención jurídica especializada y
capacitación en diversas materias, destacando la agraria, la
ambiental así como la relacionada con patrimonio
cultural.
Perspectiva
El pluriculturalismo que
impulsamos desde el Gobierno de la Ciudad se reconoce como un espacio
de cuestionamiento al proyecto vigente de Estado-Nación. Es
inútil que intentemos trivializar esta implicación. En
México vivimos un proceso de transición a la democracia
dentro del cual los pueblos indígenas han colocado en el orden
del día el asunto de la naturaleza pluricultural de la
nación mexicana. Hoy ninguna fuerza política ni social
puede pasar de largo frente a esta implicación. Lo que
está en juego es si aún somos capaces de establecer un
nuevo pacto social donde la pluriculturalidad y la diversidad se
reconozca en todas sus manifestaciones. La arena del debate se ubica
en el escenario jurídico y en el marco de la reforma del
Estado; en su antesala está la demanda indígena.
1 Speech of Hon. John
M. Niles of Connecticut on the War with México. Delevered in
the Senado of the United States. 9 de febrero de 1848, Washington,
printed at the Congresional, Globe Office, 1848, p.11.
2 Las principales
lenguas habladas en esta zona son: el Nahuatl con 52,483 hablantes
(25,556 en el D.F. y 26,927 en la zona conurbada respectivamente), el
Otomí con 32,321 (16,495 y 15,826), el Mixteco con 30,776
(13,930 y 16,846), el Zapoteco con 25,969 (14,119 y 11,850), el
Mazahua con 12,827 (7,846 y 6.963), el Mazateco con 7,677 (4276 y
3,401), el Totonaca con 6,556 (3,036 y 3,520), el Maya con 3,608
(2,278 y 1,330) y finalmente el Mixe con 3,601 (2,020 y 1,581).
3 Los indígenas
en la zona metropolitana desempeñan de manera irregular
diversos oficios tales como albañiles, cargadores, macheteros,
lavacoches, comerciantes ambulantes y semifijos, domésticas,
artesanos, carpinteros, taqueros, agricultores, empleados
principalmente en actividades de vigilancia y seguridad como
policías y soldados. La mayoría de quienes se dedican al
comercio ambulante se concentran en el centro de la Ciudad de
México (Del. Cuauhtémoc), donde encontramos a grupos de
mazahuas (que incluso ya han interiorizado el estereotipo de
"Marías" y se reconocen a sí mismas como tales) de
triquis (cuentan con un local que si bien no es propio tienen ya
habitándolo 10 años, ellos venden principalmente ropa
típica tejida y bordada a mano), de nahuas (elaboran
artesanías y muebles de madera así como dibujos en papel
Amate), estos grupos proceden de varios estados de la
República. Los fabricantes de papel Amate de San Pablito,
Puebla, los pintores de Xilitla, Guerrero, los fabricantes de muebles
de madera de pino de Zongólica, Veracruz.
Se ha vuelto ya un punto
de reunión la explanada del metro San Lázaro, que
idóneamente es la terminal de autobuses del oriente donde
llegan pobladores originarios de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas,
etc., es ahí donde regularmente sufren el despojo de sus
escasas pertenencias al llegar a la ciudad.
* Versión resumida
de ponencia presentada en la segunda reunión de la Red
Latinoamericana de Ciudades por la Paz; La Paz, Bolivia, 16 a 18 de
julio de 1999.