LA AMENAZA DE LOS MICROBUSES
Los datos aportados ayer por el director operativo de la Cruz Roja Mexicana, Rafael Gudiño Quiroz, sobre el número de personas que han fallecido o sufrido lesiones en accidentes provocados por conductores de microbuses confirman que esa clase de transporte es uno de los principales factores de riesgo e inseguridad para los habitantes de la ciudad de México y la zona conurbada.
Según el funcionario, en lo que va del año suman 15 los muertos y 15 mil 600 los heridos por la irresponsabilidad, la impericia o la falta de preparación de los operadores de microbuses. Estos datos se suman a los ataques delictivos --robos, violaciones, homicidios-- perpetrados, con o sin la complicidad de los choferes a bordo de las unidades, a los abusos contra los usuarios, al deplorable estado en que circulan, así como a los problemas de tránsito y la contaminación que generan.
Cabe recordar que, en pasadas administraciones urbanas, contra toda lógica y con total irresponsabilidad, se impulsó el crecimiento descontrolado de la flota de esta clase de vehículos. Ya fuera por intereses de clientelismo político o por simple corrupción, las sucesivas regencias capitalinas --y las autoridades de los municipios conurbados-- privilegiaron el crecimiento de la planta de microbuses por encima otras formas de transporte público y otorgaron permisos en forma indiscriminada. El impulso definitivo a esta tendencia fue la decisión del último regente, Oscar Espinosa Villarreal, de acabar con la empresa pública de autobuses de transporte Ruta 100, medida que adicionalmente generó un grave conflicto sindical y político y en cuyo contexto ocurrieron dos homicidios que nunca fueron cabalmente esclarecidos por las autoridades.
El descontrol en el que trabajan actualmente los microbuses, y que los convierte en uno de los factores principales de inseguridad, contaminación y deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la urbe representa un desafío central para las actuales autoridades de la capital y de las zonas conurbadas. Si no es económicamente posible establecer sistemas alternativos y más eficientes, resulta indispensable --por lo menos-- ejercer una estricta vigilancia sobre concesionarios y choferes para impedir que su operación irresponsable y caótica siga cobrando vidas y atentando contra la salud y la seguridad de la población, especialmente contra la que carece de medios económicos para utilizar otros medios de transporte.