CAFETICULTORES EN EL DESAMPARO

Dos de los efectos más perniciosos del modelo económico vigente son, sin duda, el abandono y la crisis que padece el campo mexicano. Para incontables ejidatarios y comuneros del país el panorama se ha vuelto, día con día, más desolador y muchos de ellos han optado por emigrar a las grandes ciudades, donde engrosan las filas del desempleo y la economía informal, o a los Estados Unidos, sin importar que, en ello, pongan en riesgo su integridad y hasta su vida.

La intolerable pobreza que se padece en el campo, las carencias en materia de educación, alimentación y salud que sufren millones de campesinos, el deterioro de los ecosistemas, la explotación y los abusos perpetrados por caciques y autoridades corruptas, y la inexistencia de una política agropecuaria efectiva y congruente con las necesidades sociales son sólo algunos de los gravísimos problemas que agobian, desde hace ya muchos años y cada vez con mayor intensidad, a los pobladores rurales.

Los pequeños propietarios también se encuentran en circunstancias difíciles, pues la fuerte y, en ocasiones, desleal competencia de los exportadores agrícolas extranjeros, los bajos precios que se pagan por sus productos, los problemas de cartera vencida y la carencia de apoyos oficiales han deteriorado severamente a este importante sector del campo mexicano. Numerosos productores agrícolas no consiguen siquiera recuperar sus costos de operación con la venta de sus cosechas y han tenido que hipotecar o vender su patrimonio tan sólo para obtener los medios mínimos para la subsistencia de sus familias.

Para ejemplificar esta preocupante situación cabe señalar el caso de los cafeticultores mexicanos. La apertura indiscriminada de las fronteras al café proveniente de otras latitudes, la caída continua de los precios internacionales de ese grano, la insuficiencia y la dilación de los escasos apoyos oficiales, el control de los mercados por un puñado de empresas y el incumplimiento de las promesas gubernamentales en el ámbito de la regulación de las importaciones han sumido en la postración a un sector que alguna vez fuera uno de los más dinámicos y promisorios del agro nacional.

La situación es tan grave que diversas asociaciones de cafeticultores han alertado sobre los riesgos de que se desaten problemas y conflictos sociales en las diversas regiones cafetaleras, como Chiapas, Oaxaca o Veracruz.

Sin embargo, tal parece que el gobierno federal -tanto en el caso del café como en el de otros cultivos básicos- ha renunciado a todo esfuerzo por proteger de manera efectiva al campo mexicano y ha optado por una "política agropecuaria" que privilegia al sector industrial y a los exportadores extranjeros, aunque esto implique la debacle del campesinado y de los pequeños productores rurales y la pérdida de la soberanía en materia alimentaria. Por añadidura, los programas oficiales de asistencia social y de apoyo a las actividades agrícolas que se han puesto en marcha en los últimos años -como el Pronasol, el Procampo, y la Alianza para el Campo, entre otros- han resultado insuficientes y, en numerosos casos, no han sido sino paliativos con fuertes sesgos electoreros.

Los elevados riesgos de estallidos sociales y de crisis de producción de alimentos que enfrenta México deberían suscitar una actitud decidida de las autoridades en favor de dos de los pilares de la economía, la cultura y el porvenir de la nación, como son el campo y quienes lo trabajan. Por ello, hoy es indispensable que el Estado emprenda con decisión y responsabilidad social una nueva estrategia de apoyo al agro y se comprometa decididamente con la defensa de los productores rurales del país y con el restablecimiento de la soberanía en materia alimentaria.