n Presentó conclusiones acerca del informe oficial

Preocupación del CDH-ONU sobre violaciones de derechos en México

Triunfo Elizalde n El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó ayer sus conclusiones sobre el cuarto informe periódico de México, en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las que se abordan con ''suma preocupación'' todos, absolutamente todos los tipos de violaciones a derechos fundamentales de los mexicanos por instancias gubernamentales.

En el apartado B de su reporte, el organismo de las Naciones Unidas habla de los aspectos positivos del informe oficial mexicano, y reconoce las mejoras en materia del propio informe, de la autonomía dada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del establecimiento de varios programas para mejorar la situación de la mujer, de los niños y de la familia, el programa sobre presuntos desaparecidos y la liberación de indígenas detenidos, así como de la promulgación de la Ley de Defensoría Pública Federal y de la ley para prevenir y sancionar la tortura, y ve ''con beneplácito las reformas electorales''.

Sin embargo, en el apartado C, relativo a motivos de preocupación y recomendaciones del comité, éste manifiesta, entre otros aspectos, los siguientes:

''El comité considera motivo de suma preocupación que no todas las formas de tortura estén necesariamente cubiertas por la ley en todos los estados mexicanos, y que no haya un órgano independiente para investigar el importante número de quejas sobre actos de tortura y de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. También es motivo de preocupación que los actos de tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo no hayan sido investigadas, que los responsables de estos actos no hayan sido enjuiciados, y que las víctimas o sus familias no hayan sido indemnizadas'', por lo que recomienda que ''el Estado debe tomar las medidas necesarias para que se cumplan cabalmente los artículos 6 y 7 del Pacto''.

''El comité está preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad, específicamente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales''. Hace notar que ''el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles''. Se manifiesta ''profundamente preocupado'' por la inexistencia de procedimientos institucionales para investigar las denuncias de las violaciones de derechos humanos ''presuntamente cometidas por militares y por las fuerzas de seguridad y que, como consecuencia de ello, estas denuncias no sean investigadas'', así, recomienda que "el Estado Parte (del Pacto) debe establecer procedimientos para que se realicen investigaciones independientes de las denuncias de derechos humanos imputadas a los militares y a las fuerzas de seguridad, y para que se procese a los acusados de tales violaciones''.

Agrega el informe ''que pese a no haberse proclamado el estado de emergencia en zonas de conflicto, la población ha sido sometida a las mismas derogaciones de sus derechos, como por ejemplo, los puntos de control (retenes) que impiden la libertad de circulación'', por lo que señala: ''toda derogación a los derechos garantizados por el Pacto, cuando fuere necesario, debe ajustarse a las condiciones previstas en el artículo cuarto del documento''. Manifiesta su preocupación por los obstáculos a la libre circulación de extranjeros, principalmente de los miembros de las organizaciones no gubernamentales que investigan violaciones de derechos humanos en territorio mexicano y, en particular, de que se hayan revocado permisos de residencia y se hayan negado visados por los mismos motivos. En este sentido, señala que el Estado ''debe levantar las restricciones que limitan el acceso y las actividades de los individuos que entran a México para investigar las violaciones de derechos humanos''.

Al deplorar ''los graves atentados a la libertad de expresión, que constituyen los frecuentes asesinatos de periodistas, así como los actos de intimidación que dificultan e impiden que los representantes de la prensa puedan ejercer libremente su profesión en México'', también deplora ''la existencia del delito de 'difamación al Estado". Sobre este aspecto indica que el Estado "debe garantizar a los periodistas la libertad de expresión establecida en el artículo 19 y otras normas concordantes del Pacto, con el fin de que aquéllos puedan desarrollar sus actividades sin ningún impedimento. Asimismo, debe derogarse la figura penal de la difamación al Estado".

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifiesta también su preocupación por las informaciones de que las mujeres mexicanas que buscan empleo en empresas extranjeras en las fronteras de México (maquiladoras) "sean sometidas a pruebas de embarazo, y deben responder a preguntas personales indiscretas, y de que hayan suministrado a algunas empleadas drogas anticonceptivas", acciones -señala- que no han sido investigadas, por lo que recomienda "tomar medidas para investigar todas estas denuncias con el fin de asegurar que las mujeres, cuyos derechos a la igualdad y al respeto a la vida privada han sido violados de esta manera, tengan acceso a recursos para prevenir que tales violaciones se repitan", concluye.