n Promete resolver los problemas sin recurrir a medidas autoritarias

Aún lejano, un verdadero estado

de derecho, reconoce el Presidente

n Párrafos enteros a la democracia y la tolerancia; Chiapas, el rescate bancario y la UNAM, excluidos

Rosa Elvira Vargas y Ciro Pérez Silva n En su recurrente práctica de cada primero de septiembre de referirse por su nombre sólo a instituciones y programas oficiales, mas no así a los conflictos nacionales ni a sus actores, el presidente Ernesto Zedillo aseguró ayer en su mensaje a la nación que el gobierno solucionará los problemas actuales con la legalidad, nunca con el autoritarismo; con la tolerancia y no con el enfrentamiento violento, y con responsabilidad social, nunca con insensibilidad o indiferencia.

Y es que, apuntó, en la democracia un castigo fuera de la ley no corrige un acto fuera de la norma. ''La arbitrariedad no puede suplir la justicia''. Asimismo, refutó a quienes para reparar fallas o insuficiencias han demandado a la autoridad actos autoritarios. ''En la democracia esto es inaceptable'', sostuvo.

Pocos minutos después de las 19 horas, el mandatario entregó al Congreso de la Unión el informe sobre el estado general de la administración pública y en seguida hizo ''consideraciones'' generales sobre el país. Admitió que ''falta mucho por hacer hasta lograr la vigencia plena del estado de derecho, necesaria para el desarrollo de México y la convivencia armónica de los ciudadanos''.

Ofreció que en el 2000 ''no habrá manejo electoral de las finanzas públicas'' (aseguró que nunca lo ha habido) y resaltó que la voluntad popular será la única que decida el resultado de las elecciones del próximo año.

Ratificó estar convencido de la política económica aplicada en su gobierno, omitió toda referencia al sistema bancario mexicano, al caso Fobaproa y su conversión en Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y reiteró que su sucesor ''no tendrá que dedicar su inicio a remediar una crisis económica, como ha ocurrido ya con cuatro presidencias consecutivas''.

De este modo, en su quinta comparecencia ante el Congreso de la Unión, el Ejecutivo sorteó varias interpelaciones y estuvo de frente a carteles y mantas que le espetaban falta de veracidad en sus dichos. No respondió una sola de las acusaciones --provenientes casi todas de la bancada del PRD--, aunque casi al final de su texto dijo que el suyo es un gobierno que ''escucha, respeta y considera la crítica''.

Aseguró que procura conocer y atender la opinión de los ciudadanos, pero ''las decisiones de un gobierno que sirve al interés general no pueden coincidir exactamente con el parecer o la opinión de cada uno''. En seguida hizo un largo elogio a la tolerancia, la cual ''por la democracia he practicado y he alentado''.

Afirmó que el mexicano es un pueblo tolerante que demanda del gobierno esa cualidad ''con el solo límite de la ley y sin rehuir nuestro deber''.

A la democracia Ernesto Zedillo también le dedicó varios párrafos. Por ella, dijo, se ha respetado y alentado la división de poderes, pues los ciudadanos no quieren un poder absoluto y autoritario, y tampoco quieren que uno de los tres poderes de la Unión avasalle a los otros dos. Quieren que haya equilibrio, contrapesos y controles que eviten excesos y arbitrariedades.

Luego, en uno de los apartados que concitarían el rechazo opositor, aseguró que el Ejecutivo ha respetado al Congreso de la Unión y procurado que cada iniciativa legal enviada logre el mayor consenso posible. Enumeró las propuestas legislativas enviadas, de las que, dijo, en la actual Legislatura 85 por ciento han sido modificadas, 70 por ciento fueron aprobadas por unanimidad y el 30 por ciento restante por al menos dos grupos parlamentarios.

''Hoy quiero hacer un amplio y sincero reconocimiento al honorable Congreso de la Unión''. Por encima de cualquier ''incidente propio de la contienda legislativa'', lo que cuenta es que el Congreso ha resuelto asuntos de gran complejidad para el presente y el futuro de México.

Advirtió que, por sí sola, la democracia no asegura que haya buenos gobiernos, pero que éstos serán más probables y frecuentes en una democracia plena. Lo primero que ésta implica, explicó, es que todos, empezando por el gobierno, se apeguen a la ley.

Defendió a este gobierno al subrayar que ''la ciudadanía'' sabe que el gobierno ha procedido incluso contra quienes por su poder económico o su trayectoria política ''en otras épocas habrían sido considerados intocables''. Admitió, sin embargo, que en ocasiones personas de quienes ''el sentido común'' dicta que han cometido faltas graves quedan sin recibir un castigo justo.

''Esto indigna a todos, como también me indigna a mí'', dijo Zedillo y añadió que se trata de casos lamentables que a veces se deben a fallas en las instituciones de justicia o a insuficiencias o vacíos en las leyes, ''que sólo muy recientemente se han subsanado''. En este punto, expresó su rechazo a quienes piden a la autoridad actos arbitrarios, pues en la democracia ''incluso las leyes imperfectas o insuficientes deben ser obedecidas por todos, empezando por el Estado mismo''.

En la democracia, añadió, la observancia de la ley empieza con que el gobierno respete las garantías de cada individuo; por eso, ''hoy en México a nadie se persigue ni se molesta por sus ideas o sus creencias, ni por organizarse políticamente para luchar por ellas; nadie es censurado por lo que dice, escribe o publica. Vivimos un auge de la libertad de expresión, que se ha extendido a todos los medios de comunicación sin cortapisa alguna''.

Zedillo, quien minutos más tarde escucharía fuertes críticas a su gestión en voz del presidente en turno de la Cámara de Diputados, Carlos Medina Plascencia, del PAN, hizo también augurios optimistas sobre las elecciones del año 2000. Afirmó que todos pueden estar seguros de que surgirá un gobierno con legitimidad democrática. Apuntó que el gobierno cumplirá estrictamente la ley y respetará escrupulosamente a los partidos y ciudadanos; asimismo, cuidará que prevalezca un clima de libertad, seguridad y tolerancia.

Confió también en que partidos y candidatos obedezcan la ley y procuren una contienda responsable, respetuosa y constructiva. Los ciudadanos ''confiamos en que todos los candidatos expresarán con honestidad, claridad y precisión, el qué, pero también el cómo de su proyecto para el futuro de México''.

Este mensaje, a diferencia de los anteriores, en los cuales se hizo hincapié en los asuntos económicos, se concentró en los aspectos sociales. El Ejecutivo federal admitió una vez más su ''gran pesar'' al reconocer que el Estado no ha cumplido con la demanda de seguridad para los mexicanos. ''Estado'' en su acepción más amplia, acotó en seguida, pues ''en materia de seguridad pública somos claramente corresponsables los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno''.

Aceptó que los ciudadanos tienen razón en quejarse, indignarse y estar molestos con las autoridades por la criminalidad que se vive en México y señaló que aún se padecen las consecuencias de problemas muy graves acumulados por muchos años y contra los cuales se ha luchado ''tenazmente'': leyes insuficientes, instituciones obsoletas y penetradas por la delincuencia y la corrupción, carencia de recursos y de programas adecuados.

Confió en que con las nuevas leyes contra el crimen, el aumento de presupuesto y la creación de corporaciones como la Policía Federal Preventiva, ''muy pronto empezaremos a ganar la batalla a la delincuencia, a revertir la tendencia de criminalidad e inseguridad (...) Lograremos buenos resultados''.

Zedillo inició su mensaje con un largo recuento de las acciones oficiales en materia de educación, de salud, de combate a la pobreza (a través del Progresa), de fortalecimiento del sistema de seguridad social mediante las reformas al Seguro Social, de introducción de servicios públicos, de otorgamiento de créditos para la vivienda de interés social y de descentralización del manejo de recursos presupuestales --vía la Sedeso-- a gobiernos estatales y municipios. Dijo que el país está superando ''la prolongada crisis del campo'' y que prácticamente ha terminado la disputa por la tierra.

Mencionó los proyectos productivos para el sector social (especialmente los dirigidos a mujeres) y los fondos aplicados para hacer frente a desastres naturales como el huracán Paulina, las lluvias del año pasado en Chiapas y el sismo reciente. Elogió el desempeño de las fuerzas armadas, mencionó las carreteras y los caminos construidos y el crecimiento del empleo.

En el terreno económico, y no obstante la vehemencia con que ha defendido, en diversos foros y momentos, su iniciativa para privatizar la industria eléctrica, el mandatario ni siquiera la aludió. Sólo tocó el punto tangencialmente cuando dijo que es un deber de quienes hoy tienen una responsabilidad pública hacer lo necesario para darle mayor fuerza y flexibilidad a la estructura económica. ''Esto implica anticipar la atención de algunos aspectos que en los próximos años significarán condicionantes importantes para el desarrollo nacional''.

Ratificó su convicción de que se logrará alcanzar las grandes metas macroeconómicas, como un crecimiento promedio sexenal de cinco por ciento y reducir el déficit fiscal a uno por ciento del PIB, entre otros, pero también admitió que no bastan los buenos indicadores para que la gente se sienta satisfecha, pues una economía nacional bien manejada es sólo un medio para alcanzar el bienestar. ''Lo justo es que la política económica sirva a la gente, y no que la gente sirva a la política a costa de su economía''.

Esto último, afirmó, es lo que pasa, irremediablemente, cuando ''la irresponsabilidad, la demagogia, el populismo, el afán enfermizo para lograr el aplauso fácil, o incluso el temor de hacer lo que debe hacerse se imponen en el manejo de la economía''.