Julio Boltvinik
Mackey y el secreto bancario
El PAN quiere presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con el Poder Ejecutivo. El tema, la negativa del Ejecutivo a proporcionar, primero a Mackey y luego a la Cámara de Diputados, la información sobre los fideicomisos creados en el Banco Unión a beneficio del PRI. Es decir, el financiamiento que Cabal Peniche hizo a las campañas de Madrazo y Zedillo y que ahora, absorbidas por el Fobaproa, pagaremos todos los mexicanos. Si dichas campañas fueron financiadas ilegalmente, lo que se comprobaría con el acceso a la información negada por el Ejecutivo, ambos gobernantes perderían legitimidad, pero además tendrían que devolver los millones de dólares involucrados. La monstruosidad que está a punto de cometerse es que esos 25 millones de dólares se convertirán en deuda pública y la pagaremos todos los contribuyentes. Este es sólo un caso límite de la gran cantidad de atropellos cobijados por el ya desaparecido Fobaproa.
La argumentación que al público han dado las autoridades, primero Hacienda y luego Gobernación, es que la información de tales fideicomisos está protegida por el secreto bancario, y que el gobierno federal violaría la ley si permite el acceso a esta información. Esto parecería un argumento con visos de seriedad si fuese general, es decir, si en ningún caso se hubiera permitido el acceso de Mackey a los datos de los clientes de los bancos. Veamos qué dice el experto canadiense al respecto. En el Capítulo III, llamado ``Metodología'', hay tres largos párrafos que describen los diversos vericuetos y etapas por las que hubo de transitar el tema del acceso a la información hasta que, después de marzo de 1999: ``la mayoría de los bancos, aunque no todos (clara alusión al Banco Unión), permitieron el acceso a los expedientes (de los clientes) que se les solicitaron'' (p.16, versión en español en el www de Infosel). Aquí sólo hay de dos sopas: o el gobierno violó la ley en todos los demás casos y sólo la respetó en el caso de los fideicomisos del PRI, o se trata de un encubrimiento abierto y descarado.
La clave que, al parecer, destrabó el acceso a la información es, según el Informe, la ley que crea al IPAB: ``Una vez que las directrices y el contexto de nuestra revisión se aclararon, las autoridades financieras expusieron asuntos relacionados con la legalidad de la revisión y la confidencialidad de la información que se requería para llevar a cabo nuestro mandato. Estos asuntos no se resolvieron en su totalidad sino hasta que el Congreso aprobó la Nueva Ley de Protección al Ahorro Bancario en 1998, con objeto de aclarar los asuntos relacionados con el acceso a la información''(p.16). Es posible, entonces, que tengan la razón los senadores panistas Jiménez Remus y Castro Lozano y que la controversia constitucional pueda prosperar ya que dicen ``el artículo 7 transitorio de la Ley que creó al IPAB, sí permite el acceso a la información'' (Reforma, 29/07/99)
Pero entonces, ¿cómo fue que le negaron el acceso a Mackey a la información de los fideicomisos? Si en términos generales se había despejado el acceso a la información de los clientes, y aparentemente ello se apoyó en el artículo transitorio que citan los senadores del PAN, no habría bases para negarle la información a Mackey. Veamos qué fue lo que dice el informe de Mackey: ``Además, las limitaciones al alcance se tuvieron con los interventores de algunos bancos que fueron designados por la CNBV. En los casos en que los bancos habían sido intervenidos estaba claro que nuestro alcance se extendería a todo el banco ya que Fobaproa era responsable de todos los pasivos en el banco intervenido. En este contexto surgieron dos situaciones. Primero, en los casos en donde solamente se emprendió de facto una intervención (Serfin, Inverlat y Bancrecer) los interventores tomaron la postura de que no había ocurrido ninguna intervención y se negó el acceso a todos los aspectos del banco excepto a aquéllos relacionados con los programas formales del Fobaproa. Segundo, en los casos donde sí se había emprendido una intervención gerencial (12 bancos, entre ellos Unión y Confía) los interventores adoptaron la postura de que las cuentas de los fideicomisos en los bancos intervenidos no eran parte de los bancos, resultando esto en que se negó la información relacionada con todas las cuentas de los fideicomisos'' (p. 17). Los interventores son designados por la CNBV, cuyo presidente es designado por la SHCP, cuyo secretario es designado por el Presidente de la República. Por tanto, la ``postura'' de los interventores debe ser interpretada como la postura del Ejecutivo. Postura que se contradice con el argumento del secreto bancario explícitamente adoptada por la Secretaría de Gobernación en su respuesta a la Cámara de Diputados. Los culpables, al igual que los mentirosos, se contradicen.