¿Qué tienen en común los informes de Michael Mackey y de Asma Jahangir? Que ambos distinguen, en sus respectivos campos profesionales, más colores que el blanco y el negro con el que a veces nos atoramos en el diálogo y en la resolución de los problemas. Nuestra realidad es más compleja y por lo tanto estamos obligados a tomarla más allá de nuestros deseos y aspiraciones.
En opinión de Jahangir, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, México no es el edén que las autoridades de Relaciones Exteriores aseguran en el sentido de que no hay impunidad ni se cometen ejecuciones. Sin embargo, tampoco es cierto, como subrayan algunos personajes, que en nuestro país el gobierno federal lleva a cabo o solapa un genocidio o realiza ejecuciones sumarias sistemáticamente.
La sola presencia de la relatora demuestra la preocupación que existe en organismos internacionales y en buena parte de la llamada opinión pública internacional acerca de las condiciones de los derechos humanos en nuestra nación, en especial en algunos lugares como Guerrero y Chiapas. Esta preocupación tiene fundamento. El problema de las ejecuciones, sean éstas cometidas por narcotraficantes o producto de disputas políticas, es muy grave. En Baja California, según algunos datos, se ha duplicado el número de asesinados por arma de fuego en este año con relación a 1998. En este estado fronterizo muere una persona al día por esta vía. No sólo es preocupante que esto ocurra en algunas zonas que podemos calificar de críticas, sino la impunidad con la que se cometen las ejecuciones y, lo más alarmante, cierta displicencia de autoridades, medios y ciudadanos al respecto. Algo que no podemos permitir es el afianzamiento de la cultura de la impunidad.
Durante dos semanas, la representante de la ONU se entrevistó con funcionarios gubernamentales, religiosos, miembros de organizaciones ciudadanas, familiares de víctimas, acusados convictos y hasta con Emilio Rabasa, quien sorprendentemente continúa siendo el coordinador para el diálogo (inexistente) en Chiapas. Hizo acopio de una buena cantidad de información y visitó varios estados. Con todas las limitaciones de tiempo y el natural desconocimiento de la realidad mexicana, vale la pena analizar sus opiniones y recomendaciones.
La primera de sus conclusiones que debemos destacar con preocupación es que en México sí hay ejecuciones en masa y casos particulares de ejecuciones. La relatora puso como ejemplos Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y El Charco. En este sentido, declaró que es preocupante la impunidad y la repetición de actos violentos. Habrá algunos que digan que todo esto ya se sabía. Puede ser, pero el hecho de que una representante internacional como Jahangir señale esta situación es relevante. Sienta un precedente insoslayable y servirá de base a las organizaciones y ciudadanos preocupados por los derechos humanos para exigir a los actores políticos, sobre todo al gobierno federal y los gobiernos estatales, un mayor esfuerzo para acabar con la impunidad y la violencia.
Por otro lado, llama la atención que todas las personas con quienes se entrevistó le aseguraron que la violencia es resultado de la situación política. De esto se desprendería, entonces, que la impunidad, a la que ella definió como selectiva, depende de la posición que tenga el ofensor y prevalecerá, a menos que cambie el sistema legal y político a favor de los inocentes y desposeídos. A pregunta expresa, contestó que no cree que un cambio importante, inclusive a nivel de Presidente, termine automáticamente con la tendencia arriba señalada. Es de imaginarse que afirmaciones como ésta no le granjearon la simpatía de aquéllos que han prometido que basta con cambiar de partido en el poder para que la democracia y la justicia se instalen en nuestro país. Lo señalado por la relatora es el tipo de preocupaciones que debíamos estar discutiendo con más ahínco. Por el lado del gobierno federal, con las primeras declaraciones de la enviada de la ONU le cayó un balde de agua fría. Relaciones Exteriores se apresuró a precisar que su supuesta invitada se había extralimitado en sus funciones y que, por lo tanto, no tenía que acatar sus recomendaciones en el sentido de invitar observadores internacionales a las elecciones del año 2000.
Más allá de la validez de las recomendaciones, lo cierto es que la amenaza de la violencia sobre la vida nacional es un hecho que no debemos menospreciar sin importar quien lo afirme. Si la violencia tiene causas políticas, demos soluciones políticas a un problema que se puede instalar entre nosotros como un ladrón en la noche.