Andrea Becerril n Pese a la intención del gobierno de sacar en este periodo ordinario de sesiones la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas y la reforma para privatizar el sector eléctrico, ni el PAN ni el PRD lo avalarán.
n Surgió de una propuesta de analistas de EU
Empresarios priístas crean una fundación para "aislar" al EZLN
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de agosto n Empresarios priístas crearon una fundación que pretende reunir 200 millones de pesos para programas destinados a las comunidades de la zona de conflicto, según acordaron en una reunión privada efectuada en la Casa de Gobierno.
La llamada Fundación Social para Chiapas AC se integró a partir de la propuesta de los analistas estadunidenses John Arquilla y David Renfeldt, y tendrá el objetivo de aislar, desestructurar e inmovilizar al EZLN y sus organizaciones y frentes de apoyo. La estrategia de contrainsurgencia contenida en el documento The Zapatista Social Netwar, plantea la creación de organizaciones no gubernamentales financiadas por el gobierno para contraponer a las independientes.
En este caso, en el documento de presentación de la Fundación Social para Chiapas AC -presidida por el empresario gasolinero de filiación priísta, Constancio Narváez Rincón-, menciona que "el gobierno del estado de Chiapas, miembros de la iniciativa privada y del país en general (...) luchan por combatir (la marginación y la pobreza) y elevar los niveles de bienestar de la población".
El proyecto de la supuesta organización independiente -presentado en la misma Casa de Gobierno- avala el programa oficial de remunicipalización y la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, también propuesta por el gobierno de Chiapas, y los considera "como una respuesta a la demanda de la población de las zonas mencionadas".
La fundación, que pretende juntar 200 millones de pesos, anunció que dirigirá estos recursos a los siete nuevos municipios creados en la zona de influencia zapatista: Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Aldama, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Maravilla Tenejapa y Montecristo de Guerrero.
El empresario gasolinero Narváez invitó a "toda la sociedad nacional e internacional" a unirse a la fundación y participar en los programas de educación, salud y nutrición para las 134 comunidades que comprenden estos siete municipios.
n Exige a Zedillo salida política al conflicto
Insiste la alianza opositora en la destitución de Albores Guillén
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de agosto n Las siete fuerzas políticas que conforman la Alianza Estatal de Oposición demandaron nuevamente la destitución del gobernador Roberto Albores Guillén y que el Presidente de la República defina en su quinto Informe de Gobierno su estrategia política en torno al conflicto en Chiapas.
Los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, de Centro Democrático, Convergencia y el Movimiento de la Esperanza "exigen al Ejecutivo federal una propuesta clara y contundente en su mensaje a los mexicanos, la cual necesariamente deberá ser política y jamás militar".
En un documento conjunto señalaron que "la mayoría de los chiapanecos no aceptaremos más incertidumbre y nos opondremos a todo intento de continuar violentando al estado. Los partidos saben que los acuerdos de San Andrés no se han acatado y exigen que se les dé cabal cumplimiento". Añadieron que sería una grave irresponsabilidad que el Presidente omitiera en su quinto Informe los planteamientos de solución democratizadores, pacíficos e incluyentes.
"De cara al mensaje presidencial ratificamos nuestra exigencia de renuncia del gobernador Roberto Albores Guillén, primer violentador del estado de derecho y la paz en Chiapas", señalaron.
Incluso, en una conferencia de prensa conjunta, los representantes de los grupos y partidos de la alianza rechazaron rotundamente la propuesta del mandatario estatal para crear una comisión de concordia chiapaneca, alterna a la compuesta por diputados federales y senadores.
Los líderes políticos subrayaron que este planteamiento -que hoy se discutía en el seno de una reunión con los legisladores locales priístas- sería un intento más por reducir al ámbito estatal el conflicto armado, y consecuentemente aislar más al grupo insurgente y sus bases de apoyo.
Ante esto, los partidos de oposición enviaron una carta al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, donde solicitan una audiencia para tratar lo relacionado al conflicto armado en Chiapas.
n Hay fracturas en Paz y Justicia, retenes priístas y ejecución de desertores
Riesgos en Tila por pugnas entre paramilitares: PRD
Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 31 de agosto n La división del grupo paramilitar Paz y Justicia, los nuevos retenes de los priístas en los principales caminos de Tila y la ejecución de desertores de los paramilitares ponen en riesgo la estabilidad de la zona norte del estado, aseguró el legislador federal perredista Manuel Pérez García.
El diputado indígena dijo que existe el peligro de que la violencia se desate en el norte del estado, pues afirmó que el grupo paramilitar Paz y Justicia se dividió, y varios de sus militantes desertaron de sus filas y temen por sus vidas.
"La utilización de grupos paramilitares por parte del gobierno (federal y estatal) y las fuerzas armadas no dieron el resultado esperado, ya que actualmente el grupo Paz y Justicia se encuentra en conflicto interno y se divide", insistió el diputado federal. La división, agregó el legislador chiapaneco, se debió al manejo fraudulento de los recursos que les entregó el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro.
Ahora existen, según Pérez, dos corrientes dentro del grupo paramilitar Paz y Justicia: la política y la militar; esta última comandada por los dirigentes Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres López.
Señaló que Paz y Justicia continúa operando con toda impunidad y cuenta con la protección del Ejército. Informó que por cualquier pretexto han bloqueado caminos importantes que comunican a comunidades como El Crucero, Campanario, Miguel Alemán y Emiliano Zapata, impidiendo el libre tránsito y toda actividad en el municipio de Tila, en la zona norte.
En la instalación de los retenes, añadió, sus integrantes portan armas de alto poder y, sin embargo, "no se les aplica" la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Informó que Sebastián Gómez Ramírez, quien desertó del grupo paramilitar, fue asesinado, hace una semana, con arma de fuego y recibió el tiro de gracia; este asesinato, subrayó, es una "muestra más de la impunidad que existe en la región".
El legislador perredista aseguró que Paz y Justicia ha sufrido debilitamiento por las constantes deserciones -la mayoría por el manejo del dinero entregado por el gobierno del estado- de sus militantes y dirigentes, como es el caso de José García López, originario de Jolnichtie Primera Sección, y de Pedro Gutiérrez Mayo, de la comunidad Cruz Palenque, quienes se retiraron del grupo paramilitar y hoy temen por sus vidas y la de sus familias.
n Ofelia Medina leyó un documento dirigido al presidente Zedillo
Protesta ante Sedena por acciones contra zapatistas
n Pacifistas piden a los soldados obedecer a su corazón y no atacar a los indígenas
Triunfo Elizalde n Un grupo de entre 50 y 60 pacifistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, universitarios e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezados por Ofelia Medina, protestaron ayer, frente a la Secretaría de la Defensa Nacional, contra las acciones que el Ejército Mexicano emprende en Chiapas.
Afuera de la puerta norte 5 de la dependencia, bajo la lluvia y con claveles blancos y rojos -algunos llegaron al patio de la Sedena, otros sólo a las rejas de la entrada- pidieron a los soldados "obedecer su corazón y no las órdenes" en perjuicio de los indígenas no sólo chiapanecos, sino de todo el país.
Exigieron el regreso de las fuerzas armadas a los sitios en que se encontraban antes del 9 de febrero de 1995, como muestra de que no se busca la salida bélica en el conflicto existente contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.
Ofelia Medina leyó un documento dirigido al presidente Ernesto Zedillo, a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación; al Congreso de la Unión,, a la Procuraduría General de la República y al gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores Guillén.
En el escrito solicitan al Ejecutivo federal que enfrente sus responsabilidades constitucionales incluyendo el respeto a los convenios internacionales de derechos humanos que son parte de nuestra Carta Magna; "que obligue a respetar la vida de los indígenas de Chiapas y se retorne al estado de derecho y a las vías pacíficas de solución al conflicto".
A la Sedena le piden que respete los derechos humanos, el artículo tercero común de los convenios de Ginebra y los de nuestra Constitución Política en lo relativo a las garantías individuales, así como a los artículos 129, 16 y 13.
Llaman a denunciar crímenes
A los soldados los llaman a "no obedecer órdenes contrarias a su conciencia humana y de mexicanos y a denunciar a quienes los obliguen a cometer crímenes", en tanto que al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, lo exhortan a "retomar personalmente la coordinación gubernamental del diálogo y la reconciliación en Chiapas".
Al Congreso de la Unión, que "haga una profunda reforma constitucional que permita un mayor control civil sobre el Ejército; que derogue la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "porque contravienen el artículo 129 de nuestra legislación suprema y piden cuentas al Secretario de la Defensa Nacional en la próxima revisión del informe presidencial".
Al Senado de la República le solicitan que acepte y ratifique el protocolo II de los convenios de Ginebra sobre conflictos armados no internacionales".
Luego de requerir a la PGR que atraiga e investigue los delitos cometidos por priístas que en Chiapas han coartado la libertad, golpeado y amenazado e incluso tratado de violar sexualmente a miembros de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), así como impedido el libre tránsito, exigen a Albores Guillén que libere a los presos políticos y, sobre todo, que renuncie definitiva e incondicionalmente al cargo de gobernador interino.
Pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia local, Noé Castañón, que dimita de inmediato y al Congreso chiapaneco apruebe la destitución de Roberto Albores Guillén.
n El apoyo es "inoportuno" en tiempos electorales, dice
Descarta AN respaldar al PRI en
proyectos indígena y de electricidad
n Plantea Jiménez Remus abordarlos hasta el próximo sexenio
Andrea Becerril n Pese a la intención del gobierno de sacar en este periodo ordinario de sesiones la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas y la reforma para privatizar el sector eléctrico, ni el PAN ni el PRD lo avalarán.
El coordinador de la fracción panista en la Cámara de Senadores, Gabriel Jiménez Remus, advirtió que sólo aceptarían reiniciar el análisis de la reforma constitucional en materia indígena, si el PRD participa en la discusión. "Solos con el PRI no vamos a ir", ya que ello únicamente vendría a agravar más el problema chiapaneco, advirtió.
Sobre el proyecto para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, a fin de abrir el sector eléctrico al capital privado, Jiménez Remus advirtió que es inoportuno, a fin de legislatura y de sexenio, discutir un asunto que ha causado desaprobación entre diversos sectores y que tendría un costo político para la oposición muy difícil de superar en los momentos electorales actuales.
Entrevistado también después de que se clausuró el periodo extraordinario de sesiones en esa Cámara, el coordinador de los senadores del PRD, Ernesto Navarro, advirtió a su vez que su partido no se moverá de la postura inicial de rechazo a la privatización del sector eléctrico y de no aprobar una reforma indígena que no se base en los acuerdos de San Andrés.
Por separado, Jiménez Remus dijo que formalmente no se le ha notificado, pero se sabe que el gobierno federal tiene interés en agilizar esa iniciativa sobre derechos y cultura indígenas, que se encuentra en el Senado, para que se apruebe en este periodo de sesiones que formalmente se inicia este miércoles.
Consideró que la nueva realidad de Chiapas y el peligro de enfrentamientos entre el Ejército y el EZLN están presionando al gobierno para buscar una salida negociada. "Nosotros consideramos, como lo dejamos claro desde que presentamos nuestra iniciativa, antes incluso que la del presidente Zedillo, que es indispensable la participación del PRD en las negociaciones".
En definitiva, insistió, el PAN no aceptará ir solo con el PRI, tiene además que buscar la opinión de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y de otros organismos que están contribuyendo a la solución del conflicto y tienen conocimiento de lo que ocurre en Chiapas.
"Por ello, la presencia del PRD en las negociaciones ampliarían el espacio de discusión y podríamos hacer una ley para los indígenas mucho más cercana a la realidad chiapaneca", subrayó.
En lo que se refiere a la iniciativa para privatizar el servicio eléctrico, dijo que no ve absolutamente ninguna posibilidad de que se pudiera sacar adelante en la actual legislatura. Aunque el tema tiene la simpatía del PAN, "políticamente tiene en este momento un costo muy difícil de superar por las fracciones parlamentarias de oposición, en un ambiente de campaña electoral por la Presidencia de la República".
El momento oportuno para discutir ese proyecto, agregó, sería en el próximo sexenio y la próxima legislatura.
Por otra parte, al hacer un balance del periodo extraordinario ayer clausurado, el panista dijo que fue muy desgastante, por la dificultad para lograr los consensos con el PRI, y añadió que no ve con optimismo el panorama para lo que resta de la actual legislatura.
"Si tomamos como punto de referencia este desgaste político de los grupos parlamentarios en el Senado, no puedo más que estar pesimista en cuanto a los trabajos del periodo ordinario que se inician este miércoles", remarcó.
No se conocen formalmente las pretensiones del Ejecutivo --excepto en lo que se refiere a la ley indígena-- , no hay una agenda concertada previamente "y tampoco veo posibilidades de una flexibilización del PRI para atender los proyectos del PAN congelados por la mayoría priísta".
Consideró incluso que el reto de todos los partidos políticos, incluyendo al PAN, es el de superar sus intereses propios y legítimos en una campaña presidencial, a fin de legislar bien.
Por separado, al clausurar el periodo extraordinario de sesiones del segundo receso, del segundo año de ejercicio constitucional de la LVII Legislatura, el presidente de la mesa directiva, Ignacio Vázquez Torres, dijo que ante los problemas inherentes a la convivencia, que amenazaron con dividirlos y enfrentarlos, los senadores de todas las fracciones renovaron la voluntad de que, con base en la pluralidad, se logren acuerdos más sólidos.