Reacción tardía ante las deficiencias del rescate
Carlos Fernández-Vega n Años después de que el Fobaproa diera rienda suelta al rescate de bancos y megaempresas (y, desde luego, de sus propietarios), y casi dos meses antes de que el presidente Zedillo difundiera su intención de convertir en deuda pública la cartera del Fondo, los funcionarios del Subcomité de Recuperación habrían registrado, tardíamente, que algo fallaba en el mecanismo de salvamento.
En la sesión 23 (3 de febrero de 1998), el director general del Fobaproa, Javier Arrigunaga, tal vez enterado de la decisión presidencial -y, por ende, de la urgencia de darle coherencia y maquillaje a las decisiones asumidas-, advertía a sus correligionarios en el seno del Subcomité de la fragilidad de la situación.
Ante el presidente y el contralor general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández y Mario Hernández Reyes, respectivamente, del subsecretario de Hacienda, Martín Werner, el vicegobernador del Banco de México, Guillermo Güemez García, y de los directores generales de Banca Múltiple y de Crédito de la SHCP, Fernando Borja Mújica y Carlos García Moreno, Arrigunaga advirtió:
''Es la primera vez (1998) que se realiza una auditoría para verificar que la información proporcionada por los bancos al Fondo existe realmente; el problema radica en los fideicomisos Fobaproa, ya que los bancos no están entregando información mensual y los estados financieros que proporcionan carecen de las firmas de los funcionarios competentes''.
Como si los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nunca hubieran participado en la toma de decisiones, Arrigunaga dio a conocer que ''el Fondo enviará una carta a la CNBV, para que ésta solicite a los bancos que participaron con el Fobaproa en el esquema de flujos de cartera la información sobre los estados financieros de los respectivos fideicomisos''.
El acta de dicha sesión advierte: ''después de diversos comentarios, los miembros del Subcomité de Recuperación se dieron por enterados del reporte''.
Hoy, el argumento de las autoridades gubernamentales para negar la información sobre los fideicomisos del Fobaproa es, simple y llanamente, que es necesario ''proteger el secreto bancario''.
Concesionaria de Agua de Aguascalientes (CAASA): Empresa fundada en noviembre de 1993, mediante la unión de Grupo ICA -Ingenieros Civiles Asociados- (55 por ciento de las acciones) y Generale Des Eaux (45 por ciento), dedicada a la operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y agua potable.
En 1997, el consejo de administración de ICA lo presidía Bernardo Quintana Isaac -también consejero del Grupo cementero Cemex-. Algunos de los vocales propietarios de la megaempresa constructora eran Jorge Borja Navarrete, Emilio Carrillo Gamboa, Alberto Escofet Artigas (ex director de la Comisión Federal de Electricidad), José Luis Guerrero Alvarez, Roberto Hernández Ramírez (presidente del consejo de administración de Banamex), Federico Martínez Salas, Sergio F. Montaño León, Héctor S. Ovalle Favela, Carlos Slim Helú (Banco y Casa de Bolsa Inbursa, Grupo Carso y Telmex) y Lorenzo H. Zambrano Treviño (cabeza de Cemex).
El caso fue presentado al Subcomité de Recuperación en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), aunque Fobaproa se hizo cargo del empréstito -otorgado originalmente por Banco Santander Mexicano- en septiembre de 1996.
En el acta respectiva se anota: ''Eduardo Fernández (presidente de la CNBV) preguntó cuál era el apalancamiento de la empresa desde su creación, explicándole que originalmente tuvo un capital de 35 millones de pesos y créditos por 107 millones de pesos: además, nunca se contó con avales ni garantías ni por parte de la empresa controladora, ni por parte de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), quien es uno de los socios principales''.
También ''se explicó que la propuesta de pago que ofrecen es muy baja, por lo que se les dijo que no es aceptable, lo que ha ocasionado molestia por parte de Ingenieros Civiles Asociados. Eduardo Fernández preguntó en qué consistía su molestia, por lo que se le explicó que ICA requería de un descuento importante con objeto de lograr la tasa interna de retorno que habían establecido originalmente como su objetivo y en caso de no lograr ese descuento, su rentabilidad sería inferior a lo que esperaban''.
Se dio lectura a los siguientes párrafos de un documento, que resume la posición de ICA:
''3.- El 17 de diciembre se le presentó la resolución tomada a la empresa, que a su vez contesta en un comunicado posterior lo siguiente:
''a) Ratifican la propuesta inicialmente presentada, en virtud de que ésta marcaba el límite mínimo de rentabilidad que los socios de la concesionaria (ICA) están dispuestos a asumir para permanecer en el proyecto y, por lo tanto,
''b) Entendemos que los eventuales apoyos que pudiera merecer el proyecto, posiblemente trascienden el campo de decisión del banco o del Fobaproa, por lo cual nos acogemos a los criterios que en su caso determine la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público''.
El acta de la sesión también señala que ''el licenciado José Manuel Guillermo (no identificado) explicó que se llevó a cabo un análisis financiero de la empresa, encontrándose que la misma tiene capacidad para mantener una deuda sostenible de 158 millones de pesos y el valor presente neto de la empresa es positivo, por lo que deben reconocer el adeudo completo, en todo caso, eliminando únicamente los intereses correspondientes al copete moratorio''.
El Subcomité tomó el siguiente acuerdo: ''independientemente de que la empresa contacte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o alguna otra instancia, se proceda a demandar a la misma, exigiendo el pago completo sin ninguna disminución al monto de la deuda sostenible de 158 millones de pesos. Lo anterior sin perjuicio de que continúen las negociaciones''.
Sin embargo, de acuerdo con el Fobaproa, la empresa logró un acuerdo de finiquito con Nacional Financiera, consistente en una quita de 50 por ciento de intereses moratorios y 50 por ciento de intereses a tasa corrida, con lo que recupera (sin considerar moratorios) 79 por ciento.
Los créditos originales fueron por 44.2 millones de pesos, en el caso de Banco Santander Mexicano -que encabeza el actual presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez-, y 35.3 millones en el de Nacional Financiera (Nafin). En septiembre de 1997 -un año después de que el Fobaproa compró a BSM los empréstitos- los adeudos habían llegado a niveles de 230.88 y 99.97 millones, respectivamente, de 330.85 millones.
ICA, junto con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), de la familia Ballesteros, y Triturados Basálticos (Tribasa), de la familia Peñaloza-Hank, fue una de las empresas más beneficiadas en el salinato con las concesiones carreteras y, desde luego, del rescate carretero puesto en marcha por el gobierno del presidente Zedillo, el cual a la fecha implica un costo de 80 mil millones de pesos, todos ellos a cargo del erario público.
Entre las subsidiarias y asociadas de ICA se cuentan Constructoras ICA, Concesionarias ICA, ICATECH Corporation, Inmobiliaria Impulsora Rain, Grupo Ferroviario Mexicano, ICA Reichman e Inmobiliaria Reichman. Asimismo, Sactún (exportación de piedra caliza), IH Querétaro, Veracruz y Tampico (fabricación de bienes de capital), Oprisa (operadora de estacionamientos, entre ellos los del monumento a la Madre, Radisson, Plaza Bellas Artes, Plaza Libertad y Plaza Garibaldi), SAPSA (administración y control de servicios de agua potable), empresas de relleno sanitario y la construcción, conservación y explotación de la autopista Caracas-La Guaira, en Venezuela.
Cementos Cruz Azul: Los créditos de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul fueron adquiridos, al cien por ciento, por el Fobaproa al Banco Santander Mexicano, y después vendidos a esa misma institución, con la salvedad que el consorcio bancario que encabeza Carlos Gómez y Gómez -presidente de la Asociación de Banqueros de México- recibió una comisión por recomprar ese adeudo.
La adquisición de cartera que Fobaproa hizo al Banco Santander Mexicano, se llevó a cabo en forma de paquete . El Subcomité acordó con el BSM que éste tendría derecho a percibir una comisión de 5 por ciento sobre la recuperación de los créditos, que sumaron 110 millones de dólares.
Así, el Banco Santander propuso al Fobaproa readquirir la cartera que previamente vendió al Fondo. Los representantes de la institución financiera se refirieron, específicamente, a un empréstito por 58 millones de dólares.
De acuerdo con el Subcomité, ''este es un crédito que se considera muy atractivo, debido a que está al corriente y la calidad crediticia del deudor se considera muy buena. Por esta razón, se estima que el valor del crédito es de al menos el 100 por ciento''.
La compra del empréstito por parte del BSM ''tiene el atractivo adicional de que al vender el crédito tendría que pagar a Bancomext una comisión por prepago del fondeo con un costo de 7.6 millones de dólares''.
De acuerdo con los documentos del Subcomité, ''la propuesta consistió en adquirir este crédito al 95 por ciento de su valor, que sería el monto que el Fobaproa recibiría si hoy se prepagara el crédito, es decir, el monto total del crédito menos la comisión de recuperación de 5 por ciento''.
En la sesión número 4 (12 de junio de 1997), el Subcomité aceptó ''la propuesta de BSM, tratando de obtener un precio superior a 95 por ciento, siendo deseable que se alcanzara 97 por ciento. En caso de que Banco Santander no aceptara la reducción de su comisión de 5 por ciento, explorar otras alternativas de venta o de mantener el crédito''.
En esta sesión, el director general del Fobaproa, Javier Arrigunaga, ''mencionó que de los tres créditos, dos de ellos, que en conjunto suman 52 millones, no tienen una cláusula que contemple una pena convencional por prepago, por lo que su cobro implicaría una recuperación de 100 centavos, mientras que los 58 millones restantes sí incluyen la pena de prepago y por ello puede obtenerse el precio sugerido por el Subcomité de 97 centavos (por dólar prestado)''.
Arrigunaga señaló que ''se negoció con BSM un precio de recompra por los tres créditos de 96 centavos por peso, y que dicho precio fue el promedio de ofertar 95 centavos (es decir, ciento por ciento menos la comisión de cobro de BSM de 5 por ciento) por los dos créditos por 52 millones de dólares, que no tienen problema de prepago y 97 centavos por el crédito de 58 millones''.
Después de diversos comentarios de los miembros del Subcomité, se llegó al siguiente acuerdo: ''se procede a vender a BSM los tres créditos que en conjunto suman 110 millones de dólares a un precio promedio de 96 por ciento del saldo total de los créditos referidos'', con lo que el banco de Carlos Gómez y Gómez se embolsó, luego de ser rescatado del crédito de Cruz Azul, 4.4 millones de dólares.
Grupo Jorisa: El principal accionista es José Luis Rión Santistéban, socio en Banpaís de Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, e integrante del consejo de administración de la Casa de Bolsa Bursamex. La empresa Financiera Independencia forma parte del Grupo Jorisa.
El asunto fue tratado en la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997). Los bancos involucrados en la operación fueron Banpaís, Santander Mexicano, Unión, Bancen y Sureste. El monto involucrado, 83.9 millones de dólares, que con intereses ordinarios y moratorios creció hasta 119.9 millones de dólares.
En dicha suma se incluye la cantidad correspondiente a préstamos personales para José Luis Rión Santistéban: 5.8 millones de dólares; con intereses la suma se elevó a 9.9 millones.
Al Grupo Jorisa se le concedieron créditos por 22.3 millones de dólares y con intereses llegaron a 37.6 millones. Además, la Impulsora Corporativa de Inmuebles, también propiedad de Rión Santistéban, obtuvo 55.8 millones de dólares, que con intereses llegaron a 72.3 millones. En el asunto Jorisa, Fobaproa participó en todo al 100 por ciento.
En un círculo vicioso inagotable, los préstamos personales para Rión Santistéban contaron con el aval de Jorisa; los de Jorisa con el de Rión Santistéban y los de Impulsora Corporativa de Inmuebles con el de Rión Santistéban y Jorisa
En la sesión número 21 (23 de diciembre de 1997), se abordó el problema de Jorisa, ''comentando que, básicamente, lo que se está buscando es definir si el caso se continúa analizando en la Dirección de Activos Corporativos (del Fobaproa, a cargo de Alberto Mulás) o lo hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nivel de la Vicepresidencia Jurídica (a cargo de Pedro Zamora), dado que en esa dependencia han realizado gestiones en relación con este caso, es decir, el objetivo principal es el de evitar la posibilidad de seguir caminos opuestos''.
Al respecto, Eduardo Fernández, presidente de la CNBV, ''expresó que lo más importante es que exista alguien que se dedique a revisar toda la situación crediticia en cada banco. Se le informó a Fernández que la Dirección de Activos Corporativos desconoce la situación que guarda el deudor con respecto a Banco Unión''.
Eduardo Fernández ''pidió que Raymundo Vázquez (Dirección Jurídica del Fobaproa) revise con Pedro Zamora y con Gustavo Escalante (Banco Unión) el estado que guarda la situación jurídica del deudor (Jorisa-Rión Santistéban) y Fernández Margáin (no identificado) revise con Banco Unión la parte crediticia''.
Ese fue el acuerdo del Subcomité, ''incluyendo cada una de sus empresas actualmente en operación, así como aquellas que ya no estuvieran operando pero que formaron parte del grupo como la Financiera Independencia y la del principal accionista de las mismas, José Luis Santistéban. Una vez que se tenga el panorama completo en los aspectos jurídico y crediticio de este grupo, volver a presentar el caso al Subcomité de Recuperación''. La mayoría de los créditos otorgados a Jorisa-Rión Santistéban, no fueron respaldados con garantías.
Correo: [email protected]