En la comunidad universitaria existe hoy un consenso ampliamente mayoritario sobre la urgencia de reanudar las actividades académicas en la UNAM, a fin de restablecer sus labores e iniciar, paralelamente, los debates sobre los grandes problemas docentes y de investigación que la aquejan; sólo de esta manera cumplirá con las tareas que el pueblo y el Estado le confiaron al otorgarle la autonomía. La autonomía, entiéndase bien, es un conjunto de facultades y obligaciones que la universidad tiene que poner en práctica y cumplir así sus altos fines.

¿Cuáles son en lo fundamental esas facultades y obligaciones? Enumerémoslas en apretadas síntesis. Por todos los medios a su alcance la universidad procurará que en las leyes primarias y secundarias quede muy claro que la educación pública que ofrece es gratuita; es decir, no tendrá ningún costo que implique la compra de educación; ésta, la educación, no es mercancía y la universidad nada tiene que ver con los mercados de producción, distribución y consumo del área económica. La comunidad universitaria quiere asegurar un régimen de relaciones con el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, en el área presupuestal, para obtener la sanción de un subsidio que permita llevar adelante las tareas que le fueron transmitidas por el Estado. El gobierno tiene constitucionalmente la obligación de hacerlo, por cuanto que la autonomía universitaria no lo margina del deber de aprobar las partidas de un subsidio suficiente. Al mismo tiempo, la universidad dictará medidas que garanticen la libertad de cátedra, de investigación y difusión cultural; escudar la libertad de cátedra es evitar en sus quehaceres, influencias, presiones o imposiciones ajenas, que puedan desviarla de su busca de la verdad y del bien. La universidad diseñará programas de estudio en cada uno de sus planteles, definirá los métodos de la administración de éstos, y las reglas verdaderamente democráticas que eviten la demagogia --asambleísmo y populismo--, tanto en las decisiones académicas y administrativas que se adopten cuanto en el acto electoral de titulares de los órganos universitarios. La universidad garantizará, a través de sus normas, que en los procedimientos de elección, por honestos e intocables, se reflejen los deseos mayoritarios de la comunidad. La universidad señalará los grados académicos, los títulos que se otorguen y los requisitos de ingreso a cada uno de ésos, de acuerdo con lo que sobre el particular determinen al interior, sus respectivas comunidades. Lo harán de esta manera las preparatorias con respecto de las secundarias; el título que otorguen será el de bachiller; y en igual forma operarán licenciaturas, maestrías y doctorados. Al fijar estas unidades los requisitos de ingreso a sus cátedras, darán cabida a quienes satisfagan las calidades exigidas independientemente del horizonte económico al que pertenezcan; la universidad pondrá a disposición de quienes lo necesiten un régimen de becas totales o parciales, según la situación de los solicitantes.

Esos y otros puntos, que no se plantean por razones de espacio, son los temas que propongo al análisis de estudiantes, catedráticos y trabajadores en las congregaciones que convoque el Consejo. Nadie quedará excluido, porque su carácter inclusivo las sustenta como reflejo del pensamiento de la comunidad universitaria.

Ahora la condición sine qua non. El echar adelante los mecanismos descritos implica la urgencia del regreso de la vida académica a la normalidad. Dos razones apuntalan esta necesidad. La primera es que luego de sus fases primarias, la prolongación de la huelga es hoy un factum de fuerza contrario al pensamiento de la mayoría, o sea al del conjunto universitario según los principios del derecho --factum a maiori parte ab omnibus factum videtur--. La segunda razón supone que la prolongación de la huelga ha puesto en crisis una institución del Estado. En el sentido político la autonomía de la universidad no desvincula a ésta del Estado, pues si esto fuera así estaríamos ante el absurdo de la existencia de un Estado dentro del Estado; en cambio, la universidad sí es autónoma del gobierno, aunque esta autonomía no lo desvincula de los deberes que tiene para sustentarla económicamente. Reflexionar con cuidado sobre estos capítulos críticos de la situación actual y proceder en consecuencia, es el camino que lleva a la UNAM a la solución civilizada de sus problemas, y la aleja de los peligros de la violencia coercitiva.