n Diligencia en medio de confrontaciones entre el MP y abogados defensores
Ratifica cocinero declaración en el caso Stanley
n Impugnan representantes de los acusados la actuación del subprocurador Víctor Carrancá
n Rechaza la Procuraduría de Justicia capitalina las amenazas del abogado de los Amezcua
Luis Gerardo Valencia López, principal testigo de la Procuraduría General de Justicia capitalina contra los seis acusados por el homicidio de Francisco Stanley, ratificó anoche su declaración, en la que imputa a Luis Ignacio Amezcua el haber acordado el 22 de abril pasado, junto con Paola Durante Ochoa y Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, el asesinato del conductor de televisión, con la complicidad de Mario Rodríguez Bezares, por una deuda cuyo monto aún se desconoce.
La diligencia inició minutos antes de las 20:00 horas del martes en la Penitenciaría del Distrito Federal (Santa Martha Acatitla), y se prolongó hasta la madrugada de hoy en un ambiente de confrontación entre la defensa de los acusados y el Ministerio Público desde que inició el proceso en el juzgado 55 del Reclusorio Oriente.
Alrededor de las 23:30 horas, Susana Manterola, vocera de la PGJDF, ofreció una improvisada conferencia de prensa en la entrada principal del penal, a donde se trasladó el juzgado para la diligencia con Valencia López, en la que informó que de acuerdo a la ampliación de la declaración del testigo fue a través de una llamada de emergencia, al 061, como hizo del conocimiento de los hechos a la PGJDF.
Anteriormente, la dependencia había informado que ubicó el ex cocinero de Amezcua Contreras al ir agotando las líneas de investigación.
Manterola dijo desconocer, sin embargo, la fecha en que la Policía Judicial recibió la denuncia del testigo, quien a pregunta expresa de los abogados en el trámite legal dijo que no la presentó antes del homicidio, "por miedo a los Amezcua".
Fueron casi siete horas de discusión entre los abogados de los seis implicados con el Ministerio Público en la diligencia a la que habían sido citados varios testigos por la defensa y que finalmente acabó con el único objetivo por parte de ésta de tomar la ampliación de la declaración a Luis Gabriel Valencia.
El subprocurador C de Procedimientos Penales de la PGJDF, Víctor Carrancá Bourguet, quien se presentó a la diligencia del sábado como auxiliar del MP, este martes fue la cabeza de la representación social, hecho que fue impugnado en un principio por los defensores.
La diligencia debió empezar a las 10:00 en el juzgado 55 penal, con sede en el Reclusorio Oriente, pero hasta las 11:00 se solicitó la presencia de los testigos: sólo estaban presentes cuatro: Francisco Stanley Pedroza, Jorge Francisco Gil González y los hermanos Ignacio y Enrique Gabriel Tamayo Martínez, quienes, a decir de la procuraduría testificaron contra Rodríguez, los otros no se presentaron.
Detrás de la rejilla de prácticas estaban Luis Ignacio Amezcua Contreras --quien fue trasladado del Reclusorio Sur para la diligencia--, Mario Rodríguez Bezares, Erasmo Pérez Garnica, Paola Durante Ochoa, Luis Rosendo Martínez Delgado y Jorge García Escandón, que se limitaban a escuchar el debate de los litigantes con el MP y el juez Rafael Guerra Alvarez.
A las 12:35 llegó al juzgado un oficio del director del penal de Santa Martha Acatitla, Ernesto Escalante, para informar que no tenía personal para trasladar a Valencia López al Reclusorio Oriente. Una hora después, los abogados desistieron de la comparecencia de los testigos presentes y exigieron al juez hiciera uso de su investidura para hacer presentar al cocinero del presunto narcotraficante.
Everardo Rojas, abogado de Amezcua, y Marco Castillejos, abogado de Rodríguez Bezares, manifestaron su inconformidad por la actuación del juez y acusaron al subprocurador Carrancá de incurrir en prácticas dilatorias para el desarrollo del procedimiento legal.
Alrededor de las 14:30 se acordó que el juez solicitara al director del reclusorio el traslado del testigo. A las 16:00 se reanudó la diligencia, donde el juez reiteró que no sería trasladado Valencia López, por lo que se inició entre las partes una nueva discusión. Hasta las 17:30 se determinó el traslado al penal de Santa Martha, y una hora después arribaron a dicho centro de reclusión abogados, juez y Ministerio Público.
Por la tarde, en relación con las declaraciones que hizo el lunes el abogado Everardo Rojas, la PGJDF manifestó que "ninguna amenaza entorpecerá el desempeño" de la dependencia, por más fuertes y poderosos que sean los intereses que se antepongan para perseguir a los delincuentes. (Angel Bolaños)