cción legal de la PGJDF, argumentando que se trataba de una irregularidad más, ya que el MP no puede presentar pruebas contra los indiciados dentro del término legal, que en este caso fue de 144 horas.
n Considera el juez que existen elementos suficientes para iniciarles proceso
Formal prisión a Mario Bezares y coacusados
n Homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones, los cargos que enfrentarán
n Anuncia la defensa del comediante que interpondrá una solicitud de amparo
n Luis Amezcua, Paola Durante, Erasmo Pérez, Jorge García y José Luis Martínez, los indiciados
Elia Baltazar n El juez 55 penal, Rafael Guerra, dictó auto de formal prisión en contra de los seis presuntos implicados en el homicidio de Francisco Stanley, al considerar que existen elementos suficientes de prueba para abrir el proceso penal en su contra.
Así, Luis Amezcua, Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez El Cholo, Jorge García Escandón y José Luis Martínez enfrentarán los cargos por los delitos de homicidio calificado en contra del conductor televisivo Francisco Stanley y del vendedor de seguros Juan Manuel de Jesús Núñez, así como tentativa de homicidio en contra de Jorge Gil, y lesiones causadas a Lourdes Hernández y al acomodador de autos de El Charco de las Ranas.
El juez 55 penal informó a los indiciados, tras la rejilla de prácticas, que a partir de la fecha en que se dictó el acto de formal prisión contarán con tres días para recurrir a la apelación, y siete para presentar pruebas de descargo.
La defensa de Mario Rodríguez Bezares adelantó que llevarán a cabo el trámite de amparo ante la justicia federal, "en la que sí confiamos", para demostrar que la determinación en contra de los indiciados fue "totalmente irregular", pues insisten en que no hubo elementos suficientes para acreditar la consignación, y mucho menos ahora su responsabilidad penal.
Marco Castillejos y Guillermo Pasquel, defensores de Bezares, destacaron su rechazo ante la resolución judicial, y aseguraron que el juez estaba obligado a determinar la libertad de los inculpados, pues el proceso ha mostrado irregularidades desde su inicio y, en esta ocasión, dijeron, "no tomó en cuenta el dicho de los testigos presentados por la defensa".
La batalla legal
Un testigo fundamental de la defensa era el custodio Ricardo Martínez Garcés, quien aseguró que ni Paola Durante ni El Cholo visitaron a los Amezcua el 22 de abril, fecha en que se presume se llevó a cabo la reunión en que se acordó el asesinato de Stanley.
Sin embargo, la PGJDF demostró, mediante la fatiga de control de custodios, que lo dicho por el testigo es falso, dado que éste no se encontraba en el lugar a la hora en que aseguró no haber visto a los inculpados.
Así, con base en el artículo 297 del Código de Procedimientos Penales, la PGJDF presentó ayer por la mañana una promoción que demuestra la falsedad del testimonio aportado por Martínez Garcés, así como los privilegios de que gozan los Amezcua en el Reclusorio Preventivo Sur, que constan en un video y 35 fotografías aportadas por el Ministerio Público.
Con base en lo anterior, por el presunto delito de corrupción en contra del personal de dicho penal ya existe la averiguación previa B/HSSP/051/99-08, por la que también se encuentra como sujeto de investigación el propio director del Reclusorio Sur, Edgardo Aguilar, quien ya compareció ante la justicia
De lo anterior se deriva que, dados los privilegios de que gozan los Amezcua, quienes cuentan con cinco espacios especialmente adaptados para ellos en el dormitorio tres del Reclusorio Sur, no existe un control estricto de las visitas que reciben, por lo que no son prueba suficiente de descargo los libros de visita, pues se les permite el ingreso de personas extrañas al penal a cambio de favores, según informaron fuentes cercanas a la investigación.
La defensa de Bezares criticó esta a
cción legal de la PGJDF, argumentando que se trataba de una irregularidad más, ya que el MP no puede presentar pruebas contra los indiciados dentro del término legal, que en este caso fue de 144 horas.
Sin embargo, el párrafo tercero del artículo 297 advierte: "El MP en ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiera el inculpado o su defensa, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa".
Por su parte, en el alegato de la defensa para solicitar la libertad de los inculpados por el desvanecimiento de pruebas, se apunta que la denuncia del principal acusador de Bezares, Paola Duarte y Erasmo Pérez Garnica, quien aseguró haber visto a los dos últimos en el Reclusorio Oriente, no tiene validez tanto por las contradicciones en las que ha incurrido, como por la valoración que de su persona hicieron las propias autoridades.
Así, el cocinero de los Amezcua, Luis Gabriel Valencia López, quien acusa directamente a los indiciados, fue calificado en un reporte de la Policía Judicial, como una persona "fantasiosa", y que tiene un interés personal, pues dijo que declararía a cambio de que se le trasladara a cualquier reclusorio del estado de Puebla, de donde es originario, o se le pagara la fianza de su sentencia, la cual es de cuatro años, por los delitos de robo calificado, portación de arma prohibida y abuso de confianza.
Impugnaciones
Luego de la lectura del auto de formal prisión, se encendieron los ánimos de familiares de los acusados y seguidores de Mario Bezares, quienes comenzaron a lanzar ofensas en contra del subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Carrancá Bourguet, quien se encontraba presente en las diligencias en el juzgado 55 penal, con sede en el Reclusorio Oriente.
Brenda Jiménez, la esposa de Mario Bezares, gritó desde el fondo de la sala: "Es una injusticia y van a pagar cada una de las lágrimas que he llorado. Es un juego sucio, una farsa, pero no nos vamos a dar por vencidos y vamos a luchar con todo".
Frente a las cámaras de televisión, Brenda Jiménez solicitó la intervención del presidente de la República, Ernesto Zedillo, para "detener esta farsa" porque, advirtió, "nadie les cree lo que aquí está pasando".
Por su parte, los familiares de Paola Durante anunciaron que pedirán la intervención de las autoridades de la embajada uruguaya para que se inconforme ante esta decisión del juez 55, que calificaron injusta, pues sólo responde a intereses políticos.
Ante la advertencia del juez de que la sala sería desalojada si continuaban las denostaciones, vino un momento de calma, que se rompió cuando una de las mujeres que ha encabezado a los seguidores de Bezares siguió con los insultos hacia Carrancá Borguet.
Castillejos advirtió que ya de entrada sabía la decisión que el juez del fuero común, Rafael Guerra, tomaría respecto del caso, ante la presión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
No obstante, anunció que contaba con una prueba que se reservaba para el momento procesal indicado, y por la cual incluso podría solicitar al procurador capitalino, Samuel del Villar, la renuncia de varios de sus funcionarios encargados de la investigación.
El último incidente que enfrentó a la PGJDF con la indignación de la familia Bezares ocurrió en el estacionamiento, cuando el subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Carrancá, por equivocación, abordó la camioneta Explorer en la cual se encontraba Brenda Jiménez.
El vehículo es idéntico a aquel que lo trasladó al Reclusorio Oriente y en el que lo esperaba su escolta.
Un irremediable error que hizo estallar la ira de Brenda Jiménez: "Esto es una burla o qué".