La sesión del Consejo Universitario del 31 de agosto, conforme al artículo 28 de su reglamento interno, podría haberse constituido en sesión permanente, siempre y cuando la mayoría de los miembros presentes así lo hubiera acordado; sin embargo, se usó el espíritu del artículo 26 del Estatuto General de la UNAM para justificar que dicha sesión pudiera prolongarse hasta cinco días (no necesariamente seguidos) para desahogar el punto principal por el cual fue convocada: ``análisis de la situación del actual conflicto en la UNAM y planteamientos para su solución presentados por consejeros universitarios''.

Este detalle técnico es revelador; si se hubiera invocado el artículo 28 del reglamento interno del Consejo Universitario (CU), se hubiera corrido el riesgo de que la mayoría de consejeros votara en contra, y entonces la sesión del CU, en una sola jornada, habría llegado, una vez más por fast track, a ``soluciones'' unilaterales que no sólo no resolverían el conflicto mediante el diálogo y la razón, sino que darían pie a soluciones de fuerza, que es lo que está en el inconsciente colectivo de las fuerzas más conservadoras de la universidad y del país.

En la sesión del 31 de agosto, en la que se inscribieron 52 oradores, brilló por su ausencia la palabra de los directores, que también son consejeros; sin embargo, los aplausos de muchos de ellos manifestaron simpatía por las intervenciones poco flexibles y de quienes sugirieron la aplicación de la ley contra los huelguistas (aplicación que en el actual contexto universitario significa represión). Están en su derecho, pues no es condición para ser consejero ser progresista, ni mucho menos condición para ser director (sino todo lo contrario). La UNAM es y debe ser plural y, por lo mismo, no es responsable de la ideología de sus miembros. Empero, el riesgo que se percibe es que al final de la sesión (en unos días más), después de que los consejeros independientes digan todo lo que quieran, como en una catarsis, por mayoría de votos se aprueben medidas de solución que ``salven'' al rector y su proyecto aunque perjudiquen seriamente a la UNAM.

La ``solución'' ya se las dio el Presidente de la República, cuando un grupo de directores, profesores de derecha y el mismo rector fueron a pedirle auxilio y orientación el martes por la mañana, en una clara y obvia reafirmación de la autonomía universitaria (permítaseme la ironía). Zedillo les dijo que la aplicación de la ley en este problema ``es necesaria, pero no suficiente''. También debe existir --según la versión difundida, la expresión democrática, sistemática, cuantificable, debidamente acreditada, de la mayoría universitaria a favor del retorno a clases. Sin esta expresión, ninguna aplicación de la ley bastará para restablecer la vida normal de la universidad, habría dicho el Presidente (La Jornada, 1/09/99; las cursivas son mías). Es decir, una encuesta o un plebiscito, como fórmula ``democrática'', y luego, según el resultado, presumiblemente por la vuelta a clases, el uso de la ley en contra de los huelguistas. ¿Más claro?

La hipótesis que brota de inmediato es que la sesión del CU será exactamente lo que se dijo en el orden del día: análisis de la situación del conflicto y planteamientos para su solución presentados por consejeros universitarios. Es decir, no el análisis de los planteamientos para su solución presentados por consejeros universitarios, ni mucho menos la búsqueda de una solución. En otros términos, se dejará que los consejeros independientes digan todo lo que quieran y en un momento dado el rector preguntará si se considera suficientemente discutido. La mayoría del rector (la misma que el 15 de marzo aprobó por ``convicción'' el aumento de cuotas, y el 7 de junio, también por ``convicción'', que éstas fueran voluntarias) votará que el punto ya está suficientemente discutido y propondrá que se ausculte a la comunidad universitaria si quiere o no regresar a clases y la ``devolución'' de las instalaciones y que, con este ejercicio ``democrático'', se resuelva si se aplica o no la ley en contra de los huelguistas.

Puede ser que me equivoque en la hipótesis señalada, pero todo apunta a pensar que Rectoría y sus aliados no quieren ceder, mientras que en el CGH hay indicios de que la intransigencia será desplazada por la razón, la negociación y la democracia. La única vía de solución (como punto de partida concreto y viable), si las cosas son como han sido descritas, es la que han propuesto los profesores eméritos. Esta sería una solución entre universitarios y no la que quieren los que recurrieron al gobierno federal para que les saque las castañas del fuego.