EL PAIS REAL Y EL IMAGINARIO
En el mensaje leído ayer por el presidente Ernesto Zedillo con motivo de la entrega, al Congreso de la Unión, de su quinto Informe de Gobierno, se describe un panorama nacional poco vinculado con el país real que está a punto de ingresar al tercer milenio con una carga desoladora de conflictos políticos, desigualdades, rezago social, incertidumbres económicas y frustraciones por promesas incumplidas.
El documento presidencial hace referencia a una nación con altos niveles de escolaridad, un sistema educativo con cobertura casi universal y un incremento de la calidad en todos los niveles de la enseñanza, todo ello propiciado desde el gobierno. No hay mención del descontento que recorre el magisterio, del deterioro de la infraestructura escolar ni del conflicto que vive la UNAM --uno de los más graves en la historia de la institución-- y que, independientemente de los extravíos de sus protagonistas, tiene su más importante razón de fondo en el recorte de los subsidios federales --en términos reales-- a la educación superior y en la renuncia del Estado a crear nuevos centros universitarios que absorban la siempre creciente demanda estudiantil.
En la alocución presidencial se hace hincapié en las medidas de corte asistencialista para paliar la pobreza --como los desayunos escolares, las becas para primaria y secundaria a niños de escasos recursos y la distribución de complementos nutritivos en núcleos de población miserable. No se dice, en cambio, cuántos millones de nuevos pobres ha generado la política económica oficial en el último quinquenio ni el grado en que ésta ha agravado la estrechez en que ya desde antes vivían numerosos mexicanos.
Es cierto, como lo afirmó anoche el Presidente, que crece el número de afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social, pero eso no anula el hecho de que la población arrojada al sector informal de la economía --y por ende desprovista de seguridad social-- se incrementa mucho más rápido y que ante ese fenómeno el indicador oficial --la ''tasa de desempleo abierto''-- resulta por demás ilusorio.
La percepción presidencial, en suma, propone un país que empeña el grueso de sus recursos en superar el rezago social. Tal percepción contrasta con la información diaria, según la cual el gobierno ha orientado la mayor parte de los dineros públicos a rescatar a los bancos privados de las consecuencias de su propia ineficiencia, su voracidad y sus conductas ilegales.
En lo referente al agro, el mandatario se congratuló por los programas --especialmente Procampo y Progresa-- de apoyo a ciertos sectores rurales. Pero los datos oficiales indican que la postración del campo sigue arrojando a millones de sus habitantes a la emigración --a Estados Unidos o a la marginalidad urbana nacional--, cuando no al cultivo de estupefacientes.
En cuanto al sostenido deterioro de la seguridad pública que afecta a millones de mexicanos, es cierto que el gobierno actual ha empeñado esfuerzos en contrarrestarlo. Pero el Ejecutivo Federal, al enumerar las causas del fenómeno (leyes insuficientes, instituciones obsoletas, carencia de recursos y de buenos programas) omite dos que resultan fundamentales: la crisis económica y la persistencia de la corrupción y la impunidad en amplios sectores de la administración pública.
El gobierno manifiesta con frecuencia su determinación de combatir y perseguir los llamados delitos de cuello blanco. Ese propósito, sin embargo, resulta poco verosímil si se recuerda la férrea negativa oficial a permitir que la Cámara de Diputados investigara, en el marco de la legalización del Fobaproa, las transferencias de fondos al Partido Revolucionario Institucional por parte de Carlos Cabal Peniche.
Por lo que hace a la reforma política prometida por Zedillo como candidato presidencial y como presidente electo, el partido oficial, por medio de su mayoría senatorial, cerró las vías para lograr una legislación más justa en materia electoral.
Con todo, la más grave e injustificable omisión del mensaje presidencial es la preocupante y agraviante situación de estancamiento a la que el propio Ejecutivo Federal ha llevado el conflicto chiapaneco. Las causas de fondo de la insurrección indígena en el sureste del país permanecen irresueltas, en tanto que las comunidades zapatistas padecen un cerco y un hostigamiento militar permanentes y periódicamente intensificados. La aparente convicción gubernamental de que el problema de Chiapas es cada vez más desdeñable puede tener consecuencias catastróficas para el país en su conjunto.
La negativa de la administración zedillista a reconocer sus saldos negativos opaca los logros y aspectos positivos reales del gobierno, como las acciones de efectiva descentralización política, la expansión de la red carretera, el fortalecimiento de los sistemas de protección civil y el indiscutible respeto gubernamental a la libertad de expresión, una actitud que merece el reconocimiento explícito.
Finalmente, por lo que toca a la sesión del Congreso en la que Zedillo dio su mensaje, resulta deplorable que, no bien el mandatario acababa de formular propósitos de tolerancia y civilidad, los legisladores de su partido emprendieran una vergonzosa agresión verbal contra el presidente en turno de la Comisión de Concertación y Régimen Interno de la Cámara de Diputados, el panista Carlos Medina Plascencia, a quien correspondía contestar el mensaje. Al margen de lo afortunada o desafortunada que hubiera sido la réplica de Medina, el espectáculo de los priístas vociferantes constituye un retrato de la intolerancia y la incivilidad que aún campean, por desgracia, en nuestra vida política.