LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

A finales del año pasado el gobierno y el Partido Acción Nacional formaron una alianza tácita para legalizar el rescate bancario realizado por el Fobaproa, operación que, según numerosos indicios, es un saqueo sin precedentes a las arcas públicas y, por ende, a los contribuyentes. Tal alianza ha llegado a un punto cercano a la ruptura luego de que el legislador panista Fauzi Hamdan anunciara que las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para esclarecer la obligación del gobierno de enterar al Legislativo sobre las operaciones de financiamiento de las campañas electorales del PRI en 1994 con fondos del Banco Unión, en ese entonces propiedad del extraditable Carlos Cabal Peniche.

Habría que preguntarse si en esta ocasión los panistas están dispuestos a ir hasta el fondo y si no sucumbirán, a última hora, a la tentación de sumarse al PRI en el encubrimiento de las presuntas ilegalidades del salvamento bancario. Por desgracia, los antecedentes en este asunto muestran una historia de claudicaciones. Pero el extremo cinismo gubernamental --negarse, con el pretexto del secreto bancario, a proporcionar a los legisladores la información sobre el desvío de fondos perpetrado por un prófugo de la justicia para financiar al grupo en el poder-- podría ser la gota que derramara el vaso de la paciencia (o complicidad) panista. El precio político que implicaría prestarse para la aprobación legislativa de este ocultamiento manifiesto, de cara a las elecciones del 2000, podría ser una consideración que lleve a Acción Nacional a romper, así sea de manera tardía, su línea de concertacesiones legislativas. Otro factor de ruptura entre las bancadas priísta y panista podría ser la reciente negativa de los senadores del tricolor de discutir siquiera las necesarias reformas a la legislación electoral.

El hecho es que si persiste la anunciada determinación de los panistas de recuperar su perfil opositor ello hará posible una acción legal que no se ha aplicado por Legislatura alguna desde que entró en vigor la Constitución que nos rige. Ello permitiría poner al descubierto el turbio origen de los fondos multimillonarios empleados por la maquinaria priísta en los comicios de 1994 y colocaría al país en una circunstancia inédita, pero esperanzadora, de independencia del Poder Legislativo y contrapesos institucionales, luego de muchas décadas de sometimiento del Congreso al Ejecutivo federal.